★ Imprescindible
📌 La parte dogmática comprende el preámbulo, el título preliminar y el título primero, mientras que la parte orgánica abarca los títulos segundo a décimo y regula la organización de los poderes y la reforma constitucional.
Complementos
La Constitución de 1978 tiene 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final, y está precedida de un preámbulo.
Los once títulos constitucionales regulan, respectivamente, principios generales (arts. 1-9), derechos y deberes fundamentales (10-55), Corona (56-65), Cortes Generales (66-96), Gobierno y Administración (97-107), relaciones entre Gobierno y Cortes (108-116), Poder Judicial (117-127), Economía y Hacienda (128-136), organización territorial (137-158), Tribunal Constitucional (159-165) y reforma constitucional (166-169).
★ Imprescindible
El artículo 1.1 de la Constitución define España como un Estado social y democrático de Derecho, y el pluralismo político y social completa sus señas constitucionales.
El Estado de Derecho exige: el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, la sujeción de los poderes públicos a la ley evitando la arbitrariedad, la garantía efectiva de los derechos y libertades, la división de poderes
📌 El pluralismo político permite elegir entre opciones políticas diferenciadas y antagónicas mediante los partidos políticos, instrumento fundamental para la participación ciudadana según el artículo 6; el pluralismo social lo forman grupos que defienden intereses económicos, sociales o profesionales, como los sindicatos del artículo 7.
Complementos
La voluntad popular legitima la ley; la ley limita a los poderes públicos.
★ Imprescindible
📌 En sentido estricto, son derechos fundamentales los reconocidos en los artículos 14 a 29 y, junto a ellos, la objeción de conciencia del artículo 30.2, que gozan de mayor nivel de protección y garantías.
El artículo 14 reconoce la igualdad de los españoles ante la ley y prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Los artículos 15 a 29 reconocen los derechos a la vida y a la integridad física y moral; a la libertad ideológica, religiosa y de culto; a la libertad y seguridad; al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen; a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones; a la libertad de residencia y circulación; a expresar y difundir ideas; de reunión y manifestación; de asociación; de participación en asuntos públicos y acceso a cargos públicos; a la tutela judicial y garantías procesales; al principio de legalidad sancionadora; a no ser sometido a tribunales de honor;
La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario y, en todo caso, en un máximo de 72 horas la persona detenida debe ser puesta en libertad o a disposición judicial; debe recibir información inmediata y comprensible sobre sus derechos y las razones de la detención, no puede ser obligada a declarar y tiene garantizada la asistencia letrada (art. 17).
El domicilio es inviolable y solo puede entrarse o registrarse con consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de delito flagrante (art. 18).
El derecho de reunión pacífica y sin armas no requiere autorización previa; las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones deben comunicarse previamente y solo pueden prohibirse por razones fundadas de alteración del orden público (art. 21).
Complementos
El título I comprende: españoles y extranjeros (arts. 11-13), derechos y libertades (arts. 14-38), principios rectores de la política social y económica (39-52), garantías de los derechos (53-54), garantías y suspensión de derechos y libertades (55)
El artículo 10 establece que la dignidad, los derechos inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos ajenos fundamentan el orden político y la paz social, y dispone que los derechos constitucionales se interpreten conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados ratificados por España.
La Constitución reconoce que la nacionalidad se adquiere, conserva y pierde según la ley y que los españoles de origen no pueden ser privados de ella (art. 11), fija la mayoría de edad en 18 años (art. 12) y remite el régimen de libertades públicas de los extranjeros a tratados y leyes (art. 13).
El habeas corpus permite la inmediata puesta a disposición judicial de una persona detenida ilegalmente y se desarrolla en la LO 6/1984; la competencia corresponde al Juez de Instrucción del lugar de detención, salvo en los supuestos vinculados a investigaciones de bandas armadas o elementos terroristas del artículo 55.2, que corresponden al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
📌 El ejercicio de las libertades de expresión e información no puede restringirse mediante censura previa, tiene límites en los derechos del título I y especialmente en el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia, y el secuestro de publicaciones solo puede acordarse por resolución judicial (art. 20).
📌 Las asociaciones se inscriben únicamente a efectos de publicidad y solo pueden ser disueltas o suspendidas en su actividad por resolución judicial motivada (art. 22).
📌 El derecho de sindicación puede limitarse o exceptuarse para las Fuerzas o Institutos Armados y otros cuerpos sometidos a disciplina militar, mientras que la ley regula su ejercicio peculiar para los funcionarios públicos (art. 28).
★ Imprescindible
📌 El procedimiento especial ante los tribunales ordinarios protege el derecho de igualdad del artículo 14 y los derechos de la sección primera del capítulo segundo del título I mediante tramitación preferente y sumaria, mientras que el recurso de amparo constitucional es extraordinario, excepcional y subsidiario, pues requiere agotar previamente la vía judicial ordinaria.
Complementos
La protección jurisdiccional también incluye la cuestión de constitucionalidad; entre las normas que desarrollan procedimientos de protección específicos figuran la LO 1/1982, sobre honor, intimidad y propia imagen, y la LO 6/1984, sobre habeas corpus.
El recurso de amparo constitucional permite al Tribunal Constitucional intervenir en defensa de derechos fundamentales cuando se ha agotado la vía judicial ordinaria, tras verificar que la demanda plantea una cuestión plenamente constitucional.
La vía judicial ordinaria protege con preferencia y sumariedad; el amparo constitucional es subsidiario y excepcional.
★ Imprescindible
El recurso de amparo solo cabe contra actos de los poderes públicos que hayan vulnerado directamente un derecho constitucional o que no hayan remediado esa vulneración.
El amparo contra actos legislativos solo cabe si estos carecen de valor de ley; las normas con valor de ley se impugnan mediante el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad.
El amparo contra actos del poder ejecutivo exige agotar previamente la vía judicial y debe interponerse dentro de los 20 días desde la notificación de la resolución.
El amparo contra actos judiciales exige que la vulneración tenga relación directa e inmediata con la decisión, que se agote la vía ordinaria y que el derecho vulnerado se invoque expresamente durante el proceso.
Complementos
El Tribunal Constitucional no es un tribunal judicial: constata la vulneración del derecho y devuelve el caso a la vía judicial para que los tribunales resuelvan el asunto.
La Constitución alude al recurso de amparo en los artículos 53.2, 161.1b y 162.1b.
Si una ley vulnera un derecho fundamental y los tribunales no plantean una cuestión de inconstitucionalidad, puede interponerse amparo contra esa omisión judicial; si el Tribunal Constitucional aprecia que la vulneración deriva de la ley, plantea la cuestión de inconstitucionalidad.
📌 El amparo contra actos legislativos sin valor de ley se plantea directamente ante el Tribunal Constitucional, sin acudir previamente a los tribunales, dentro de los tres meses desde la vulneración del derecho.
📌 El plazo para interponer amparo contra actos judiciales es de 30 días desde la notificación de la última resolución judicial.
★ Imprescindible
Están legitimados: el Presidente del Gobierno central, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo, las Asambleas Legislativas, los órganos colegiados de las Comunidades Autónomas
La declaración de inconstitucionalidad produce efectos erga omnes y anula la norma jurídica.
Complementos
📌 El recurso de inconstitucionalidad debe interponerse dentro de los tres meses siguientes a la publicación de la ley en el boletín correspondiente.
★ Imprescindible
Complementos
Proceso pendiente → duda judicial → consulta al Tribunal Constitucional → resolución del litigio.
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1. ¿Qué caracteriza a la Constitución española de 1978 desde el punto de vista formal?
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¿Qué define formalmente a la Constitución Española?
Es la norma suprema del ordenamiento jurídico, elaborada por el pueblo como poder constituyente en ejercicio de su soberanía.
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El 29 de diciembre de 1978.
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