★ Imprescindible
La reforma del ordenamiento jurídico público se articula en dos ejes: las relaciones ad extra de las Administraciones Públicas con ciudadanos y empresas y las relaciones ad intra entre Administraciones e instituciones del Estado.
La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula las relaciones ad extra, incluidas la potestad de autotutela, la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.
El artículo 103 de la Constitución establece los principios de eficacia y legalidad y exige que la actividad administrativa se someta plenamente a la Ley y al Derecho.
📌 El procedimiento administrativo común se aplica a todas las Administraciones Públicas y a todas sus actuaciones, mientras que las comunidades autónomas pueden establecer especialidades procedimentales para aplicar su Derecho sustantivo respetando las reglas estatales comunes.
Complementos
El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas de junio de 2013 vinculó una economía competitiva con Administraciones eficientes, transparentes y ágiles.
El Programa nacional de reformas de España para 2014 incluyó la aprobación de nuevas leyes administrativas para racionalizar la actuación pública, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar la productividad.
El artículo 105 de la Constitución dispone que la ley regulará la audiencia de los ciudadanos, directamente o mediante organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en la elaboración de disposiciones administrativas que les afecten y en los procedimientos para dictar actos administrativos cuando proceda.
El artículo 149.1.18.ª de la Constitución atribuye al Estado la competencia para regular el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización autonómica.
Duplicidades e ineficiencias → reforma integral y estructural
★ Imprescindible
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, fue un hito del Derecho administrativo constitucional al mejorar el funcionamiento de las Administraciones y reforzar las garantías ciudadanas frente a la autotutela administrativa.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, reconoció el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y obligó a estas a dotarse de los medios y sistemas necesarios.
Una Administración sin papel y con funcionamiento íntegramente electrónico mejora la eficacia y la eficiencia al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, y refuerza las garantías de los interesados.
La regulación administrativa presentaba dispersión normativa y superposición de regímenes jurídicos que no siempre eran coherentes entre sí.
La nueva Ley buscó sistematizar la regulación del procedimiento administrativo, clarificar e integrar el contenido de las Leyes 30/1992 y 11/2007, y agilizar los procedimientos mediante el funcionamiento electrónico.
Complementos
La Ley de Azcárate, de 19 de octubre de 1889, fue un antecedente legislativo del procedimiento administrativo y la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 fue su primera regulación completa.
La Constitución de 1978 configuró una Administración plenamente sometida a la Ley y al Derecho, de carácter instrumental y al servicio objetivo de los intereses generales bajo la dirección del Gobierno.
La Ley 4/1999, de 13 de enero, reformó el silencio administrativo, la revisión de actos y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones, con el objetivo de incrementar la seguridad jurídica de los interesados.
La tramitación electrónica debe constituir la forma habitual de actuación de las Administraciones Públicas, no una forma especial de gestión de los procedimientos.
La conservación de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita la transparencia al permitir ofrecer información puntual, ágil y actualizada a los interesados.
Entre las normas con incidencia en la materia figuraban la Ley 17/2009, de 23 de noviembre; la Ley 2/2011, de 4 de marzo; la Ley 19/2013, de 9 de diciembre; y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.
1889 → 1958 → 1978 → 1992 → 1999 → 2007
★ Imprescindible
La calidad regulatoria requiere analizar continuamente el impacto de las normas tanto ex ante como ex post y permitir la participación de ciudadanos y empresas en su elaboración.
La Ley estableció por primera vez las bases de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas para asegurar la buena regulación, la audiencia y participación ciudadanas, y la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento.
El título preliminar incluye, con carácter básico, los principios que informan el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas.
📌 La Ley se aplica a los sujetos del sector público; las corporaciones de derecho público se rigen por su normativa específica al ejercer funciones públicas atribuidas y, supletoriamente, por esta Ley.
📌 Solo mediante ley pueden establecerse trámites adicionales o distintos a los previstos en la norma, aunque el reglamento puede concretar órganos competentes, plazos, formas de iniciación y terminación, publicación e informes.
Complementos
La mejora de la producción normativa avanzó en la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos bajo los enfoques «Better regulation» y «Smart regulation».
La Ley 17/2009 y la Ley 2/2011 impulsaron los principios de buena regulación, especialmente en el ejercicio de actividades económicas, y la Ley 20/2013 dio pasos adicionales al facilitar información jurídicamente relevante sobre la elaboración de normas.
La regulación de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria siguió las recomendaciones de la OCDE formuladas en el informe de 2014 «Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement». - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
La Ley consta de 133 artículos distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y siete finales.
El título I amplía la capacidad de obrar administrativa a grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica, y patrimonios independientes o autónomos cuando una ley lo declare expresamente.
La representación puede acreditarse mediante apoderamiento apud acta presencial o electrónico, o mediante la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos; cada Administración debe contar con dicho registro, aunque las Administraciones territoriales pueden adherirse al del Estado.
Análisis ex ante diseña la norma; análisis ex post revisa sus efectos
★ Imprescindible
📌 La identificación electrónica acredita quién actúa y, por regla general, basta para relacionarse con la Administración; la firma electrónica se exige cuando debe acreditarse la voluntad y el consentimiento del interesado.
El título II exige que todas las Administraciones dispongan de un registro electrónico general o se adhieran al de la Administración General del Estado; sus oficinas de asistencia permiten presentar solicitudes en papel y convertirlas a formato electrónico.
Las notificaciones electrónicas son preferentes y se practican en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única; cuando sea posible, se envían avisos a los dispositivos o al correo electrónico comunicado por el interesado y se accede a ellas mediante el Punto de Acceso General Electrónico.
📌 La tramitación simplificada tiene un plazo máximo de resolución de treinta días y, si se necesita cualquier trámite adicional, debe continuarse por la tramitación ordinaria.
Antes de elaborar una norma, deben recabarse opiniones de ciudadanos y empresas sobre los problemas que se pretende resolver, la necesidad y oportunidad de aprobarla, sus objetivos y las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias.
Todas las Administraciones deben divulgar un Plan Anual Normativo con las propuestas de ley o reglamento que vayan a elevar para aprobación el año siguiente.
📌 Las Administraciones deben evaluar periódicamente las normas vigentes para comprobar si alcanzan sus objetivos y si sus costes y cargas están justificados y adecuadamente valorados.
Complementos
Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de los documentos de procedimientos finalizados y conservar los expedientes en un formato que garantice la autenticidad, integridad y conservación documental.
Como regla general, las Administraciones no deben exigir documentos ya aportados por los interesados, elaborados por ellas o documentos originales; los interesados pueden presentar copias digitalizadas o en papel.
El título II introduce el cómputo de plazos por horas y declara inhábiles los sábados.
Los procedimientos sancionadores y de responsabilidad patrimonial se integran como especialidades del procedimiento administrativo común, mientras que sus principios generales se regulan en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
📌 Si el dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente discrepa del fondo de la propuesta en un procedimiento simplificado, el procedimiento debe continuar por la vía ordinaria.
El título V mantiene la revisión de oficio y los recursos de alzada, reposición potestativa y revisión extraordinaria, y permite suspender el plazo para resolver recursos que deriven de un mismo acto cuando exista un recurso judicial relacionado.
La Ley suprime las reclamaciones previas en vía civil y laboral debido a su escasa utilidad práctica.
Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales pueden adherirse a los registros y sistemas establecidos por la Administración General del Estado, conforme al principio de eficiencia reconocido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
📌 Las especialidades por razón de la materia se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley; incluyen procedimientos tributarios y aduaneros, de Seguridad Social y Desempleo, sancionadores del orden social, de tráfico y seguridad vial y de extranjería.
Planificar antes y evaluar después permite comprobar objetivos y cargas
★ Imprescindible
📌 Solo mediante ley, de forma motivada y cuando sea eficaz, proporcionado y necesario para los fines del procedimiento, pueden establecerse trámites adicionales o distintos de los previstos en la Ley.
El sector público comprende: la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, el sector público institucional
Tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas las personas físicas o jurídicas con capacidad conforme a las normas civiles, los menores en los casos permitidos por el ordenamiento sin asistencia de sus representantes legales y, cuando una ley lo declare expresamente, grupos de afectados, entidades sin personalidad y patrimonios autónomos.
📌 Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones o renunciar a derechos en nombre de otra persona, debe acreditarse la representación; para los actos de mero trámite, se presume.
Complementos
Las entidades privadas vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas quedan sujetas a las normas de la Ley que se refieran específicamente a ellas y, en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.
Las Universidades públicas se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley, mientras que las Corporaciones de Derecho Público siguen ese mismo orden únicamente al ejercer funciones públicas atribuidas por ley o delegadas por una Administración Pública.
Si la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucede en esa condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
La falta o insuficiencia de acreditación de la representación no impide tener por realizado el acto si se subsana dentro del plazo concedido de diez días, ampliable cuando las circunstancias lo requieran.
Los poderes inscritos tienen una validez máxima de cinco años desde su inscripción y pueden revocarse o prorrogarse antes de que expire ese plazo.
Quien inicia el procedimiento no es el único interesado: también cuentan quienes pueden verse afectados
★ Imprescindible
📌 Las Administraciones Públicas pueden admitir otros sistemas de firma si cuentan con registro previo de usuario que garantice su identidad, comunicación previa a la Secretaría General de Administración Digital y declaración responsable de cumplimiento normativo.
📌 Las Administraciones Públicas deben permitir los sistemas de firma de las letras a) y b) en todos los procedimientos y trámites, aunque también admitan sistemas de la letra c).
Complementos
📌 Los sistemas alternativos de identificación comunicados por una Administración no adquieren eficacia jurídica hasta que transcurran dos meses, periodo durante el cual el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante emitido en diez días por la Secretaría de Estado de Seguridad.
📌 Los recursos técnicos de los sistemas alternativos de identificación deben estar en la Unión Europea y, si tratan categorías especiales de datos, en España; esos datos no pueden transferirse a terceros países salvo decisión de adecuación de la Comisión Europea u obligación internacional de España.
La aceptación de un sistema de identificación por la Administración General del Estado acredita la identificación electrónica ante todas las Administraciones Públicas, salvo prueba en contrario.
Para firmar electrónicamente se admiten sistemas de firma cualificada o avanzada basados en certificados cualificados de firma electrónica y sistemas de sello cualificado o avanzado basados en certificados cualificados de sello electrónico, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza.
La eficacia jurídica de los sistemas de firma de la letra c) requiere esperar dos meses desde la comunicación, periodo durante el cual el órgano estatal competente por motivos de seguridad pública puede acudir a la vía jurisdiccional, previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad, que debe emitirse en diez días desde su solicitud.
Los recursos técnicos de los sistemas de firma de la letra c) deben estar en la Unión Europea y, si tratan categorías especiales de datos del artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, en España; los datos deben estar disponibles para las autoridades judiciales y administrativas competentes.
Los datos tratados por los sistemas de firma de la letra c) no pueden transferirse a terceros países u organizaciones internacionales, salvo que exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea o que lo exija el cumplimiento de obligaciones internacionales de España.
Las Administraciones Públicas pueden admitir sistemas de identificación como sistemas de firma cuando la normativa aplicable lo disponga expresamente y permitan acreditar la autenticidad de la voluntad y el consentimiento.
Identificarse acredita quién actúa; firmar acredita voluntad e integridad del documento
★ Imprescindible
📌 Con carácter general, para realizar actuaciones en un procedimiento administrativo basta con que los interesados acrediten previamente su identidad mediante cualquiera de los medios de identificación previstos legalmente.
📌 Las Administraciones Públicas deben garantizar canales, sistemas y aplicaciones para que los interesados puedan relacionarse con ellas por medios electrónicos y deben asistir a quienes no estén incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14 cuando lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónicas, presentación de solicitudes por el registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
📌 Las personas físicas pueden elegir y cambiar en cualquier momento si se comunican electrónicamente con las Administraciones Públicas, salvo que estén obligadas a hacerlo por medios electrónicos.
Están obligados a relacionarse electrónicamente: las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica, los profesionales con colegiación obligatoria en trámites de su actividad, incluidos notarios y registradores, los representantes de interesados obligados, los empleados públicos para actuaciones derivadas de su condición
En los procedimientos de la Administración General del Estado se usa el castellano, pero los interesados ante órganos situados en una comunidad autónoma pueden elegir también su lengua cooficial; si varios interesados discrepan, el procedimiento se tramita en castellano y los documentos o testimonios que soliciten se expiden en la lengua que elijan.
Cada Administración debe disponer de un Registro Electrónico General que asiente los documentos recibidos y presentados ante sus órganos y entidades vinculadas o dependientes, y puede anotar también la salida de documentos oficiales.
Los documentos presentados presencialmente deben digitalizarse en la oficina de asistencia para incorporarlos al expediente electrónico y devolverse los originales, salvo que la norma exija su custodia o que se trate de objetos o documentos en soporte no digitalizable.
Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único de documentos electrónicos de procedimientos finalizados y conservarlos en formatos que garanticen autenticidad, integridad, consulta y traslado a otros formatos; su eliminación requiere autorización normativa.
Complementos
Si un interesado sin medios electrónicos necesarios lo consiente expresamente y se identifica ante un funcionario, este puede realizar válidamente su identificación o firma electrónica, y debe quedar constancia del consentimiento.
La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deben mantener registros interoperables e interconectados de funcionarios habilitados para identificar o firmar, e incluir al menos a quienes trabajen en oficinas de asistencia en materia de registros.
Reglamentariamente, las Administraciones pueden imponer la relación electrónica en determinados procedimientos a colectivos de personas físicas que tengan acceso y disponibilidad de medios electrónicos por su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados.
En los procedimientos de las comunidades autónomas y entidades locales, el uso de la lengua se rige por la legislación autonómica; la Administración instructora traduce al castellano los documentos que deban surtir efecto fuera de la comunidad autónoma y los dirigidos a interesados que lo soliciten, salvo cuando surtan efecto en una comunidad donde esa misma lengua sea cooficial.
Los asientos registrales se anotan por orden temporal, indican la fecha y, tras el registro, los documentos se remiten sin dilación a sus destinatarios y unidades correspondientes.
Cada asiento registral debe indicar número, naturaleza, fecha y hora de presentación, identificación del interesado, órgano remitente si procede, destinatario y, en su caso, referencia al contenido; se emite automáticamente un recibo con copia autenticada, fecha, hora, número de entrada y acreditación de los documentos acompañantes.
★ Imprescindible
📌 Los titulares de las unidades administrativas y el personal encargado de resolver o tramitar asuntos son responsables directos de su tramitación y deben eliminar los obstáculos y anomalías que impidan, dificulten o retrasen los derechos o intereses legítimos de los interesados.
📌 La Administración debe dictar y notificar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de inicio; si hay prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento o desaparición sobrevenida del objeto, debe declarar la circunstancia, los hechos y las normas aplicables.
El plazo máximo para notificar la resolución es el fijado por la norma del procedimiento y no puede exceder de seis meses, salvo que una ley establezca uno mayor o lo prevea el Derecho de la Unión Europea; si no se fija plazo, es de tres meses.
El plazo se cuenta desde el acuerdo de inicio en los procedimientos de oficio y desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente en los iniciados a solicitud del interesado.
El plazo máximo para resolver y notificar puede suspenderse cuando se requiera subsanar deficiencias o aportar documentos, se espere un pronunciamiento preceptivo o un procedimiento condicionante de la Unión Europea, se soliciten informes preceptivos, se realicen pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes, se negocie un pacto o convenio, o sea indispensable un pronunciamiento judicial previo.
📌 La suspensión por solicitud de informes preceptivos dura desde su petición hasta su recepción, debe comunicarse a los interesados, no puede exceder de tres meses y, si el informe no se recibe en ese plazo, el procedimiento continúa.
📌 Excepcionalmente, agotados los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente puede acordar motivadamente ampliar el plazo máximo de resolución y notificación, a propuesta del instructor o del superior jerárquico cuando proceda; la ampliación no puede superar el plazo establecido para tramitar el procedimiento y no admite recurso.
Complementos
📌 Se exceptúan de la obligación de resolver expresamente los procedimientos terminados por pacto o convenio y los relativos a derechos sometidos únicamente a declaración responsable o comunicación.
📌 Si el volumen de solicitudes o personas afectadas puede impedir resolver en plazo, el órgano competente puede habilitar medios personales y materiales a propuesta razonada del instructor o, en su caso, del superior jerárquico.
📌 El personal encargado de tramitar y los titulares de los órganos competentes para instruir y resolver responden directamente del cumplimiento de la obligación de resolver en plazo, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidad disciplinaria.
★ Imprescindible
📌 En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si vence el plazo máximo sin notificación de resolución expresa, la solicitud se entiende estimada por silencio, salvo que una norma con rango de ley, el Derecho de la Unión Europea o el Derecho internacional aplicable establezcan lo contrario.
El silencio es desestimatorio en los procedimientos relativos a: el ejercicio del derecho de petición, la transferencia al solicitante o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio público, actividades que puedan dañar el medio ambiente, la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la impugnación de actos y disposiciones, la revisión de oficio iniciada a solicitud de los interesados
La estimación por silencio constituye a todos los efectos un acto administrativo que finaliza el procedimiento, mientras que la desestimación por silencio solo permite interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente.
Tras una estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo puede confirmarla; tras una desestimación por silencio, la Administración puede resolver expresamente sin quedar vinculada por el sentido del silencio.
En procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo sin resolución notificada no extingue la obligación de resolver; si pueden reconocerse derechos o situaciones favorables, los interesados comparecidos pueden entender desestimadas sus pretensiones, y si se ejercen potestades sancionadoras o de intervención con efectos desfavorables se produce la caducidad y se archivan las actuaciones.
Complementos
📌 El recurso de alzada contra la desestimación por silencio de una solicitud se entiende estimado si vence su plazo de resolución sin resolución expresa notificada, salvo que verse sobre alguna materia de silencio desestimatorio enumerada legalmente.
Los actos producidos por silencio pueden hacerse valer ante la Administración y ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada, y producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo sin resolución notificada; su existencia se acredita por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
El órgano competente expide de oficio el certificado acreditativo del silencio dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo máximo; si lo pide el interesado, ese plazo se cuenta desde el día siguiente a la entrada de la petición en el registro electrónico competente.
📌 Si un procedimiento iniciado de oficio se paraliza por causa imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar.
A solicitud del interesado, el silencio suele estimar; de oficio, puede desestimar o caducar.
★ Imprescindible
Complementos
Las Administraciones Públicas emiten documentos administrativos por escrito y mediante medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
No requieren firma electrónica los documentos electrónicos publicados por las Administraciones Públicas con carácter meramente informativo y los que no forman parte de un expediente administrativo, pero siempre debe identificarse su origen.
Las copias auténticas de documentos privados producen únicamente efectos administrativos, mientras que las copias auténticas de documentos públicos administrativos tienen la misma validez en las demás Administraciones que las expedidas por la Administración competente.
Las copias electrónicas de documentos electrónicos originales o de copias electrónicas auténticas, con o sin cambio de formato, deben incluir metadatos que acrediten su condición de copia y sean visibles al consultar el documento.
Las copias electrónicas de documentos en papel u otro soporte no electrónico susceptible de digitalización requieren que el documento haya sido digitalizado y deben incluir metadatos visibles que acrediten su condición de copia.
Las copias en papel de documentos electrónicos deben indicar que son copias e incluir un código electrónico u otro sistema de verificación que permita contrastar su autenticidad mediante los archivos electrónicos del órgano emisor.
Los interesados pueden solicitar en cualquier momento copias auténticas de documentos públicos administrativos válidamente emitidos por las Administraciones Públicas.
★ Imprescindible
Las Administraciones deben expedir copias auténticas electrónicas de los documentos en papel que presenten los interesados para incorporarlos a un expediente administrativo, e indicar expresamente en la copia que es auténtica.
Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya estén en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por otra Administración, salvo oposición del interesado; no cabe oposición si el documento se exige en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones no exigirán documentos originales ni documentos o datos que no requiera la normativa o que el interesado ya haya aportado a cualquier Administración, salvo excepción normativa para originales, oposición expresa o exigencia legal de consentimiento expreso para recabar los documentos ya aportados.
Complementos
📌 La solicitud de copia auténtica se dirige al órgano que emitió el documento original, que debe expedirla en quince días desde su recepción en el registro electrónico competente, salvo las excepciones derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Se rige por legislación específica la expedición de copias auténticas de:
Los informes preceptivos ya elaborados por otro órgano administrativo deben remitirse en diez días desde su solicitud; vencido ese plazo, se informa al interesado de que puede aportarlos o esperar su remisión.
📌 Si la Administración solicita excepcionalmente un original en papel, el interesado debe obtener antes de presentarlo electrónicamente una copia auténtica conforme al artículo 27, cuya copia electrónica debe reflejar expresamente esa circunstancia.
📌 Las Administraciones pueden solicitar motivadamente el cotejo de copias aportadas y requerir la exhibición del original cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia.
La copia auténtica acredita su condición; la copia aportada por el interesado tiene eficacia solo ante las Administraciones.
★ Imprescindible
Los términos y plazos establecidos por las leyes obligan tanto a las autoridades y al personal de las Administraciones competentes como a los interesados.
Salvo cómputo distinto establecido por ley o por el Derecho de la Unión Europea, los plazos por horas se consideran hábiles, se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación o publicación, y no pueden superar veinticuatro horas; si las superan, se expresan en días.
Salvo que una ley o el Derecho de la Unión Europea disponga otro cómputo, los plazos por días son hábiles y excluyen sábados, domingos y festivos; si se señalan días naturales, debe indicarse en la notificación.
La Administración puede ampliar de oficio o a petición del interesado los plazos no vencidos hasta la mitad de su duración, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de terceros; la decisión debe notificarse y no es recurrible por sí misma.
Cuando razones de interés público lo aconsejen, puede acordarse de oficio o a petición del interesado la tramitación urgente, que reduce a la mitad los plazos ordinarios salvo los de presentación de solicitudes y recursos.
Los actos administrativos se producen por el órgano competente conforme a los requisitos y al procedimiento establecidos, y su contenido debe ajustarse al ordenamiento jurídico y ser determinado y adecuado a sus fines.
Deben motivarse los actos que: limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, resuelvan revisiones de oficio, recursos administrativos o arbitrajes, o declaren su inadmisión, se aparten de criterios precedentes o de dictámenes consultivos, acuerden suspensiones o medidas provisionales, acuerden urgencia, ampliación de plazos o actuaciones complementarias, rechacen pruebas propuestas, terminen por imposibilidad material sobrevenida o desistimiento de la Administración, propongan o resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial, ejerzan potestades discrecionales o deban motivarse por norma expresa
Complementos
Los plazos por días, meses o años comienzan al día siguiente de la notificación o publicación del acto, o al día siguiente de la estimación o desestimación por silencio administrativo.
Un plazo fijado en meses o años vence el mismo día de la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento; si ese mes carece de día equivalente, vence el último día del mes.
Si el último día del plazo es inhábil, el vencimiento se prorroga al primer día hábil siguiente.
La petición y la decisión sobre la ampliación deben producirse antes del vencimiento, y nunca puede ampliarse un plazo ya vencido.
La motivación de los actos que ponen fin a procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva se ajusta a las normas de la convocatoria, y los fundamentos de la resolución deben quedar acreditados en el procedimiento.
Los actos administrativos se producen por escrito mediante medios electrónicos, salvo que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
Cuando un órgano ejerce verbalmente su competencia, la constancia escrita necesaria la efectúa y firma el titular del órgano inferior o el funcionario que recibe el acto, indicando la autoridad de la que procede; si se trata de resoluciones, el titular competente autoriza una relación de ellas con su contenido.
El plazo por horas cuenta horas hábiles; el plazo por días, por regla general, excluye sábados, domingos y festivos.
★ Imprescindible
Una resolución administrativa particular no puede vulnerar una disposición general aunque proceda de un órgano de igual o superior jerarquía, y son nulas las resoluciones que vulneren una disposición reglamentaria o incurran en una causa del artículo 47.
Los actos sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa; su eficacia se demora si lo exige su contenido o queda supeditada a notificación, publicación o aprobación superior.
El órgano que dicta un acto debe notificarlo a los interesados cuyos derechos e intereses resulten afectados, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dicta.
Una notificación que contiene el texto íntegro del acto pero omite otros requisitos produce efectos cuando el interesado realiza actuaciones que demuestran que conoce el contenido y alcance del acto, o interpone un recurso procedente.
Para cumplir el plazo máximo de duración del procedimiento, basta una notificación que contenga al menos el texto íntegro de la resolución y cuyo intento de entrega esté debidamente acreditado.
Complementos
Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos conforme a la ley.
Puede otorgarse eficacia retroactiva a actos que sustituyan actos anulados o favorezcan al interesado, si los hechos necesarios ya existían en la fecha retrotraída y no se lesionan derechos o intereses legítimos de otras personas.
Los órganos administrativos deben observar las normas y actos dictados por otros órganos en el ejercicio de su competencia, aunque no exista dependencia jerárquica o pertenezcan a otra Administración.
La notificación debe contener el texto íntegro de la resolución, indicar si pone fin a la vía administrativa y señalar los recursos procedentes, el órgano ante el que se presentan y el plazo para interponerlos.
Las Administraciones Públicas pueden adoptar medidas para proteger los datos personales incluidos en actos dirigidos a más de un interesado.
La notificación, publicación o aprobación superior puede demorar la eficacia del acto.
★ Imprescindible
Las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y siempre por esa vía cuando el interesado esté obligado a recibirlas electrónicamente.
Una notificación es válida si permite acreditar el envío o puesta a disposición, la recepción o el acceso, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad del remitente y del destinatario; su acreditación se incorpora al expediente.
En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se usa el medio que este haya señalado, salvo que esté obligado a relacionarse electrónicamente; si ese medio no permite notificar, se utiliza cualquier lugar y medio adecuados que acrediten recepción, fecha, identidad y contenido.
Si el interesado o su representante rechaza una notificación, se deja constancia en el expediente de las circunstancias y del medio empleado, se da por efectuado el trámite y continúa el procedimiento.
Complementos
Puede notificarse en papel cuando el interesado o su representante comparezca espontáneamente en una oficina de asistencia registral y solicite la notificación personal, o cuando la eficacia administrativa requiera la entrega directa por un empleado público.
Quien no esté obligado a recibir notificaciones electrónicas puede comunicar en cualquier momento que las sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.
No se notifican electrónicamente los actos acompañados de elementos que no puedan convertirse a formato electrónico ni las notificaciones que contengan medios de pago, como cheques.
El dispositivo electrónico o la dirección de correo que identifica el interesado sirven para enviar avisos, pero no para practicar la notificación.
En procedimientos iniciados de oficio, para iniciar el procedimiento la Administración puede consultar al Instituto Nacional de Estadística el domicilio del interesado en el Padrón Municipal, remitido por las entidades locales.
📌 La falta del aviso enviado al dispositivo o correo electrónico comunicado por el interesado no invalida la notificación puesta a disposición en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única.
📌 Si una notificación se practica por varios cauces, se considera fecha de notificación la del primer cauce utilizado.
★ Imprescindible
Si nadie recibe la notificación en el domicilio, se registra el intento y se repite una sola vez, en hora distinta y dentro de los tres días siguientes; si el primer intento fue antes de las quince horas, el segundo se realiza después de esa hora y viceversa, con al menos tres horas de diferencia, y si también fracasa se aplica el anuncio previsto para la notificación infructuosa.
La notificación electrónica se practica mediante comparecencia en la sede electrónica, la dirección electrónica habilitada única o ambos sistemas, según disponga cada Administración; la comparecencia consiste en el acceso identificado del interesado o su representante al contenido.
📌 La notificación electrónica se entiende practicada cuando se accede a su contenido; si es obligatoria o fue elegida expresamente y no se accede durante diez días naturales desde su puesta a disposición, se entiende rechazada.
Complementos
Las notificaciones en papel también se ponen a disposición del interesado en la sede electrónica para que pueda acceder voluntariamente a su contenido.
Si el interesado no está en su domicilio, puede recibir la notificación cualquier persona mayor de catorce años que esté allí e identifique su identidad.
La obligación de notificar dentro del plazo máximo del procedimiento se entiende cumplida al poner la notificación a disposición en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única.
En papel se repite el intento; en electrónico cuenta el acceso o el rechazo tras diez días
★ Imprescindible
📌 Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore el lugar de notificación o esta no pueda practicarse tras intentarla, la notificación se realiza mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
📌 La publicación sustituye a la notificación cuando el acto se dirige a una pluralidad indeterminada, cuando una notificación individual sea insuficiente para todos —en cuyo caso se añade a la notificación individual— o cuando se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.
Antes de iniciar un procedimiento, el órgano competente puede abrir actuaciones previas para conocer las circunstancias del caso y valorar si conviene iniciarlo.
En procedimientos sancionadores, las actuaciones previas buscan precisar los hechos que podrían motivar la incoación, identificar a los posibles responsables y determinar las circunstancias relevantes; las realizan los órganos de investigación, averiguación o inspección y, si no existen, la persona u órgano designado por el órgano competente para iniciar o resolver.
📌 Una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte y mediante decisión motivada, medidas provisionales oportunas si hay elementos suficientes, respetando proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
📌 Antes de iniciar el procedimiento, en caso de urgencia inaplazable y para proteger provisionalmente los intereses implicados, el órgano competente para iniciar o instruir puede adoptar medidas motivadas, necesarias y proporcionadas; el acuerdo de inicio debe confirmarlas, modificarlas o levantarlas dentro de los quince días siguientes, y las medidas quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en ese plazo o el acuerdo no se pronuncia expresamente sobre ellas.
Complementos
Antes del anuncio obligatorio en el Boletín Oficial del Estado, la Administración puede publicar facultativamente un anuncio en el boletín autonómico o provincial, en el tablón del ayuntamiento del último domicilio o en el consulado o sección consular correspondiente.
La publicación de actos procede cuando lo establezca la normativa del procedimiento o lo aconseje el interés público apreciado por el órgano competente.
La convocatoria de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva debe señalar dónde se harán las publicaciones sucesivas, y las realizadas en lugares distintos carecen de validez.
La publicación debe incluir los elementos exigidos para la notificación y se le aplica la regla sobre eficacia por conocimiento o interposición de recurso; si varios actos comparten elementos, estos pueden publicarse conjuntamente y se especifican solo los aspectos individuales.
Los actos se publican en el diario oficial correspondiente a la Administración de la que proceden; la publicación en ese diario cumple la publicación legal o reglamentaria en tablones de anuncios o edictos, sin perjuicio del régimen de notificación infructuosa.
Si el órgano competente aprecia que un anuncio o una publicación lesiona derechos o intereses legítimos, publica solo una indicación somera del acto y el lugar y plazo para comparecer y conocer íntegramente su contenido, y puede añadir otros medios de difusión sin sustituir la publicación oficial.
Las medidas provisionales posibles incluyen:
📌 No pueden adoptarse medidas provisionales que causen perjuicios de difícil o imposible reparación a los interesados o impliquen la vulneración de derechos protegidos por las leyes; pueden modificarse o levantarse por circunstancias sobrevenidas o antes desconocidas y se extinguen cuando surte efectos la resolución que finaliza el procedimiento.
📌 El órgano que inicia o tramita un procedimiento puede acumularlo, de oficio o a instancia de parte, a otros con identidad sustancial o íntima conexión si el mismo órgano debe tramitarlos y resolverlos; contra el acuerdo de acumulación no cabe recurso.
Las actuaciones previas preparan la decisión de iniciar; las medidas provisionales protegen la eficacia de una resolución.
★ Imprescindible
📌 En procedimientos sancionadores, el inicio siempre es de oficio y deben separarse las fases instructora y sancionadora, encomendándolas a órganos distintos; no puede imponerse sanción sin procedimiento ni iniciarse otro procedimiento por una infracción continuada antes de que exista una primera resolución sancionadora ejecutiva.
El acuerdo de inicio sancionador debe incluir:
Las solicitudes de inicio deben contener:
📌 El derecho a reclamar responsabilidad patrimonial prescribe al año del hecho o acto que motiva la indemnización o de la manifestación de su efecto lesivo; para daños físicos o psíquicos, el plazo se cuenta desde la curación o determinación de las secuelas.
📌 Si una solicitud incumple los requisitos aplicables, se requiere su subsanación o la aportación de documentos preceptivos en diez días, con indicación de que, si no se atiende el requerimiento, se tendrá al solicitante por desistido mediante resolución; salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el plazo puede ampliarse hasta cinco días si aportar los documentos presenta dificultades especiales.
Complementos
Las denuncias deben identificar a quienes las presentan y relatar los hechos; si estos pudieran constituir infracción administrativa, deben indicar la fecha y, cuando sea posible, identificar a los presuntos responsables; la denuncia por sí sola no confiere la condición de interesado.
Si al iniciar un procedimiento sancionador no hay elementos suficientes para calificar inicialmente los hechos, la calificación puede realizarse después mediante un pliego de cargos que debe notificarse a los interesados.
Cuando varias personas tengan pretensiones de contenido y fundamento idénticos o sustancialmente similares, pueden presentarlas en una única solicitud, salvo que las normas del procedimiento dispongan otra cosa.
Quienes presentan solicitudes, comunicaciones o escritos electrónicamente o en oficinas de asistencia en materia de registros pueden exigir un recibo que acredite la fecha y hora de presentación.
📌 Los modelos específicos de solicitud establecidos expresamente por la Administración para un procedimiento concreto son obligatorios; los modelos voluntarios de presentación masiva pueden acompañarse de elementos adicionales que la Administración debe admitir y considerar.
★ Imprescindible
📌 Las declaraciones responsables y las comunicaciones permiten reconocer o ejercer un derecho, o iniciar una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades administrativas de comprobación, control e inspección.
📌 La inexactitud, falsedad u omisión esencial, o la falta de presentación de la declaración, de la documentación requerida o de la comunicación, impide continuar con el derecho o actividad desde que la Administración conoce los hechos y puede generar responsabilidades penales, civiles o administrativas.
Complementos
Los requisitos de una declaración responsable deben expresarse de forma clara, expresa y precisa, y la Administración puede exigir en cualquier momento la documentación acreditativa, que el interesado deberá aportar.
La comunicación puede presentarse después del inicio de la actividad únicamente cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.
La resolución que constate inexactitud, falsedad, omisión esencial o falta de presentación puede exigir restituir la situación jurídica anterior y prohibir iniciar otro procedimiento con el mismo objeto durante el plazo fijado por la ley sectorial.
Para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad solo puede exigirse una declaración responsable o una comunicación, nunca ambas acumulativamente.
★ Imprescindible
Los expedientes tienen formato electrónico e integran ordenadamente los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias, además de un índice numerado cuando se remiten y una copia electrónica certificada de la resolución.
El procedimiento, sujeto al principio de celeridad, se impulsa de oficio y por medios electrónicos en todos sus trámites, respetando la transparencia y la publicidad.
Por simplificación administrativa, deben acordarse en un solo acto los trámites que admitan impulso simultáneo y no deban cumplirse sucesivamente.
Los trámites a cargo de los interesados deben realizarse en diez días desde el día siguiente a la notificación, salvo que la norma establezca otro plazo.
Complementos
Al remitirse, el expediente electrónico debe enviarse completo, foliado y autenticado, conforme al Esquema Nacional de Interoperabilidad y a las Normas Técnicas de Interoperabilidad, con un índice autenticado que garantice su integridad e inmutabilidad desde la firma y permita recuperarlo.
No forman parte del expediente la información auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos, ni los juicios de valor, salvo los informes preceptivos o facultativos solicitados antes de la resolución final.
Los expedientes de naturaleza homogénea se despachan por orden riguroso de incoación, salvo orden motivada en contrario del titular de la unidad administrativa que quede documentada.
El órgano instructor o el titular de la unidad administrativa responsable responde directamente de la tramitación y, en especial, del cumplimiento de los plazos.
Si la Administración considera que un acto del interesado no reúne los requisitos necesarios, debe comunicarlo y conceder diez días para subsanarlo.
El incumplimiento del plazo puede declarar decaído al interesado en su derecho al trámite, pero se admite la actuación si se realiza antes o el mismo día en que se notifique la resolución que declara transcurrido el plazo.
Las cuestiones incidentales, incluso las relativas a la nulidad de actuaciones, no suspenden el procedimiento, salvo la recusación.
★ Imprescindible
📌 Antes del trámite de audiencia, los interesados pueden formular alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio en cualquier momento, y el órgano competente debe tenerlos en cuenta al redactar la propuesta de resolución.
Complementos
Los sistemas de instrucción deben controlar tiempos y plazos, identificar los órganos responsables y ordenar la tramitación, además de facilitar la simplificación y publicidad de los procedimientos.
Los actos de instrucción que requieran intervención de los interesados deben practicarse de la forma más conveniente para ellos y compatible, en lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
El órgano instructor debe adoptar medidas para respetar plenamente la contradicción y la igualdad de los interesados.
Los interesados pueden alegar en cualquier momento defectos de tramitación, especialmente paralizaciones, infracciones de plazos u omisiones subsanables antes de la resolución definitiva; esas alegaciones pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria si existen razones para ello.
★ Imprescindible
Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, valorado conforme a los criterios de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
El instructor abre un período de prueba de diez a treinta días si no considera ciertos los hechos alegados o si la naturaleza del procedimiento lo exige, y puede abrir, a petición de los interesados, un período extraordinario de hasta diez días cuando lo considere necesario.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes.
En responsabilidad patrimonial es preceptivo pedir informe al servicio cuyo funcionamiento habría causado la lesión indemnizable, y el plazo de emisión no puede superar diez días.
En responsabilidad patrimonial, es preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico cuando la indemnización reclamada sea igual o superior a 50.000 euros, o al umbral autonómico correspondiente, y en los casos previstos por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
Complementos
El instructor solo puede rechazar mediante resolución motivada las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias.
Si el interesado alega discriminación y aporta indicios fundados, la persona a quien se imputa debe aportar una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y su proporcionalidad; el órgano administrativo puede pedir informe a organismos públicos competentes en igualdad.
En procedimientos sancionadores, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a la Administración.
Los documentos formalizados por funcionarios con condición de autoridad hacen prueba de los hechos constatados si cumplen los requisitos legales, salvo prueba en contrario.
Si la valoración de la prueba es fundamento básico e imprescindible para evaluar correctamente los hechos, debe incluirse en la propuesta de resolución.
La Administración comunica con antelación suficiente el inicio de las actuaciones de prueba admitidas e indica en la notificación el lugar, la fecha y la hora, advirtiendo, en su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos asistentes.
Para resolver, deben solicitarse los informes exigidos por ley y los que se consideren necesarios, citando el precepto que los exige o justificando la conveniencia de pedirlos, y concretando los extremos consultados.
Los informes se emiten por medios electrónicos en diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento de los demás plazos permita o exija otro plazo.
Si un informe no se emite dentro del plazo, pueden proseguirse las actuaciones, pero si es preceptivo puede suspenderse el plazo máximo para resolver conforme al artículo 22.1.d.
En esos casos, el instructor remite en diez días desde el fin de la audiencia una propuesta de resolución o de terminación convencional; el dictamen se emite en dos meses y trata la causalidad, la valoración del daño y la cuantía y modalidad de la indemnización.
En reclamaciones por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia es preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial, que debe emitirse en un máximo de dos meses, y el plazo para resolver queda suspendido entre la solicitud y su recepción, sin superar esos dos meses.
★ Imprescindible
Una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pone de manifiesto a los interesados o sus representantes, respetando las limitaciones previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
En el trámite de audiencia, los interesados pueden alegar y presentar documentos y justificaciones en un plazo de diez a quince días.
El anuncio de información pública se publica en el diario oficial correspondiente, indica dónde examinar el expediente —también disponible electrónicamente para quien lo solicite— y fija un plazo de alegaciones de al menos veinte días.
La incomparecencia en la información pública no impide a los interesados recurrir la resolución definitiva, mientras que comparecer no confiere por sí mismo la condición de interesado.
Complementos
La audiencia debe preceder a la solicitud del informe de asesoramiento jurídico o del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico cuando estos formen parte del procedimiento.
Si los interesados manifiestan antes del vencimiento que no formularán alegaciones ni aportarán documentos o justificaciones, se tiene por realizado el trámite de audiencia.
Puede prescindirse de la audiencia cuando el procedimiento no contenga ni la resolución tenga en cuenta hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aportados por el interesado.
En responsabilidad patrimonial comprendida en el artículo 32.9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, siempre debe darse audiencia al contratista, notificándole las actuaciones para que comparezca, exponga lo que estime conveniente y proponga pruebas.
Cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera, el órgano competente para resolver puede acordar un período de información pública.
Quienes presenten alegaciones u observaciones en la información pública tienen derecho a una respuesta razonada, que puede ser común para las alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
Las Administraciones Públicas pueden establecer otras formas, medios y cauces de participación directa o mediante organizaciones y asociaciones reconocidas legalmente.
★ Imprescindible
📌 En un procedimiento sancionador, el reconocimiento de responsabilidad por el infractor permite resolverlo imponiendo la sanción procedente.
📌 En sanciones únicamente pecuniarias, las reducciones aplicables son de al menos el 20 % sobre la sanción propuesta, son acumulables, deben constar en la notificación de inicio y requieren desistir o renunciar a acciones o recursos administrativos contra la sanción.
Complementos
La imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas también lo termina y exige una resolución motivada.
Si la sanción es únicamente pecuniaria, o la sanción no pecuniaria se ha declarado improcedente, el pago voluntario anterior a la resolución termina el procedimiento, salvo respecto de la reposición de la situación alterada y la indemnización por daños y perjuicios.
Las Administraciones pueden celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas públicas o privadas para satisfacer el interés público, si no son contrarios al ordenamiento ni recaen sobre materias no transigibles.
Los instrumentos de terminación convencional deben identificar a las partes y definir su ámbito personal, funcional y territorial, así como su plazo de vigencia.
📌 En responsabilidad patrimonial, el acuerdo entre las partes debe fijar la cuantía y el modo de indemnización conforme a los criterios legales aplicables.
★ Imprescindible
📌 La resolución debe decidir las cuestiones planteadas y las derivadas del procedimiento; para resolver cuestiones conexas no planteadas, debe ponerlas previamente de manifiesto a los interesados por un máximo de quince días para alegaciones y pruebas.
📌 En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la resolución debe ser congruente con sus peticiones y no puede agravar su situación inicial, sin impedir que la Administración inicie otro procedimiento de oficio cuando proceda.
📌 La resolución sancionadora no puede aceptar hechos distintos de los determinados durante el procedimiento; si el órgano aprecia mayor gravedad que la propuesta, debe permitir al inculpado alegar durante quince días.
📌 En responsabilidad patrimonial, la resolución debe pronunciarse sobre la relación causal entre el servicio público y la lesión y, cuando proceda, sobre el daño, la cuantía y el modo de indemnización.
Complementos
La resolución expresa la decisión y, cuando corresponda, su motivación, los recursos procedentes, el órgano ante el que presentarlos y el plazo para interponerlos.
La Administración no puede abstenerse de resolver por silencio, oscuridad o insuficiencia normativa, aunque puede inadmitir solicitudes de derechos no reconocidos por el ordenamiento o manifiestamente infundadas, sin perjuicio del derecho de petición.
La aceptación de informes o dictámenes motiva la resolución cuando estos se incorporan a su texto; si instrucción y resolución corresponden a órganos distintos, el instructor debe elevar una propuesta de resolución.
Concluida la instrucción sancionadora, el instructor notifica una propuesta de resolución que indica la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para alegar y aportar documentos e información.
La propuesta sancionadora determina motivadamente los hechos probados, su calificación jurídica, la infracción, los responsables, la sanción propuesta, la valoración de las pruebas y las medidas provisionales adoptadas.
La resolución sancionadora es ejecutiva cuando ya no cabe recurso ordinario administrativo y puede incluir medidas cautelares para asegurar su eficacia.
Si se fija cautelarmente la suspensión de una resolución sancionadora ejecutiva ante la intención de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa, esta termina si vence el plazo para recurrir sin recurso o si el órgano judicial no concede la suspensión solicitada.
Si la indemnización por daños causados a la Administración no quedó determinada en el expediente sancionador, se fija mediante un procedimiento complementario cuya resolución es inmediatamente ejecutiva; su terminación convencional o aceptación no supone reconocimiento voluntario de responsabilidad.
En la Administración General del Estado, resuelve el ministro correspondiente o el Consejo de Ministros en los supuestos legalmente previstos; en los ámbitos autonómico y local resuelven los órganos correspondientes, y para entidades de derecho público rige su normativa específica o, en su defecto, estas reglas.
★ Imprescindible
📌 Todo interesado puede desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos si la renuncia no está prohibida; si hay varios solicitantes, el desistimiento o la renuncia solo afecta a quienes lo hayan formulado.
En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si este provoca la paralización, la Administración le advierte que habrá caducidad tras tres meses; vencido el plazo sin que realice lo necesario para reanudar la tramitación, se archiva el expediente y se le notifica.
La tramitación simplificada puede acordarse de oficio o a solicitud del interesado cuando lo aconsejen el interés público o la falta de complejidad; antes de resolver, el órgano puede volver a la tramitación ordinaria.
Si alguno de los interesados se opone expresamente a la tramitación simplificada acordada de oficio, la Administración debe continuar por la tramitación ordinaria.
El órgano competente puede desestimar una solicitud de tramitación simplificada si no concurre ninguna de las razones que la justifican, dentro de cinco días; transcurrido ese plazo sin resolución, la solicitud se entiende desestimada y no cabe recurso del interesado.
En responsabilidad patrimonial, el órgano puede acordar de oficio la tramitación simplificada si considera inequívocos el nexo causal entre el servicio público y la lesión, la valoración del daño y el cálculo de la indemnización.
En procedimientos sancionadores puede aplicarse la tramitación simplificada si el órgano que inicia el procedimiento considera que hay elementos suficientes para calificar la infracción como leve; en este caso el interesado no puede oponerse expresamente.
La tramitación simplificada debe resolverse en treinta días desde el día siguiente a la notificación del acuerdo, salvo que quede menos tiempo para la tramitación ordinaria.
Complementos
En procedimientos iniciados de oficio, la Administración puede desistir motivadamente en los supuestos y con los requisitos previstos por las leyes.
La Administración acepta de plano el desistimiento o la renuncia y declara terminado el procedimiento, salvo que terceros personados soliciten continuarlo dentro de los diez días siguientes a su notificación.
Si la cuestión afecta al interés general o conviene aclararla, la Administración puede limitar al interesado los efectos del desistimiento o la renuncia y continuar el procedimiento.
La inactividad en un trámite solo causa caducidad si el trámite es indispensable para resolver; si no lo es, únicamente se pierde el derecho a realizarlo.
La caducidad no extingue por sí sola las acciones ni interrumpe la prescripción; si se inicia un nuevo procedimiento antes de prescribir, pueden conservarse trámites cuyo contenido no haya cambiado, pero deben repetirse las alegaciones, la proposición de prueba y la audiencia.
Cuando la Administración acuerda de oficio la tramitación simplificada, debe notificarlo a los interesados.
La tramitación simplificada comprende únicamente:
📌 La solicitud de dictamen consultivo suspende automáticamente el plazo para resolver hasta que se emita; el dictamen puede emitirse en quince días si lo solicita el órgano competente, y si es contrario al fondo de la propuesta debe continuarse por la tramitación ordinaria, convalidándose las actuaciones anteriores salvo el dictamen.
La oposición expresa obliga a seguir la tramitación ordinaria
★ Imprescindible
La Administración no puede iniciar actuaciones materiales de ejecución que limiten derechos particulares sin una resolución previa que les sirva de fundamento jurídico, y debe notificar al interesado la resolución que autoriza la ejecución.
Los actos administrativos sujetos al Derecho administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión de la ejecución, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición que establezca lo contrario o necesidad de aprobación o autorización superior.
La ejecución forzosa requiere apercibimiento previo y no procede si la ejecución está suspendida o si la Constitución o la ley exigen intervención judicial.
Los medios de ejecución forzosa son:
La ejecución subsidiaria procede para actos no personalísimos que pueda realizar otra persona, a costa del obligado; la compulsión directa se aplica a obligaciones personalísimas de no hacer o soportar solo cuando la ley lo autoriza y respetando la dignidad y los derechos constitucionales.
Las Administraciones Públicas pueden declarar de oficio, en cualquier momento y previo dictamen consultivo favorable, la nulidad de actos que pongan fin a la vía administrativa o no hayan sido recurridos en plazo, cuando concurra una causa del artículo 47.1.
La declaración de lesividad permite impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa actos favorables anulables; no puede adoptarse después de cuatro años desde que se dictó el acto y requiere audiencia previa de los interesados.
Las Administraciones pueden revocar actos desfavorables mientras no haya prescrito la acción, con los límites legales; pueden rectificar en cualquier momento errores materiales, de hecho o aritméticos, de oficio o a instancia del interesado.
Los recursos de alzada y potestativo de reposición pueden interponerse contra resoluciones y actos de trámite que decidan directa o indirectamente el fondo, impidan continuar el procedimiento, causen indefensión o produzcan perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
Contra las disposiciones administrativas generales no cabe recurso administrativo; contra actos firmes en vía administrativa solo procede recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna circunstancia del artículo 125.1.
Ponen fin a la vía administrativa, entre otros, las resoluciones de recursos de alzada, las de procedimientos sustitutivos previstos legalmente, las de órganos sin superior jerárquico salvo disposición contraria, los acuerdos finalizadores, las resoluciones de responsabilidad patrimonial y las resoluciones que una norma declare finalizadoras.
Complementos
La ejecución forzosa debe respetar la proporcionalidad y, si son admisibles varios medios, debe elegirse el menos restrictivo de la libertad individual; para entrar en un domicilio o lugar que requiera autorización se necesita consentimiento o autorización judicial.
La multa coercitiva solo puede imponerse cuando la ley la autoriza y en la forma y cuantía que esta determine; puede reiterarse con intervalos suficientes y es compatible con las sanciones.
Las Administraciones Públicas pueden declarar de oficio, en cualquier momento y previo dictamen consultivo favorable, la nulidad de disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2.
Si un procedimiento de revisión de oficio o de declaración de lesividad puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación, el órgano competente puede suspender la ejecución del acto.
Las facultades de revisión no pueden ejercerse si, por prescripción, tiempo transcurrido u otras circunstancias, hacerlo resulta contrario a la equidad, la buena fe, los derechos de los particulares o las leyes.
La nulidad se revisa de oficio; los actos favorables anulables requieren declaración de lesividad
★ Imprescindible
El escrito de interposición del recurso debe identificar al recurrente, el acto impugnado y la razón de la impugnación, además de indicar lugar, fecha, firma, medio y lugar de notificaciones, órgano destinatario y su código, así como las particularidades exigidas por disposiciones específicas.
Son causas de inadmisión la incompetencia del órgano cuando el competente pertenezca a otra Administración Pública, la falta de legitimación, que el acto no sea recurrible, la presentación fuera de plazo y la manifiesta falta de fundamento; en el primer caso, el recurso debe remitirse al órgano competente.
La interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado, salvo que una disposición establezca lo contrario.
El órgano competente para resolver puede suspender de oficio o a solicitud del recurrente, previa ponderación razonada del perjuicio al interés público o a terceros frente al perjuicio al recurrente, si la ejecución causa daños de imposible o difícil reparación o si la impugnación se funda en una causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1.
Cuando deban considerarse hechos o documentos nuevos no incluidos en el expediente, se ponen de manifiesto a los interesados para que aleguen y aporten documentos y justificantes en un plazo de diez a quince días.
La resolución del recurso puede estimar total o parcialmente las pretensiones, desestimarlas o declarar la inadmisión.
El órgano que resuelve decide todas las cuestiones formales y de fondo planteadas, aunque no las hayan alegado los interesados, a quienes debe oír previamente en ese caso; la resolución debe ser congruente con las peticiones y no puede empeorar la situación inicial del recurrente.
Complementos
El error o la ausencia de calificación del recurso no impide su tramitación si puede deducirse su verdadero carácter.
Quienes causaron los vicios o defectos que hacen anulable un acto no pueden alegarlos.
La ejecución del acto se entiende suspendida si transcurre un mes desde la entrada de la solicitud de suspensión en el registro electrónico competente sin que se haya dictado y notificado resolución expresa.
Al acordar la suspensión pueden adoptarse medidas cautelares para proteger el interés público o a terceros y asegurar la eficacia de la resolución o del acto impugnado; si la suspensión puede causar perjuicios, solo produce efectos tras prestarse caución o garantía suficiente.
La suspensión puede prolongarse tras agotarse la vía administrativa si el interesado la solicitó previamente, existe una medida cautelar que se extiende a la vía contencioso-administrativa y, si interpone recurso contencioso-administrativo solicitando la suspensión, se mantiene hasta el pronunciamiento judicial sobre esa solicitud.
No se consideran al resolver los hechos, documentos o alegaciones que el recurrente pudo aportar en el trámite de alegaciones y no aportó, ni puede solicitarse prueba cuya falta de práctica en el procedimiento originario sea imputable al interesado.
Si existen otros interesados, se les da traslado del recurso para que aleguen lo que estimen procedente dentro del plazo de diez a quince días.
Si existe un vicio de forma y no procede resolver el fondo, se ordena retrotraer el procedimiento al momento en que se cometió, sin perjuicio de que el órgano competente pueda convalidar actuaciones.
Cuando varios recursos administrativos derivan del mismo acto y existe un recurso judicial contra una resolución o contra el acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo puede suspender el plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
Interponer, inadmitir o suspender; dar audiencia y resolver.
★ Imprescindible
Las resoluciones y actos recurribles que no ponen fin a la vía administrativa pueden impugnarse en alzada ante el órgano superior jerárquico; los tribunales y órganos de selección con autonomía funcional se consideran dependientes del órgano de adscripción o, en su defecto, del que nombró a su presidente.
El plazo para interponer alzada contra un acto expreso es de un mes y, si no se interpone, la resolución queda firme; contra un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados pueden recurrir desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de alzada es de tres meses; vencido sin resolución, el recurso se entiende desestimado, salvo el supuesto del artículo 24.1, tercer párrafo.
Los actos que ponen fin a la vía administrativa pueden recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
El plazo para interponer reposición contra un acto expreso es de un mes; contra un acto no expreso, el solicitante y otros posibles interesados pueden interponerla desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
Procede por alguno de estos motivos: error de hecho que resulte de los documentos incorporados al expediente, aparición de documentos esenciales que evidencien el error, aunque sean posteriores, influencia esencial de documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, resolución causada por prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible declarada por
📌 El recurso extraordinario de revisión debe interponerse dentro de los cuatro años siguientes a la notificación del acto cuando se funda en error de hecho; por las demás causas, el plazo es de tres meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.
Complementos
El recurso de alzada puede presentarse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolver; si se presenta ante el primero, este debe remitirlo al competente en diez días, junto con su informe y una copia completa y ordenada del expediente, y su titular responde directamente del cumplimiento.
Contra la resolución de alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos legalmente establecidos.
No puede interponerse recurso contencioso-administrativo contra un acto mientras el recurso de reposición interpuesto no se haya resuelto expresamente o desestimado presuntamente.
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de reposición es de un mes y contra su resolución no puede interponerse de nuevo ese recurso.
El órgano puede inadmitir motivadamente el recurso extraordinario de revisión sin dictamen consultivo si no se funda en una causa legal o si ya se desestimaron en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
Al resolver el recurso extraordinario de revisión, el órgano debe pronunciarse sobre su procedencia y, cuando corresponda, sobre el fondo del asunto resuelto por el acto recurrido.
Si transcurren tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin que se dicte y notifique resolución, se entiende desestimado y queda abierta la vía contencioso-administrativa.
Alzada ante el superior; reposición ante el mismo órgano; revisión extraordinaria ante el autor del acto.
★ Imprescindible
El Gobierno de la Nación ejerce la iniciativa legislativa elaborando y aprobando anteproyectos de ley y remitiendo después proyectos de ley a las Cortes Generales; los órganos de gobierno autonómicos la ejercen según la Constitución y sus estatutos.
La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas conforme a sus estatutos y a los órganos de gobierno locales conforme a la Constitución, los estatutos y la Ley 7/1985, de 2 de abril.
📌 Los reglamentos y las disposiciones administrativas no pueden contradecir la Constitución ni las leyes, regular materias reservadas constitucional o estatutariamente a las Cortes Generales o a las asambleas legislativas autonómicas, tipificar delitos o infracciones, establecer penas o sanciones ni crear tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones públicas personales o patrimoniales.
Complementos
El Gobierno de la Nación puede aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos en los términos constitucionales, y los órganos de gobierno autonómicos pueden aprobar normas equivalentes en su ámbito territorial conforme a la Constitución y sus estatutos.
Las disposiciones administrativas deben respetar el orden jerárquico establecido por las leyes y no pueden vulnerar disposiciones de rango superior.
Por necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe justificarse en una razón de interés general, identificar claramente sus fines y ser el instrumento más adecuado para alcanzarlos.
Por proporcionalidad, la iniciativa normativa debe limitarse a la regulación imprescindible y comprobar que no existen medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones.
La seguridad jurídica exige coherencia con el ordenamiento nacional y de la Unión Europea y un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y cierto; los trámites administrativos adicionales o distintos a los de la ley deben justificarse por la singularidad de la materia o los fines de la propuesta.
Como regla general, las leyes habilitan al Gobierno o al consejo de gobierno correspondiente para el desarrollo reglamentario; la atribución directa a titulares de departamentos u otros órganos subordinados es excepcional y debe justificarse en la ley habilitante, y las leyes pueden habilitar directamente a autoridades independientes u otros organismos competentes cuando lo exija la naturaleza de la materia.
La transparencia requiere facilitar acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa vigente y a los documentos de elaboración, definir los objetivos y su justificación, y permitir la participación activa de los potenciales destinatarios.
La eficiencia exige evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar la gestión de los recursos públicos.
Si una iniciativa normativa afecta a ingresos o gastos públicos presentes o futuros, deben cuantificarse y valorarse sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.
NEPSTEF: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
★ Imprescindible
📌 Las normas con rango de ley, los reglamentos y las disposiciones administrativas deben publicarse en el diario oficial correspondiente para entrar en vigor y producir efectos jurídicos; pueden utilizarse medios complementarios de publicidad.
📌 Las Administraciones Públicas harán público anualmente un Plan Normativo con las iniciativas legales o reglamentarias previstas para aprobación durante el año siguiente y, una vez aprobado, lo publicarán en el Portal de la Transparencia correspondiente.
📌 Los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales por razón de la materia se rigen por esas leyes respecto de los trámites que omitan, añadan o regulen de manera distinta.
Se rigen por normativa específica y supletoriamente por la Ley: procedimientos tributarios y aduaneros, incluida su revisión administrativa, procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y revisión de Seguridad Social y Desempleo, procedimientos sancionadores tributarios, aduaneros, del orden social, de tráfico y seguridad vial y de extranjería, procedimientos de extranjería y asilo
Las Comunidades Autónomas y Entidades Locales pueden adherirse voluntariamente y por medios electrónicos a las plataformas y registros de la Administración General del Estado; si no se adhieren, deben justificarlo por eficiencia conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 2/2012.
No se admiten ni pueden autorizarse sistemas de identificación basados en tecnologías de registro distribuido ni sistemas de firma basados en ellos hasta que el Estado los regule específicamente en el marco del Derecho de la Unión Europea.
El acuerdo del Consejo de Ministros que declare una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil puede suspender plazos de trámites administrativos de interesados residentes en los municipios incluidos y de otros que acrediten que cumplirlos resulta imposible o gravoso por la emergencia; la suspensión termina con un nuevo acuerdo y entonces se reanudan los plazos.
Complementos
La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas produce, con las condiciones y garantías fijadas por cada Administración, los mismos efectos que la edición impresa; la publicación electrónica del BOE tiene carácter oficial y auténtico.
Si una norma afecta a derechos e intereses legítimos, se publicará su texto para audiencia y aportaciones adicionales; podrán consultarse directamente las organizaciones o asociaciones legalmente reconocidas que representen a las personas afectadas y tengan fines relacionados con la norma.
Pueden omitirse consulta, audiencia e información públicas para normas presupuestarias u organizativas de las Administraciones y entidades dependientes, o por razones graves de interés público; puede omitirse la consulta previa si la propuesta no tiene impacto económico significativo, no impone obligaciones relevantes o regula aspectos parciales de una materia.
Si una Comunidad Autónoma o Entidad Local acredita ante el Ministerio competente que presta el servicio con mayor eficiencia y mantiene su propia plataforma o registro, debe garantizar su cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad y del Esquema Nacional de Seguridad, la compatibilidad e interconexión y la transmisión telemática de comunicaciones.
En procedimientos con normativa específica, cuando concurran los supuestos del artículo 44, la notificación se practicará mediante anuncio en el BOE, aunque facultativamente pueda haberse realizado antes conforme a esa normativa; la publicación es gratuita para quien la solicite.
Las Administraciones Públicas mantendrán actualizado en la sede electrónica un directorio geográfico para localizar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima al domicilio del interesado.
📌 La actuación administrativa de determinados órganos constitucionales estatales, órganos legislativos autonómicos e instituciones autonómicas análogas se rige por su normativa específica, dentro del marco de los principios de actuación administrativa de la Ley.
★ Imprescindible
Mientras no entren en vigor el registro electrónico y el archivo electrónico único en la Administración General del Estado, durante el primer año pueden mantenerse los registros y archivos existentes y durante el segundo año puede haber como máximo un registro electrónico y un archivo electrónico por Ministerio, además de un registro electrónico por organismo público.
Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley siguen la normativa anterior; los procedimientos de revisión de oficio iniciados después se tramitan conforme a la nueva Ley.
Los actos y resoluciones posteriores a la entrada en vigor se rigen por la nueva Ley en materia de recursos, mientras que los pendientes de ejecución se ejecutan conforme a la normativa vigente cuando fueron dictados.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que contradigan la Ley y, expresamente, la Ley 30/1992, la Ley 11/2007, los artículos 4 a 7 de la Ley 2/2011 y el Real Decreto 429/1993, entre otras disposiciones enumeradas.
Hasta que produzcan efectos las previsiones sobre registros electrónicos, punto de acceso general electrónico y archivo único electrónico, siguen vigentes los artículos de las normas citadas en las letras a), b) y g) relativos a esas materias.
Para demandar a una Administración o entidad pública, generalmente debe agotarse la vía administrativa; se exceptúa la demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos administrativos laborales o sindicales.
Agotada la vía administrativa, el plazo general para formalizar demanda social es de dos meses; para despidos y otras acciones sujetas a caducidad es de veinte días hábiles o el plazo especial aplicable.
Complementos
El archivo de documentos de procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley se rige por la normativa anterior; cuando sea posible, los documentos en papel de procedimientos finalizados antes de esa entrada en vigor deben digitalizarse conforme a la normativa aplicable.
Hasta que entren en vigor las previsiones sobre registros electrónicos, punto de acceso general electrónico y archivo único, las Administraciones mantendrán los canales, medios o sistemas electrónicos vigentes que garanticen el derecho de las personas a relacionarse electrónicamente con ellas.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial por declaración de inconstitucionalidad de una norma o por ser contraria al Derecho de la Unión Europea, iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley, se resuelven conforme a la normativa vigente cuando comenzaron.
La disposición derogatoria única deroga expresamente, entre otras normas, el Real Decreto 1398/1993, el Real Decreto 772/1999 y determinados artículos y disposiciones del Real Decreto 1671/2009.
Las referencias vigentes a las disposiciones expresamente derogadas se entienden hechas a las disposiciones de la nueva Ley que regulan la misma materia.
En las demandas de tutela de derechos fundamentales exceptuadas del agotamiento, el plazo es de veinte días desde el día siguiente a la notificación o al vencimiento del plazo para resolver; si se alega inactividad, vía de hecho o recurso administrativo potestativo, comienza tras veinte días desde la reclamación o presentación del recurso.
En el proceso social no pueden introducirse variaciones sustanciales de tiempo, cantidades o conceptos respecto de lo planteado en el procedimiento administrativo, salvo hechos nuevos o que no pudieron conocerse antes.
La reclamación previa sobre prestaciones de Seguridad Social interrumpe la prescripción y suspende la caducidad, cuyo plazo se reanuda al día siguiente de la notificación de la resolución o del vencimiento del plazo para entenderla desestimada.
★ Imprescindible
📌 El trabajador puede reclamar contra el despido en los veinte días hábiles siguientes; no se computan sábados, domingos ni festivos en la sede judicial, y el plazo es de caducidad.
La Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencias sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, el procedimiento administrativo común y el sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas.
La Ley entra en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Complementos
La reconvención solo se admite si fue anunciada previamente, se expresaron esencialmente sus hechos y petición, el órgano judicial es competente, la acción corresponde a esa modalidad procesal, es acumulable y existe conexión con la demanda principal.
Para demandar al Estado por salarios de tramitación debe reclamarse previamente en vía administrativa y acompañarse a la demanda la resolución denegatoria o la solicitud de pago.
Las normas estatales, autonómicas y locales incompatibles con la Ley deben adaptarse en el plazo de un año desde su entrada en vigor.
Cuestiones previas, demanda, contestación y fijación de hechos preceden a la prueba y las conclusiones.
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1. ¿En qué fecha se promulgó la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
2. Una reforma organiza tanto las relaciones de una Administración con la ciudadanía como las que mantiene con otras Administraciones e instituciones estatales. ¿Qué dos ejes estructuran esa reforma?
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¿En qué fecha se promulgó la Ley 39/2015?
El 1 de octubre de 2015.
¿Cuáles son los dos ejes de la reforma del ordenamiento jurídico público?
Las relaciones ad extra con ciudadanos y empresas, y las relaciones ad intra entre Administraciones e instituciones del Estado.
¿Qué ley fue un hito del Derecho administrativo constitucional?
La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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