★ Imprescindible
La nueva regulación configura el derecho de la ciudadanía extremeña a los servicios sociales públicos como subjetivo y universal.
La ley prevé un Catálogo del Sistema Público de Servicios Sociales con prestaciones exigibles ante las Administraciones responsables y, en última instancia, ante los tribunales.
Complementos
La Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, permitió desarrollar durante más de veintisiete años acciones públicas de protección social.
Los cambios sociales incluyen: el crecimiento poblacional, la inmigración, el envejecimiento, la incorporación de la mujer al mercado laboral, los nuevos modelos familiares, la violencia doméstica y de género, la dependencia, los cambios del contexto sociofamiliar
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, regula la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
📌 La prestación pública de servicios sociales corresponde a la Administración competente y garante de derechos, mientras que la participación del tercer sector es subsidiaria y se limita a los casos en que la Administración no pueda prestarlos, mediante convenio o concierto.
Los cambios sociales y legislativos → impulsan una nueva regulación de los servicios sociales.
★ Imprescindible
La Ley 14/2015 garantiza en Extremadura el derecho subjetivo y universal de acceso al sistema público, regula y organiza dicho sistema, establece la coordinación con otros sistemas de protección social, ordena la actividad privada y promueve la calidad de los servicios.
La ley se aplica a los servicios sociales prestados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Complementos
La ley se aplica a los servicios sociales prestados por la Administración autonómica y sus entidades dependientes, por las entidades locales y sus entidades dependientes, y por entidades privadas que colaboren con las Administraciones extremeñas o reciban de ellas ayudas o subvenciones para prestarlos.
La ley también se aplica a las personas físicas y jurídicas que presten servicios sociales.
Los servicios sociales privados financiados total o parcialmente con fondos públicos forman parte del Sistema Público de Servicios Sociales conforme a la ley y sus disposiciones de desarrollo.
Los servicios sociales privados pueden ser ofertados por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro o por personas físicas o jurídicas mercantiles, y quedan sujetos a la legislación autonómica y a la inspección, el control y el registro de la Administración de la Comunidad Autónoma.
El sistema autonómico incluye titularidad pública y privada; el sistema público se centra en la responsabilidad pública.
★ Imprescindible
El sistema público debe garantizar la cobertura de las necesidades personales básicas y sociales, la igualdad de oportunidades, el acceso a recursos, la autonomía, el bienestar, la inclusión, la convivencia, la participación social y el derecho a vivir dignamente en todas las etapas de la vida.
El sistema público previene y detecta necesidades sociales, planifica y desarrolla estrategias de actuación y presta especial atención a la vulnerabilidad, la desprotección, el desamparo, la dependencia y la exclusión.
Complementos
El sistema público promueve la distribución equitativa de los recursos sociales, la organización comunitaria, las redes sociales, el apoyo mutuo y la acción voluntaria para favorecer la cohesión social.
El sistema público promueve servicios sociales de calidad mediante la implantación de tecnologías de la información y la comunicación y coordina los sistemas de protección social para ofrecer atención integral.
★ Imprescindible
📌 El principio de universalidad garantiza a todas las personas el derecho subjetivo de acceso a las prestaciones del sistema público en condiciones de justicia y equidad, de acuerdo con los requisitos de cada prestación.
📌 El principio de igualdad exige atender sin discriminación por etnia, género, edad, estado civil, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, ideología o creencia, territorialidad u otra circunstancia personal, familiar o social, con accesibilidad universal y posibles medidas de acción positiva.
La atención personalizada e integral parte de una valoración integral, garantiza la continuidad y respeta la dignidad, los derechos y las preferencias de la persona.
La prevención y dimensión comunitaria buscan eliminar las causas del riesgo o la exclusión social, priorizan las acciones preventivas y promueven la inclusión mediante los recursos sociales comunitarios.
La coordinación y cooperación entre administraciones y sistemas de protección social, junto con el trabajo en red, deben garantizar la continuidad de la atención, especialmente a grupos vulnerables.
Complementos
📌 El principio de responsabilidad pública exige suficiencia financiera y técnica y garantiza la correcta prestación privada mediante vigilancia, control, inspección, coordinación y cooperación.
📌 El principio de proximidad dispone que los servicios se presten, según su naturaleza y características, en el ámbito más cercano posible, favoreciendo la permanencia en el entorno habitual y la integración comunitaria.
El principio de atención personalizada e integral aparece en el artículo 5, letra e), y su desarrollo establece la valoración integral, la continuidad de la atención y el respeto a la dignidad, los derechos y las preferencias de las personas.
La ley promueve la innovación social, la participación ciudadana y el voluntariado, la calidad de los servicios, la solidaridad, la equidad redistributiva y la autonomía personal.
★ Imprescindible
Tienen derecho a los servicios sociales públicos los extremeños y ciudadanos de la Unión Europea empadronados en Extremadura, las personas extranjeras empadronadas conforme a la legislación aplicable, refugiados y apátridas, extremeños en el exterior conforme a su estatuto y quienes se encuentren en urgencia social.
Los derechos de las personas usuarias incluyen la igualdad, universalidad, dignidad, intimidad y privacidad en el acceso; información suficiente y comprensible; servicios de calidad; trabajador social de referencia; valoración y diagnóstico; participación; confidencialidad; renuncia a prestaciones; y presentación de quejas, sugerencias y reclamaciones con respuesta en el plazo aplicable.
Las personas usuarias y, en su caso, sus representantes deben comparecer cuando se requiera, comunicar cambios que puedan afectar a las prestaciones, cumplir los requisitos de acceso y uso, participar en la intervención y cumplir los compromisos asumidos.
Complementos
📌 El acceso general al sistema no excluye requisitos adicionales establecidos para determinadas prestaciones y en sus normas reguladoras.
Los derechos garantizan acceso y participación; los deberes exigen colaboración y cumplimiento.
★ Imprescindible
📌 La atención a la urgencia social es prioritaria frente a cualquier otra y puede prestarse en el nivel especializado sin exigir todos o algunos de sus requisitos de acceso.
Complementos
📌 La relación entre atención básica y especializada se rige por la complementariedad, la acción coordinada y la actuación conjunta para asegurar la continuidad de las intervenciones.
📌 La atención a las urgencias sociales debe estar protocolizada en ambos niveles para asegurar una respuesta rápida y eficaz.
La atención básica es el primer nivel; la especializada responde a necesidades de especialización o intensidad.
★ Imprescindible
La planificación de servicios sociales debe incluir medidas, recursos y acciones para alcanzar los objetivos de la política general, bajo criterios de sostenibilidad financiera y estabilidad presupuestaria.
El Plan Estratégico incluye el diagnóstico y previsión de necesidades sociales y el análisis de prestaciones y demanda; misión, visión, líneas estratégicas, objetivos y acciones; responsables y cronograma; coordinación; calidad y accesibilidad; seguimiento y evaluación; y financiación.
Complementos
La Consejería competente diseña y elabora el Plan Estratégico y el Consejo de Gobierno lo aprueba, garantizándose la participación de las administraciones implicadas y del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura.
El Plan Estratégico se evalúa cada dos años y su informe se pone a disposición de las administraciones, entidades privadas prestadoras y población general, y se publica en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana.
📌 Las administraciones pueden elaborar planes sectoriales o territoriales según las necesidades detectadas, pero deben respetar las directrices del Plan Estratégico.
★ Imprescindible
Los servicios sociales de atención básica son el primer nivel, de titularidad pública y gestión directa, referidos a un territorio y población determinados, y ofrecen atención universal y global.
Los servicios sociales de atención básica informan, orientan y asesoran; previenen riesgos; detectan, valoran y diagnostican necesidades y elaboran planes; realizan seguimiento; gestionan prestaciones; promueven desarrollo comunitario y participación; y coordinan actuaciones con otros sistemas, especialmente el sanitario.
La atención especializada responde a necesidades que requieren especialización técnica o especial intensidad de intervención, particularmente en personas o colectivos vulnerables o en desventaja social.
Complementos
📌 Los servicios sociales de atención básica son esenciales y no pueden ser objeto de delegación, contratación ni concierto.
📌 El Plan de Atención Social se consensúa con la persona o unidad familiar, pero prevalece el criterio técnico en situaciones de riesgo o desprotección y cuando la opción elegida no cumple los requisitos normativos.
La atención especializada puede ser de titularidad pública o privada cuando exista alguna forma de colaboración con la Administración Pública.
La atención especializada planifica, gestiona, coordina y evalúa sus prestaciones; informa y apoya la intervención; presta apoyo técnico a la atención básica; diagnostica y atiende necesidades; previene la exclusión; promueve autonomía y participación; y evalúa la calidad.
El plan social se consensúa con la persona; ante ciertos desacuerdos prevalece el criterio técnico.
★ Imprescindible
El sistema se organiza en:
Las áreas son demarcaciones generales para planificar, desarrollar y evaluar prestaciones de ambos niveles, se delimitan según criterios demográficos, dispersión geográfica y necesidades sociales, y se dividen en zonas básicas.
Complementos
📌 Cada unidad básica de servicios sociales garantiza atención primaria a una población máxima de 3.000 habitantes.
Área → zona básica → unidad básica.
★ Imprescindible
Las prestaciones garantizadas de atención básica incluyen: información, valoración y orientación, incluido el diagnóstico de necesidades y la elaboración y ejecución del plan, atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, acompañamiento social mediante itinerarios individualizados de inserción en ámbitos como servicios sociales, vivienda
Las prestaciones garantizadas especializadas incluyen información, orientación, asesoramiento y diagnóstico especializado; valoración de discapacidad, dependencia y desprotección de menores; atención telefónica a colectivos específicos y emergencias; prevención de la dependencia, promoción de autonomía y envejecimiento activo; ayuda a domicilio para personas dependientes; y teleasistencia.
Complementos
📌 La prestación básica de información, valoración y orientación debe ser realizada por profesionales titulados en Trabajo Social.
La atención telefónica especializada ofrece una respuesta rápida y confidencial a necesidades concretas de menores de 18 años, mujeres víctimas de violencia de género, personas mayores, personas en situación de dependencia, afectados o familiares de personas con enfermedades graves y raras, y situaciones de emergencia social.
La ayuda a domicilio comprende: limpieza, lavado, cocina u otros servicios domésticos, atención personal para las actividades de la vida diaria
La teleasistencia presta asistencia mediante tecnologías de la información y la comunicación, con apoyo de los medios personales necesarios, ante urgencias o situaciones de inseguridad, soledad y aislamiento.
★ Imprescindible
La atención psicosocial a víctimas de violencia de género ofrece asesoramiento, diagnóstico e intervención individual o grupal a mujeres y a sus hijos e hijas, incluidos menores, mediante dispositivos especializados de la Red de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de Extremadura.
La atención residencial ofrece atención integral y un entorno alternativo de convivencia a menores desprotegidos, personas con discapacidad, mayores desprotegidos, personas en situación de dependencia, víctimas de violencia de género y personas sin techo, con acceso permanente o temporal cuando una necesidad social impide permanecer en el domicilio habitual.
Los centros de atención diurna ofrecen atención integral durante el día a personas con discapacidad, mayores o en situación de dependencia para mantener o mejorar su autonomía personal y apoyar a sus familias o cuidadores.
📌 La prestación económica vinculada al servicio para personas dependientes se reconoce periódicamente solo cuando no es posible acceder a un servicio público o concertado, según el grado de dependencia y la capacidad económica, y debe destinarse a adquirir un servicio.
Complementos
Los centros ocupacionales para personas con discapacidad son centros alternativos o previos a la actividad productiva que proporcionan una actividad útil y buscan la normalización e integración sociolaboral mediante formación, habilitación ocupacional y ajuste personal y social.
Los programas de atención familiar promueven la parentalidad positiva y ofrecen orientación y apoyo ante conflictos familiares, dificultades psicosociales, riesgo de exclusión social y dinámicas de maltrato familiar.
El acogimiento familiar comprende información y valoración de la idoneidad de las familias solicitantes, preparación y adaptación del menor y la familia, y seguimiento, mediación y apoyo a menores y familias acogedoras y de origen, incluida la eventual reunificación familiar.
La adopción de menores comprende determinar qué menores pueden ser adoptados, prepararlos, informar y formar a las familias solicitantes, valorar su idoneidad, tramitar solicitudes y asignaciones y ofrecer seguimiento, orientación y apoyo tras la adopción, tanto autonómica como internacional.
La protección jurídica y el ejercicio de la tutela se dirigen a menores desamparados y a personas mayores de edad legalmente incapacitadas que se encuentren en situación de desamparo.
📌 La ayuda económica a víctimas de violencia de género se destina a mujeres sin recursos económicos y con especiales dificultades para obtener empleo, a fin de proporcionarles medios mínimos de subsistencia y tiempo para afrontar los obstáculos a su incorporación laboral.
📌 La prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales se reconoce excepcionalmente cuando la persona beneficiaria es atendida por su familia y se cumplen las condiciones de la legislación específica sobre dependencia.
La prestación económica de asistencia personal contribuye a contratar asistencia durante un número de horas para facilitar a la persona dependiente el acceso a la educación y al trabajo y una vida más autónoma en las actividades básicas diarias.
La ayuda económica para acogimiento familiar apoya a las familias acogedoras y se determina según el tipo de acogimiento y las necesidades del menor acogido.
La atención psicológica a personas afectadas por enfermedades graves y raras y a sus familiares proporciona asesoramiento, diagnóstico e intervención individual o grupal, atendiendo a las características graves, crónicas, degenerativas y altamente discapacitantes de estas patologías.
★ Imprescindible
📌 La Administración de la Comunidad Autónoma tiene competencias en servicios sociales en Extremadura y gestiona y ordena el sistema; las entidades locales desarrollan y gestionan el sistema conforme a la ley y bajo coordinación y cooperación administrativas.
El Consejo de Gobierno establece la política general, impulsa iniciativas legislativas y desarrollo reglamentario, ordena y coordina el sistema, garantiza suficiencia financiera y técnica y aprueba el Plan Estratégico, el Mapa y el Catálogo de Servicios Sociales.
La Consejería competente planifica, coordina y evalúa las políticas sociales; elabora el Plan Estratégico, el Mapa y el Catálogo; gestiona el registro único, la información y las prestaciones de su titularidad; fija estándares mínimos de calidad y ejerce autorización, acreditación, inspección y potestad sancionadora, además de las funciones tutelares judicialmente encomendadas.
Los municipios prestan los servicios de atención social básica con equipamiento y personal suficientes, recogen datos estadísticos y colaboran con la Junta de Extremadura, especialmente en protección de menores y atención a la dependencia y promoción de la autonomía.
Complementos
📌 Los municipios pueden prestar servicios de competencia municipal mediante agrupaciones, mancomunidades u otras fórmulas compartidas, y las diputaciones provinciales coordinan su prestación en municipios de menos de 20.000 habitantes.
📌 La Junta de Extremadura puede delegar en un municipio la prestación de servicios sociales de su competencia si el municipio acepta y se cumplen la normativa estatal de régimen local y las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
★ Imprescindible
📌 Las administraciones públicas extremeñas deben coordinarse y colaborar para homogeneizar los servicios sociales en la región, asegurar la continuidad de las prestaciones y mejorar la eficiencia del sistema.
📌 Toda persona tiene derecho a la confidencialidad de su Historia Social Única y nadie puede acceder a ella sin autorización amparada por la ley.
Complementos
La cooperación económica, técnica y administrativa con entidades locales es voluntaria y puede instrumentarse mediante consorcios y convenios administrativos.
El Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales de Extremadura coordina técnica y administrativamente; lo preside la persona titular de la consejería competente y lo integran igual número de representantes autonómicos y locales, además de la participación mínima de la consejería y los agentes sociales.
El Consejo Interadministrativo informa el Catálogo de Servicios Sociales, el Plan Estratégico de Servicios Sociales y los planes sectoriales que los desarrollan.
📌 Los servicios sociales y sanitarios deben complementarse, evitar duplicidades, ofrecer una respuesta integral y organizar servicios coordinados con procesos definidos para lograr una atención sociosanitaria más eficiente.
El sistema de información contiene la historia social única, las prestaciones del catálogo, las entidades autorizadas y acreditadas y la infraestructura del sistema público.
El acceso y uso del sistema de información deben respetar los derechos de la ciudadanía, proteger los datos personales y asegurar el intercambio de información y el acceso electrónico ciudadano.
El sistema de información debe ser interoperable con otros sistemas, especialmente con el sanitario público de Extremadura, mediante condiciones técnicas de acceso e intercambio que protejan la seguridad y confidencialidad.
Las administraciones públicas y las entidades privadas concertadas o subvencionadas deben aportar la información necesaria para actualizar el sistema en los términos y con la periodicidad que se establezcan reglamentariamente; para entidades privadas autorizadas o acreditadas, ese deber deriva de su autorización.
La Historia Social Única puede incluir datos personales y familiares, sanitarios si procede, de dependencia, vivienda, economía, trabajo, educación y otros datos significativos según la demanda, sometidos a la normativa de protección de datos.
📌 El sistema de información custodia la Historia Social Única y debe regular su recogida, integración, conservación, protección, acceso y comunicación conforme a la normativa de protección de datos.
★ Imprescindible
📌 La Comunidad Autónoma debe financiar el ejercicio de sus competencias en servicios sociales y asegurar las prestaciones garantizadas, respetando la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
📌 La aportación económica de las personas usuarias se fija conforme a equidad, proporcionalidad, solidaridad y progresividad, teniendo en cuenta para cada prestación su naturaleza, coste de referencia, capacidad económica, renta, patrimonio y circunstancias sociales.
📌 La falta de recursos económicos no puede excluir a ninguna persona de las prestaciones ni determinar la calidad del servicio o la prioridad de atención.
Complementos
📌 Las entidades locales deben consignar en sus presupuestos las dotaciones necesarias para financiar los servicios sociales de su competencia, conforme a las exigencias de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La cooperación financiera entre administraciones se instrumenta preferentemente mediante convenios de colaboración u otras figuras legales para cumplir los objetivos de planificación del sistema.
La cooperación financiera de las administraciones con la iniciativa privada se instrumenta mediante conciertos u otras figuras previstas en el ordenamiento jurídico.
📌 Quien no pague íntegramente y en el plazo establecido su aportación genera una deuda con la administración competente, que tiene carácter de ingreso de derecho público.
★ Imprescindible
📌 La calidad de los servicios sociales se basa en criterios y estándares establecidos reglamentariamente para garantizar condiciones adecuadas de prestación y funcionamiento y promover la mejora y la innovación continuas.
📌 Las administraciones públicas y las entidades privadas prestadoras deben promover formación continua para profesionales, voluntariado y cuidadores no profesionales; para los profesionales, participar es un derecho y un deber.
La Consejería competente en servicios sociales concentra la autorización, acreditación e inspección en una unidad administrativa única, sin perjuicio de las competencias inspectoras de otras consejerías, y puede apoyarse en servicios de otras áreas y administraciones.
Toda entidad pública o privada que preste servicios sociales en Extremadura debe obtener autorización administrativa previa, salvo los servicios que la ley establece como competencias propias de las administraciones públicas.
La acreditación reconoce niveles específicos de calidad superiores o distintos de los exigidos para la autorización administrativa.
Los requisitos y el procedimiento para obtener y renovar la acreditación se establecerán reglamentariamente y se ajustarán a la naturaleza jurídica de la entidad y al tipo de prestación.
La acreditación se concede por un plazo determinado, puede prorrogarse y exige mantener permanentemente los niveles de calidad establecidos.
Complementos
📌 Los criterios de calidad se aplican a todas las entidades prestadoras de servicios sociales, públicas y privadas.
La Junta de Extremadura crea el Instituto Regional de Investigación en Servicios Sociales, organismo sin personalidad jurídica propia adscrito a la consejería competente, para promover y desarrollar formación, investigación e innovación.
El Instituto organiza, coordina y ejecuta planes de investigación y formación para profesionales de administraciones públicas y entidades privadas del sistema, y puede cooperar con universidades y centros de estudios.
La investigación en servicios sociales aborda:
El Instituto Regional de Investigación en Servicios Sociales elabora y aprueba un plan anual de formación profesional con una oferta diversificada según las prestaciones existentes.
La formación en servicios sociales busca mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de la atención mediante conocimientos y herramientas, inclusión digital, tecnologías de la información y comunicación y modernización del sistema.
📌 La autorización se concede por el plazo reglamentario y depende del cumplimiento permanente de sus condiciones; el incumplimiento puede causar su revocación tras el procedimiento correspondiente, sin excluir responsabilidades o sanciones.
★ Imprescindible
La inspección puede actuar de oficio, a instancia de parte o a petición de la entidad prestadora, y comprende las actuaciones de entidades públicas y privadas incluidas en el ámbito de la ley.
Las funciones inspectoras incluyen proteger los derechos de las personas usuarias, controlar la normativa, proponer mejoras de calidad, asesorar e informar, proponer medidas provisionales o cautelares, proponer sanciones, ejercer las demás funciones atribuidas normativamente y verificar la accesibilidad universal.
El personal inspector puede acceder identificado, en cualquier momento y sin aviso previo a los servicios; efectuar comprobaciones de autorización y acreditación; realizar pruebas e investigaciones; requerir documentos y entrevistarse con profesionales y usuarios; pedir apoyo a las fuerzas de seguridad e informes técnicos; y realizar las actuaciones necesarias.
Las actas recogen los hechos comprobados y tienen valor probatorio en relación con la incoación, instrucción y resolución del procedimiento sancionador.
Complementos
📌 Los titulares y el personal de las entidades prestadoras, así como las personas usuarias, deben facilitar la información, documentación y datos requeridos y colaborar con la inspección.
📌 Si la inspección conoce hechos que pudieran constituir delito, falta o infracción administrativa, debe hacerlos constar en acta y comunicarlos al órgano competente para iniciar el expediente sancionador o trasladarlos a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.
★ Imprescindible
📌 Las administraciones públicas extremeñas deben fomentar la participación de la población, las personas usuarias, los profesionales, el tercer sector y la iniciativa privada en la planificación, gestión y evaluación del Sistema Público de Servicios Sociales.
Complementos
★ Imprescindible
📌 Si no se aprecia delito o falta penal, la Administración inicia o continúa el expediente sancionador sobre los hechos que la autoridad judicial haya declarado probados; una pena judicial excluye la sanción administrativa cuando coinciden sujeto, hecho y fundamento.
Son infracciones muy graves de las entidades: abrir un centro o servicio sin las autorizaciones necesarias, dispensar trato discriminatorio, degradante o incompatible con la dignidad o restringir injustificadamente derechos y, incumplir el secreto profesional y la confidencialidad, manejar sin claridad los bienes de las personas usuarias, ocultar la naturaleza de los servicios para eludir la legislación, incumplir la normativa con perjuicios graves para las personas usuarias o afectación de su seguridad, negarse absolutamente a facilitar la inspección, reincidir en infracciones graves
Las infracciones prescriben a los cinco años si son muy graves, a los tres años si son graves y a los dos años si son leves, desde el día en que se cometen.
Complementos
📌 Si unos hechos pueden constituir delito o falta penal y responsabilidad administrativa, se comunican al Ministerio Fiscal y se suspende el expediente sancionador hasta la resolución judicial, aunque se mantienen las medidas cautelares hasta que el juez se pronuncie sobre ellas.
Son infracciones leves de las personas usuarias: incumplir normas, requisitos, procedimientos, compromisos o condiciones de las prestaciones, incumplir el plan de atención social o el programa de atención especializada, no remitir información dentro del plazo concedido, no colaborar con los profesionales o tratarlos inadecuadamente
Son infracciones leves de las entidades desatender a las personas usuarias; dificultar sus derechos sin alcanzar gravedad superior; incumplir las condiciones de las prestaciones o los requisitos de autorización; y no remitir información en el plazo concedido.
Son infracciones graves de las personas usuarias: incumplir las condiciones de las prestaciones con consecuencias graves para su continuidad, desvirtuar la finalidad del plan o programa de atención, incumplir más de dos veces el deber de remisión de información, obstaculizar la inspección o no colaborar con ella, reincidir en una infracción leve
Son infracciones graves de las entidades impedir el acceso igualitario o la participación de las personas usuarias; restringir injustificadamente su libertad de ingreso, permanencia o salida, salvo las excepciones legales para menores y personas incapacitadas legalmente; alterar precios sin autorización; incumplir la normativa de autorización o acreditación; admitir personas ajenas a la tipología autorizada o aumentar plazas sin autorización; carecer de expedientes individuales exigibles; desatender necesidades básicas con riesgo grave; realizar actividad lucrativa encubierta;
También son infracciones graves de las entidades: incumplir más de dos veces el deber de remitir información o documentación, falsear información, obstaculizar la inspección o no colaborar con ella, no comparecer ante las administraciones cuando sea obligatorio, reincidir en una infracción leve
Son infracciones muy graves de las personas usuarias: realizar actuaciones fraudulentas para obtener prestaciones económicas, destinar prestaciones a una finalidad distinta de la que motivó su concesión, falsear información, reincidir en infracciones graves
📌 La prescripción de una infracción se interrumpe al iniciarse el procedimiento sancionador con conocimiento del interesado y se reanuda si el expediente queda paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
Leves describen incumplimientos; graves y muy graves elevan el daño, la obstrucción o la vulneración de derechos.
★ Imprescindible
Las infracciones leves se sancionan con apercibimiento o multa de hasta 3.000 euros; las graves, con multa de 3.001 a 30.000 euros; y las muy graves, con multa de 30.001 a 300.000 euros.
Pueden imponerse como sanciones complementarias: inhabilitación hasta cinco años y revocación, en su caso, de la autorización o acreditación, prohibición de financiación pública de uno a cinco años, suspensión total o parcial del servicio de uno a cinco años, cese definitivo del servicio con revocación de la autorización
Los órganos directivos de la Consejería competente en servicios sociales inician e instruyen los procedimientos sancionadores; el Consejo de Gobierno impone multas superiores a 150.001 euros por infracciones muy graves y la persona titular de la Consejería resuelve las demás sanciones.
📌 Ante sospecha fundada de riesgo inminente y grave para las personas usuarias o la salud pública, la Consejería competente puede adoptar medidas cautelares proporcionales, cuya duración no puede exceder la necesaria para superar el riesgo.
Complementos
📌 Para las personas usuarias, las infracciones leves pueden conllevar apercibimiento o suspensión de derechos como usuario hasta 30 días; las graves, suspensión hasta 90 días y multa de hasta 300 euros; y las muy graves, suspensión hasta un año y multa de hasta 3.000 euros.
📌 Si el beneficio económico de la infracción supera la multa correspondiente, la sanción pecuniaria puede elevarse hasta igualar el beneficio obtenido.
Las sanciones prescriben desde el día siguiente a aquel en que la resolución sancionadora adquiere firmeza: a los cinco años las muy graves, a los tres las graves y a los dos las leves.
La tramitación sancionadora se rige por el reglamento de procedimientos sancionadores de Extremadura o la norma que lo sustituya y por el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
En las entidades locales, la iniciación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores corresponden a los órganos de gobierno competentes según la legislación de régimen local.
Las medidas cautelares pueden consistir en: suspensión temporal total o parcial del servicio o de las actividades, prohibición temporal de aceptar nuevos usuarios, fianza de hasta el importe mínimo de la multa que podría corresponder
★ Imprescindible
📌 Las administraciones competentes pueden recabar los datos personales necesarios para ejercer sus competencias; usuarios, tutores o representantes deben colaborar, y los datos solo pueden tratarse para esa finalidad sin consentimiento expreso para otros fines.
La Comunidad Autónoma garantizará progresivamente que el 10 % del importe total de sus presupuestos generales se destine a servicios sociales, en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la ley.
En un máximo de seis meses desde la entrada en vigor, la Junta debe aprobar el decreto sobre composición y funcionamiento del Consejo Asesor y constituirlo.
En un máximo de un año desde la entrada en vigor, la Junta debe integrar en una unidad orgánica las competencias de autorización, acreditación e inspección y aprobar normas de desarrollo del sistema de información, el mapa, el catálogo y el registro único de entidades prestadoras.
En un máximo de dos años desde la entrada en vigor, la Junta debe aprobar los decretos del Plan Estratégico y del Instituto Regional de Investigación, poner en funcionamiento el Sistema Extremeño de Información y aprobar las normas sobre autorización, acreditación e inspección.
Complementos
Quedan reservadas estas denominaciones:
Las prestaciones garantizadas para personas en situación de dependencia se ajustan a la legislación estatal de autonomía personal y atención a la dependencia y se financian específicamente conforme a sus condiciones.
La incorporación de una persona usuaria al sistema implica su consentimiento para el tratamiento de sus datos conforme a la legislación de protección de datos, y dicho tratamiento queda sujeto al deber de secreto y a la normativa vigente.
En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud de parte, salvo disposición legal contraria, la falta de resolución y notificación dentro del plazo permite entender desestimada la solicitud por razones de orden público, seguridad pública e interés general.
Las relaciones entre la Junta de Extremadura y las entidades colaboradoras se formalizan mediante convenios de colaboración plurianuales para garantizar la estabilidad.
Las autorizaciones y acreditaciones vigentes continúan hasta que se aprueben las normas reglamentarias correspondientes y deben adaptarse a ellas.
La zonificación vigente de los servicios sociales continúa hasta la aprobación del Mapa de Servicios Sociales de Extremadura, y las disposiciones reglamentarias existentes siguen aplicándose mientras no contradigan la ley y hasta que se aprueben sus normas de desarrollo.
La ley deroga la Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura, y las normas de igual o inferior rango que se opongan a ella, sin perjuicio de las disposiciones transitorias.
📌 La ley entra en vigor a los veinte días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.
Seis meses: Consejo Asesor; un año: integración y normas básicas; dos años: planificación, instituto y sistema de información.
Comprueba lo que sabes de Servicios Sociales de Extremadura con 11 preguntas tipo test y correcciones explicadas.
1. ¿Qué carácter atribuye la nueva regulación al derecho de la ciudadanía extremeña a los servicios sociales públicos?
2. Una persona reclama una prestación incluida en el Catálogo del Sistema Público de Servicios Sociales y la Administración responsable no la garantiza. ¿Qué vía de exigibilidad contempla la ley?
Memoriza los conceptos clave de Servicios Sociales de Extremadura con 10 flashcards interactivas.
¿Qué garantiza la Ley 14/2015 en Extremadura?
El derecho subjetivo y universal de acceso al sistema público de servicios sociales.
¿Dónde se aplica la Ley 14/2015 de servicios sociales de Extremadura?
En el territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
¿Qué ley permitió desarrollar acciones públicas de protección social durante más de veintisiete años?
La Ley 5/1987, de 23 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura.
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