Test: Procedimiento administrativo común (121 preguntas)

Preguntas y respuestas del test

1. ¿En qué fecha se promulgó la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

El 1 de octubre de 2015
El 2 de octubre de 2015
El 22 de junio de 2015
El 26 de noviembre de 2015

El 1 de octubre de 2015

Explicación

La Ley 39/2015 se promulgó el 1 de octubre de 2015. El 2 de octubre corresponde a su publicación en el BOE, mientras que las otras fechas se asocian a leyes distintas o a fechas incorrectas.

2. Una reforma organiza tanto las relaciones de una Administración con la ciudadanía como las que mantiene con otras Administraciones e instituciones estatales. ¿Qué dos ejes estructuran esa reforma?

Eficacia administrativa y sometimiento a la ley
Relaciones entre ciudadanos y relaciones entre empresas
Relaciones ad extra y relaciones ad intra
Potestad de autotutela e iniciativa legislativa

Relaciones ad extra y relaciones ad intra

Explicación

La reforma se articula en las relaciones ad extra con ciudadanos y empresas y las relaciones ad intra entre Administraciones e instituciones del Estado. La autotutela y la iniciativa legislativa son materias reguladas en el ámbito ad extra, no los dos ejes.

3. Al diseñar una norma sobre la relación de una Administración con una empresa, se incluyen la emisión de actos que afectan a sus derechos, la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. ¿Qué ley regula ese ámbito ad extra?

La Ley del Procedimiento Administrativo Común
La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público
La regulación de las relaciones ad intra
La regulación de las relaciones entre particulares

La Ley del Procedimiento Administrativo Común

Explicación

La Ley del Procedimiento Administrativo Común regula las relaciones ad extra, incluidas la autotutela, la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público corresponde al otro eje de la reforma, centrado en las relaciones internas.

4. Una Administración sigue una secuencia ordenada de trámites conforme al cauce legal para adoptar una decisión formal. ¿Cómo se denomina ese conjunto de actuaciones?

Procedimiento administrativo
Potestad de autotutela
Reglamento administrativo
Acto administrativo

Procedimiento administrativo

Explicación

El procedimiento administrativo es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones realizados conforme al cauce legal para dictar un acto o expresar la voluntad administrativa. El acto es el resultado posible del procedimiento, no la secuencia que lo forma.

5. ¿Qué aportación se asocia a la Ley 30/1992 en la evolución del Derecho administrativo constitucional?

Estableció la primera regulación completa del procedimiento administrativo
Mejoró el funcionamiento administrativo y reforzó las garantías ciudadanas frente a la autotutela
Integró las Leyes 30/1992 y 11/2007 en una regulación sistemática
Reconoció el derecho ciudadano a relacionarse electrónicamente con la Administración

Mejoró el funcionamiento administrativo y reforzó las garantías ciudadanas frente a la autotutela

Explicación

La Ley 30/1992 fue un hito del Derecho administrativo constitucional porque mejoró el funcionamiento de las Administraciones y reforzó las garantías ciudadanas frente a la autotutela. El derecho de relación electrónica se asocia a la Ley 11/2007; la regulación completa inicial fue la de 1958.

6. Una ciudadana quiere realizar sus gestiones por vía electrónica y la Administración debe habilitar los recursos para que pueda hacerlo. ¿Qué ley reconoció ese derecho y estableció esa obligación administrativa?

La Ley 11/2007
La Ley 30/1992
La Constitución de 1978
La Ley de Procedimiento Administrativo de 1958

La Ley 11/2007

Explicación

La Ley 11/2007 reconoció el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones y obligó a estas a disponer de los medios y sistemas necesarios. La Ley 30/1992 tuvo en cuenta las nuevas tecnologías, pero el reconocimiento legal indicado corresponde a la de 2007.

7. Una Administración sustituye el papel por una tramitación íntegramente electrónica. ¿Qué efecto general se atribuye a ese cambio?

Mejora eficacia, pero eleva costes para ciudadanos y empresas
Ahorra costes, mejora eficacia y eficiencia y refuerza garantías
Ahorra costes, pero reduce eficacia y debilita garantías
Refuerza garantías, pero mantiene la dispersión de los regímenes jurídicos

Ahorra costes, mejora eficacia y eficiencia y refuerza garantías

Explicación

El funcionamiento íntegramente electrónico puede ahorrar costes a ciudadanos y empresas, mejorar la eficacia y la eficiencia y reforzar las garantías de los interesados. La reducción de garantías y el aumento de costes contradicen los efectos atribuidos a la Administración sin papel.

8. Una reforma pretende ordenar normas dispersas, integrar el contenido de dos leyes anteriores y acelerar la tramitación mediante medios electrónicos. ¿Qué objetivo describe mejor esa reforma?

Sustituir la tramitación electrónica por una gestión basada en papel
Reconocer el acceso electrónico y mantener separadas las regulaciones anteriores
Sistematizar el procedimiento, integrar las leyes anteriores y agilizar la tramitación electrónica
Crear regímenes procedimentales distintos y reforzar la autotutela

Sistematizar el procedimiento, integrar las leyes anteriores y agilizar la tramitación electrónica

Explicación

La nueva Ley buscó sistematizar la regulación del procedimiento, clarificar e integrar el contenido de las Leyes 30/1992 y 11/2007 y agilizar los procedimientos mediante el funcionamiento electrónico. Reconocer el acceso electrónico fue una aportación de la Ley 11/2007, pero no recoge por sí solo el objetivo integrador posterior.

9. Una Administración quiere alcanzar un objetivo regulatorio y, al mismo tiempo, favorecer la actividad económica y reducir cargas para la ciudadanía y las empresas. ¿Qué enfoque reúne esos propósitos?

Un sistema de incentivos económicos separado de la calidad jurídica
Una reducción de trámites sin atender al objetivo regulatorio
Una evaluación normativa centrada en eliminar la regulación
Un marco jurídico de calidad con incentivos adecuados y procesos simplificados

Un marco jurídico de calidad con incentivos adecuados y procesos simplificados

Explicación

La regulación inteligente combina un marco jurídico de calidad orientado a un objetivo con incentivos para dinamizar la actividad y medidas para simplificar procesos y reducir cargas. La mera reducción de trámites omite el objetivo regulatorio; los incentivos separados del marco jurídico y la desregulación tampoco reúnen todos esos elementos.

10. Al preparar una norma, un equipo analiza sus efectos previstos antes de aprobarla y, un año después, estudia sus consecuencias reales y consulta a ciudadanos y empresas. ¿Qué práctica refleja este trabajo?

Participación pública como sustituto del análisis de impacto normativo
Evaluación ex post antes de aprobar y ex ante tras su aplicación
Evaluación continua ex ante y ex post con participación ciudadana y empresarial
Evaluación previa sin revisar luego los efectos de la norma

Evaluación continua ex ante y ex post con participación ciudadana y empresarial

Explicación

La calidad regulatoria requiere analizar continuamente el impacto antes y después de aprobar la norma y permitir la participación de ciudadanos y empresas. Invertir ex ante y ex post altera el orden temporal; tomar la participación por evaluación o prescindir del análisis posterior deja incompleto el proceso.

11. ¿Qué objetivo perseguía establecer por primera vez en una ley las bases de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas?

Asegurar buena regulación, participación ciudadana y predictibilidad evaluable
Garantizar la audiencia ciudadana sin prever la evaluación pública normativa
Organizar internamente las Administraciones y distribuir sus competencias
Sustituir la seguridad jurídica por una mayor discrecionalidad normativa

Asegurar buena regulación, participación ciudadana y predictibilidad evaluable

Explicación

Las bases se establecieron para guiar la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria conforme a la buena regulación, garantizar audiencia y participación, y favorecer la predictibilidad y evaluación pública del ordenamiento. La organización interna, la audiencia aislada y la sustitución de la seguridad jurídica no expresan ese conjunto de fines.

12. Una Administración pretende introducir mediante reglamento un trámite adicional al previsto en la norma, además de especificar qué órgano tramitará el procedimiento y cuáles serán sus plazos. ¿Qué puede establecer válidamente el reglamento?

El trámite adicional, el órgano y los plazos por vía reglamentaria
El órgano, pero tanto el trámite como los plazos requieren una ley
El trámite adicional y los plazos, aunque el órgano requiere una ley
El órgano y los plazos, pero el trámite adicional requiere una ley

El órgano y los plazos, pero el trámite adicional requiere una ley

Explicación

Los trámites adicionales o distintos requieren una ley, mientras que el reglamento puede concretar aspectos como los órganos competentes y los plazos. Permitir al reglamento crear el trámite confunde concreción con innovación; exigir ley para órgano o plazos desconoce las especialidades que pueden regularse reglamentariamente.

13. Una persona presenta una solicitud administrativa rutinaria y, en otro trámite, debe manifestar expresamente su consentimiento. ¿Qué medio corresponde, por regla general, a cada caso?

Firma para la solicitud e identificación para acreditar el consentimiento
Firma en ambos casos, pues identifica y expresa la voluntad
Identificación en ambos casos, pues acredita también el consentimiento
Identificación para la solicitud y firma para acreditar el consentimiento

Identificación para la solicitud y firma para acreditar el consentimiento

Explicación

La identificación acredita quién actúa y suele bastar para relacionarse con la Administración; la firma se exige cuando debe acreditarse la voluntad y el consentimiento. Usar firma para la relación rutinaria confunde ambos cometidos, mientras que la identificación sola no prueba el consentimiento requerido.

14. Una persona desea presentar en papel una solicitud ante una Administración cuyo registro electrónico general se gestiona mediante adhesión al de la Administración General del Estado. ¿Qué debe permitir la oficina de asistencia en materia de registros?

Aceptar la solicitud electrónica, pero no tramitar documentos en papel
Remitir a la persona a un registro propio distinto del registro estatal
Recibir la solicitud en papel y convertirla a formato electrónico
Recibir la solicitud en papel y conservarla fuera del registro electrónico

Recibir la solicitud en papel y convertirla a formato electrónico

Explicación

Las oficinas de asistencia permiten presentar solicitudes en papel y convertirlas a formato electrónico, aunque la Administración se haya adherido al registro general estatal. Confundir la oficina con el registro no elimina esa función; tampoco se excluye el papel ni se exige crear un registro independiente.

15. Una notificación electrónica está disponible para una persona que comunicó su correo electrónico a la Administración. ¿Qué combinación describe el modo previsto para notificarla y facilitar su conocimiento?

Publicarla en el Punto de Acceso General y enviar allí el aviso electrónico
Enviar la notificación al correo comunicado y prescindir de la sede electrónica
Ponerla en la sede electrónica o dirección habilitada y enviar un aviso si es posible
Ponerla en papel y avisar por correo antes de habilitar el acceso electrónico

Ponerla en la sede electrónica o dirección habilitada y enviar un aviso si es posible

Explicación

Las notificaciones electrónicas son preferentes y se practican en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única; si es posible, se envía un aviso al dispositivo o correo comunicado, y se accede a ellas mediante el Punto de Acceso General Electrónico. El aviso no sustituye la notificación, el correo no reemplaza los canales oficiales y el Punto de Acceso es una vía de acceso.

16. Antes de redactar una norma para abordar un problema nuevo, una Administración prepara una consulta inicial. ¿Qué aspectos debe recabar de ciudadanos y empresas?

Problemas y objetivos, reservando la participación para después de aprobarla
Objetivos y alternativas regulatorias, dejando fuera las no regulatorias
Redacción final, calendario de aprobación y órganos responsables de aplicarla
Problemas, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas regulatorias y no regulatorias

Problemas, necesidad y oportunidad, objetivos y alternativas regulatorias y no regulatorias

Explicación

Antes de elaborar la norma deben recabarse opiniones sobre el problema, la necesidad y oportunidad de aprobarla, sus objetivos y las alternativas tanto regulatorias como no regulatorias. Consultar solo sobre un borrador terminado llega después de la fase prevista; limitarse a la conveniencia o excluir alternativas no regulatorias deja fuera aspectos esenciales.

17. ¿Qué conjunto de materias regula la Ley en relación con la actividad administrativa?

La organización de los órganos judiciales y los principios de elaboración de sentencias administrativas
El procedimiento sancionador y de responsabilidad, sin incluir los demás procedimientos comunes
La composición del sector público, la capacidad civil y el régimen de representación de los interesados
La validez y eficacia de los actos, el procedimiento común y los principios de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria

La validez y eficacia de los actos, el procedimiento común y los principios de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria

Explicación

El objeto comprende los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento común —incluidos el sancionador y el de responsabilidad— y los principios de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. La composición del sector público y la capacidad civil pertenecen a otros aspectos; limitarlo a dos procedimientos o atribuirle materias judiciales no refleja ese objeto.

18. Un órgano quiere añadir un trámite al procedimiento que no aparece en la Ley. ¿Qué condición debe cumplir para establecerlo válidamente?

Establecerlo mediante ley, aunque no se motive si el trámite agiliza la instrucción
Establecerlo mediante acuerdo del órgano, si se considera útil para resolver el procedimiento
Establecerlo mediante ley, motivando que es eficaz, proporcionado y necesario para los fines del procedimiento
Establecerlo mediante reglamento, siempre que resulte conveniente para la gestión del procedimiento

Establecerlo mediante ley, motivando que es eficaz, proporcionado y necesario para los fines del procedimiento

Explicación

Los trámites adicionales o distintos requieren una ley y una motivación que justifique su eficacia, proporcionalidad y necesidad para los fines del procedimiento. La regulación reglamentaria o un acuerdo del órgano no sustituyen esa exigencia, y la conveniencia o agilidad no reemplazan todos los criterios exigidos.

19. Una ley reconoce expresamente capacidad para actuar ante la Administración a una entidad sin personalidad jurídica. ¿Cuál es la consecuencia?

La entidad puede actuar solo si cada integrante acredita su representación individual
La entidad carece de capacidad de obrar mientras no adquiera personalidad jurídica propia
La entidad puede tener capacidad de obrar ante la Administración por reconocimiento expreso de la ley
La entidad obtiene capacidad de obrar al inscribirse en un registro administrativo

La entidad puede tener capacidad de obrar ante la Administración por reconocimiento expreso de la ley

Explicación

Los grupos de afectados, las entidades sin personalidad y los patrimonios autónomos pueden tener capacidad de obrar cuando una ley lo declara expresamente. Exigir personalidad jurídica desconoce esa excepción; la representación individual y la inscripción registral no son el criterio señalado.

20. Una persona actúa en nombre de otra para presentar un recurso administrativo. ¿Qué debe hacer respecto de su representación?

Acreditarla, porque interponer un recurso es un acto para el que se exige representación
No acreditarla, porque cualquier actuación procedimental se presume representativa
Acreditarla solo si la Administración cuestiona la capacidad civil del interesado
No acreditarla si la persona representada ha sido informada del recurso

Acreditarla, porque interponer un recurso es un acto para el que se exige representación

Explicación

La representación debe acreditarse para interponer recursos en nombre de otra persona; la presunción se aplica a los actos de mero trámite. La capacidad civil del interesado y su conocimiento de la actuación no reemplazan la acreditación exigida.

21. ¿Qué alternativa reúne sistemas de identificación electrónica admitidos por la Administración?

Certificados ordinarios de firma o sello, y otros sistemas válidos comunicados después de su uso
Certificados cualificados de firma, junto con sistemas alternativos sin registro previo de usuario
Certificados cualificados de firma o sello, y otros sistemas válidos con registro previo y comunicación a la Secretaría General de Administración Digital
Certificados cualificados de sello, junto con sistemas alternativos aprobados por un órgano judicial

Certificados cualificados de firma o sello, y otros sistemas válidos con registro previo y comunicación a la Secretaría General de Administración Digital

Explicación

Entre los sistemas admitidos están los certificados cualificados de firma y de sello, además de otros sistemas válidos con registro previo de usuario y comunicación a la Secretaría General de Administración Digital. Los certificados ordinarios, la comunicación posterior y la aprobación judicial alteran los requisitos.

22. Al firmar electrónicamente un documento, ¿qué aspectos permite acreditar la firma?

La identidad del dispositivo utilizado y la fecha de recepción del documento
La confidencialidad del contenido y la conservación indefinida del documento
La competencia del órgano receptor y la validez del procedimiento completo
La autenticidad de la voluntad y el consentimiento, y la integridad e inalterabilidad del documento

La autenticidad de la voluntad y el consentimiento, y la integridad e inalterabilidad del documento

Explicación

La firma acredita la autenticidad de la expresión de voluntad y consentimiento del interesado, además de la integridad e inalterabilidad del documento. La identificación del dispositivo, la fecha, la competencia del órgano y la confidencialidad no son los efectos descritos.

23. Una Administración desea admitir un sistema de firma alternativo basado en una cuenta de usuario. ¿Qué requisitos debe reunir para poder admitirlo?

Registro previo que garantice la identidad, declaración responsable y comunicación después de admitir el sistema
Registro previo que garantice la identidad, comunicación previa a la Secretaría General y declaración responsable de cumplimiento normativo
Registro posterior que confirme la identidad, comunicación previa a la Secretaría General y certificación judicial
Registro previo que garantice la identidad, publicación oficial del sistema y certificación cualificada del usuario

Registro previo que garantice la identidad, comunicación previa a la Secretaría General y declaración responsable de cumplimiento normativo

Explicación

Para admitir otros sistemas de firma se exige un registro previo que garantice la identidad, comunicación previa a la Secretaría General de Administración Digital y declaración responsable de cumplimiento normativo. La certificación judicial o cualificada no sustituye esos requisitos, y la comunicación posterior no es previa.

24. Una Administración admite también un sistema alternativo de firma, pero un trámite concreto se inicia. ¿Qué debe garantizar respecto de los sistemas basados en certificados cualificados de firma y de sello?

Que el sistema alternativo pueda utilizarse en todos los trámites en lugar de los certificados
Que ambos sistemas basados en certificados se utilicen en cada trámite iniciado electrónicamente
Que los certificados puedan utilizarse en los procedimientos, pero no en sus trámites concretos
Que ambos sistemas basados en certificados puedan utilizarse en todos los procedimientos y trámites

Que ambos sistemas basados en certificados puedan utilizarse en todos los procedimientos y trámites

Explicación

La Administración debe permitir los sistemas de firma basados en certificados cualificados de firma y de sello en todos los procedimientos y trámites, aunque admita otros sistemas. Permitirlos no significa imponer su uso, y la admisión de alternativas no los sustituye ni limita su uso a procedimientos completos.

25. En un procedimiento administrativo, una interesada debe acreditar su identidad antes de realizar una actuación que no exige firma obligatoria. ¿Qué requisito general debe cumplir?

Firmar electrónicamente la actuación con cualquier sistema disponible
Acreditar previamente su identidad mediante un medio de identificación legalmente previsto
Obtener autorización previa del órgano administrativo
Aportar una copia auténtica de su documento de identidad

Acreditar previamente su identidad mediante un medio de identificación legalmente previsto

Explicación

Como regla general, basta con acreditar previamente la identidad mediante cualquiera de los medios de identificación previstos legalmente. Exigir firma para toda actuación confunde identificación con firma; la firma manuscrita y la copia auténtica no son requisitos generales, y no se exige autorización previa.

26. Una persona presenta una comunicación ante una Administración Pública. ¿En cuál de estas actuaciones puede exigírsele obligatoriamente la firma?

Al acceder a un archivo público
Al presentar la comunicación
Al consultar el estado de un expediente
Al pedir información general sobre un servicio

Al presentar la comunicación

Explicación

La presentación de comunicaciones es una de las actuaciones para las que puede exigirse firma obligatoria. Los recursos también pueden requerirla, pero la consulta de expedientes, la petición de información y el acceso a archivos no figuran por sí mismos entre esos supuestos.

27. Una persona física que no está obligada a relacionarse electrónicamente solicita ayuda para presentar una solicitud en el registro electrónico general. ¿Qué debe hacer la Administración?

Aceptar la solicitud únicamente en papel, sin asistencia digital
Exigirle que designe un representante obligado a usar medios electrónicos
Prestarle asistencia en el uso de medios electrónicos, incluida la presentación por el registro general
Ayudarla solo a obtener copias auténticas, no a presentar solicitudes

Prestarle asistencia en el uso de medios electrónicos, incluida la presentación por el registro general

Explicación

La Administración debe asistir, cuando se solicite, a quienes no están incluidos en los grupos obligados, particularmente en la presentación de solicitudes por el registro electrónico general. La asistencia no equivale a una exención del trámite, y también puede abarcar identificación, firma y copias auténticas.

28. Una persona física no obligada a comunicarse electrónicamente empieza un trámite por internet y después prefiere continuar en persona. ¿Qué puede hacer?

Continuar electrónicamente por ser el canal elegido primero
Mantener el canal electrónico elegido al iniciar el trámite
Cambiar de canal solo con autorización del órgano competente
Cambiar el canal de comunicación en cualquier momento

Cambiar el canal de comunicación en cualquier momento

Explicación

Las personas físicas pueden elegir y cambiar en cualquier momento el canal de comunicación, salvo que estén obligadas a relacionarse electrónicamente. Considerar irrevocable la elección inicial elimina esa facultad; la obligación electrónica corresponde a determinados grupos, no a esta persona.

29. Durante la tramitación de un expediente, un obstáculo administrativo retrasa el ejercicio de los derechos de la persona interesada. ¿A quién corresponde actuar para eliminarlo?

Al órgano legislativo que regula el procedimiento
A cualquier ciudadano que conozca el retraso
A la persona interesada, que debe eliminar por sí misma el obstáculo
A los titulares de las unidades y al personal encargado de tramitar o resolver

A los titulares de las unidades y al personal encargado de tramitar o resolver

Explicación

Los titulares de las unidades y el personal encargado de tramitar o resolver son responsables directos y deben adoptar medidas para remover obstáculos que impidan, dificulten o retrasen los derechos o intereses legítimos. La persona interesada puede pedir que se exija esa responsabilidad, pero no sustituye al personal responsable.

30. Un procedimiento iniciado a solicitud de una persona termina porque su objeto desaparece durante la tramitación. ¿Qué debe contener la resolución administrativa?

La declaración de la circunstancia, con los hechos producidos y las normas aplicables
Una declaración de desistimiento atribuida a la persona interesada
Una decisión sobre el fondo como si el objeto siguiera existiendo
Una notificación de cierre sin explicar la circunstancia concurrente

La declaración de la circunstancia, con los hechos producidos y las normas aplicables

Explicación

La Administración debe dictar y notificar resolución expresa, incluso cuando desaparece sobrevenidamente el objeto; en ese caso debe declarar la circunstancia e indicar los hechos y las normas aplicables. La desaparición no suprime el deber de resolver ni permite atribuir un desistimiento que no se produjo.

31. La norma de un procedimiento no fija un plazo máximo para notificar la resolución. ¿Qué plazo se aplica?

El plazo que decida el órgano al iniciar el procedimiento
Seis meses
Un mes
Tres meses

Tres meses

Explicación

Si la norma reguladora no fija un plazo máximo, el plazo para resolver y notificar es de tres meses. Los seis meses son el límite general cuando la norma establece un plazo, salvo excepciones; el plazo de suspensión por informes es una regla distinta.

32. En un procedimiento iniciado de oficio, la Administración adopta el acuerdo de inicio el 12 de abril y notifica la resolución meses después. ¿Desde qué fecha se computa el plazo máximo?

Desde la entrada de una solicitud en el registro electrónico
Desde la fecha del acuerdo de inicio
Desde la primera actuación material de tramitación
Desde la fecha en que se notifica la resolución

Desde la fecha del acuerdo de inicio

Explicación

En los procedimientos iniciados de oficio, el plazo se cuenta desde la fecha del acuerdo de inicio. La entrada de una solicitud en el registro corresponde a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado; la notificación final y las actuaciones materiales no son el punto de partida previsto.

33. Una persona presenta una solicitud y vence el plazo máximo sin que se le notifique una resolución expresa. No existe una norma con rango de ley ni una norma europea o internacional aplicable que establezca lo contrario. ¿Cómo se entiende resuelta la solicitud?

Estimada por silencio administrativo.
Archivada por vencimiento del plazo.
Desestimada por silencio administrativo.
Suspendida hasta que se dicte una resolución expresa.

Estimada por silencio administrativo.

Explicación

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo sin notificación implica, como regla general, la estimación por silencio, salvo que una norma aplicable establezca lo contrario. La desestimación generaliza indebidamente una excepción; el silencio no suspende el procedimiento ni lo archiva por sí mismo.

34. Una solicitud se refiere a una actividad que puede dañar el medio ambiente. ¿Qué sentido tiene el silencio administrativo cuando vence el plazo sin resolución notificada?

Caducatorio.
Desestimatorio.
Suspensivo.
Estimatorio.

Desestimatorio.

Explicación

El silencio es desestimatorio en los procedimientos sobre actividades que puedan dañar el medio ambiente. La regla estimatoria general tiene esa excepción; la responsabilidad patrimonial es otra materia distinta, y la exigencia de razones imperiosas de interés general se refiere al acceso a actividades o a su ejercicio cuando una ley establezca silencio desestimatorio.

35. ¿Qué efecto distingue la estimación por silencio de la desestimación por silencio?

La estimación obliga a recurrir; la desestimación impide presentar recursos.
La estimación permite recurrir; la desestimación finaliza el procedimiento.
Ambas finalizan el procedimiento y generan un acto administrativo.
La estimación finaliza el procedimiento; la desestimación permite interponer el recurso procedente.

La estimación finaliza el procedimiento; la desestimación permite interponer el recurso procedente.

Explicación

La estimación por silencio constituye un acto administrativo que finaliza el procedimiento, mientras que la desestimación solo permite interponer el recurso administrativo o contencioso-administrativo procedente. Atribuir la finalización a la desestimación invierte los efectos; limitar la estimación a permitir un recurso confunde ambos sentidos, y no son equivalentes.

36. Una solicitud se entiende estimada por silencio y, después, la Administración dicta una resolución expresa. ¿Qué contenido puede tener esa resolución posterior?

Modificar libremente el sentido del silencio.
Omitir toda resolución posterior en cualquier circunstancia.
Confirmar la estimación producida por silencio.
Desestimar la solicitud con efectos retroactivos.

Confirmar la estimación producida por silencio.

Explicación

Tras la estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo puede confirmar el acto ya producido. La libertad de resolver sin vinculación al sentido del silencio corresponde a la desestimación; revocar o alterar libremente la estimación contradice su efecto vinculante, y la obligación de resolver no desaparece.

37. ¿Qué condición define un documento público administrativo?

Que se publique oficialmente por una Administración Pública.
Que lo emita válidamente un órgano de una Administración Pública.
Que lo redacte cualquier persona autorizada por una Administración Pública.
Que se archive electrónicamente con firma reconocida.

Que lo emita válidamente un órgano de una Administración Pública.

Explicación

Un documento público administrativo es el emitido válidamente por un órgano de una Administración Pública. La publicación no es el criterio definitorio; tampoco se exige que todo documento sea electrónico, y la definición se refiere a la emisión por un órgano administrativo.

38. Al revisar un documento electrónico administrativo, se comprueba que contiene información identificable y tratable, datos de individualización, referencia temporal y metadatos mínimos, pero carece de las firmas electrónicas requeridas por la normativa. ¿Qué conclusión corresponde?

Es válido si el origen del documento está identificado.
Es válido porque contiene una referencia temporal.
Es válido porque incorpora los metadatos mínimos.
No reúne todos los requisitos de validez indicados.

No reúne todos los requisitos de validez indicados.

Explicación

La validez requiere que concurran todos los elementos establecidos, incluidas las firmas electrónicas que correspondan según la normativa aplicable. La referencia temporal, la identificación del origen y los metadatos son requisitos distintos y no sustituyen las firmas exigidas.

39. ¿Qué característica permite considerar auténtica una copia administrativa?

La publica la Administración y permite consultar el contenido del documento.
La reproduce un particular y conserva intacto el contenido del original.
La realiza un órgano competente y garantiza la identidad del órgano y la integridad del contenido.
La realiza cualquier unidad administrativa y señala dónde se conserva el original.

La realiza un órgano competente y garantiza la identidad del órgano y la integridad del contenido.

Explicación

La copia auténtica debe ser realizada por un órgano competente de una Administración Pública y garantizar tanto la identidad del órgano como la integridad del contenido; además, tiene la misma validez y eficacia que el original. La mera reproducción no acredita esas garantías, y la competencia y la identificación del órgano no pueden omitirse.

40. Una persona presenta en papel un documento que debe incorporarse a un expediente administrativo. ¿Qué debe hacer la Administración con ese documento?

Digitalizarlo y conservarlo sin indicar que la copia es auténtica
Exigir al interesado que presente una copia electrónica autenticada
Expedir una copia electrónica e indicar su autenticidad solo en el expediente
Expedir una copia auténtica electrónica e indicarlo expresamente en ella

Expedir una copia auténtica electrónica e indicarlo expresamente en ella

Explicación

Al incorporarse al expediente un documento en papel presentado por un interesado, la Administración debe expedir una copia auténtica electrónica e indicar expresamente esa condición en la propia copia. La mera digitalización no acredita autenticidad; exigir la conversión al interesado traslada indebidamente la obligación; y consignarla solo en el expediente no cumple el requisito relativo a la copia.

41. En un procedimiento sancionador, la Administración consulta un documento que ya obra en poder de otra Administración y el interesado se opone a la consulta. ¿Puede impedirla con esa oposición?

No, porque la oposición no cabe cuando el documento se exige en ejercicio de potestades sancionadoras
No, porque la Administración puede consultar documentos ajenos sin atender al tipo de procedimiento
Sí, pero el interesado debe aportar una copia autenticada en sustitución
Sí, porque la oposición impide consultar cualquier documento de otra Administración

No, porque la oposición no cabe cuando el documento se exige en ejercicio de potestades sancionadoras

Explicación

El derecho a oponerse a la consulta de documentos ya disponibles tiene una excepción cuando se exigen en el ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Permitir la oposición en ese supuesto desconoce la excepción; imponer una copia autenticada no es la consecuencia prevista; y la consulta no es ajena al tipo de procedimiento.

42. Una persona ya aportó un documento a otra Administración y la normativa del trámite actual no exige originales ni consentimiento expreso para recabarlo. ¿Qué debe hacer la Administración actuante?

No exigir de nuevo el documento y recabarlo electrónicamente
Exigir una copia autenticada presentada por el interesado
Solicitar una autorización expresa antes de recabarlo
Exigir que el interesado vuelva a presentarlo en formato original

No exigir de nuevo el documento y recabarlo electrónicamente

Explicación

La Administración no debe requerir documentos que el interesado ya aportó a cualquier Administración, salvo las excepciones previstas, y debe recabarlos electrónicamente. Exigir un original o una copia autenticada vuelve a imponer la aportación; el consentimiento expreso solo es necesario si una norma lo exige.

43. En un trámite administrativo, ¿a quién obligan los términos y plazos establecidos por las leyes?

A las autoridades y al personal, pero no a los interesados
Al órgano competente, pero no al personal ni a los interesados
A los interesados, pero no a las autoridades que tramitan
A las autoridades y al personal competente, y también a los interesados

A las autoridades y al personal competente, y también a los interesados

Explicación

Los términos y plazos legales vinculan tanto a las autoridades y al personal de las Administraciones competentes como a los interesados. Limitar la obligación a cualquiera de esos grupos deja fuera a los demás destinatarios de la regla; la competencia del órgano es una cuestión distinta.

44. Una notificación se practica el martes a las 10:20 y fija un plazo de 30 horas, sin que una ley ni el Derecho de la Unión Europea dispongan otro cómputo. ¿Cómo debe expresarse ese plazo?

En días, porque un plazo por horas no puede superar veinticuatro horas
En horas hábiles, contadas desde las 00:00 del día siguiente
En minutos, porque el plazo supera las veinticuatro horas
En horas naturales, contadas desde el momento de la notificación

En días, porque un plazo por horas no puede superar veinticuatro horas

Explicación

Los plazos por horas se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación, pero no pueden superar las veinticuatro horas; si las superan, se expresan en días. Contar desde medianoche altera el inicio, tratarlas como horas naturales contradice su carácter hábil y expresarlas en minutos no es la regla aplicable.

45. Un plazo administrativo de 20 días aún no ha vencido; las circunstancias aconsejan ampliarlo y no se perjudican derechos de terceros. ¿Cuál es la ampliación máxima que puede conceder la Administración?

20 días
10 días
5 días
40 días

10 días

Explicación

La ampliación no puede exceder de la mitad de la duración del plazo: la mitad de 20 días es 10 días. Conceder 20 o 40 días supera el límite, mientras que 5 días no representa el máximo permitido.

46. Por razones de interés público, se acuerda la tramitación urgente de un procedimiento con un plazo ordinario para resolver y otro para presentar recursos. ¿Qué efecto tiene la urgencia sobre esos plazos?

Mantiene los plazos ordinarios, salvo que el interesado solicite su reducción
Reduce a la mitad los plazos ordinarios, salvo los de presentación de solicitudes y recursos
Reduce a la mitad todos los plazos, incluidos los de solicitudes y recursos
Amplía a la mitad los plazos ordinarios, salvo los de solicitudes y recursos

Reduce a la mitad los plazos ordinarios, salvo los de presentación de solicitudes y recursos

Explicación

La tramitación urgente reduce a la mitad los plazos ordinarios, pero exceptúa los de presentación de solicitudes y recursos. Reducir también estos últimos desconoce la excepción; ampliar los plazos confunde urgencia con ampliación, y mantenerlos no refleja el efecto legal previsto.

47. Un órgano de rango superior dicta una resolución particular que contradice un reglamento vigente. ¿Qué consecuencia se deriva de esa contradicción?

La resolución es válida por proceder de un órgano superior
La resolución modifica el reglamento para el caso concreto
La eficacia de la resolución queda demorada hasta su publicación
La resolución es nula por vulnerar una disposición reglamentaria

La resolución es nula por vulnerar una disposición reglamentaria

Explicación

Una resolución particular no puede vulnerar una disposición general, y las que infringen una disposición reglamentaria son nulas. La idea de que el rango superior permite apartarse del reglamento confunde jerarquía orgánica con la inderogabilidad singular; la demora de eficacia y la modificación del reglamento no son consecuencias de esa infracción.

48. Una administración dicta un acto y no establece una fecha posterior de eficacia; tampoco requiere notificación, publicación ni aprobación superior y su contenido no exige demora. ¿Desde cuándo produce efectos?

Desde la fecha en que se dicta
Desde que se publica oficialmente
Desde que comienza su ejecución material
Desde que lo aprueba un órgano superior

Desde la fecha en que se dicta

Explicación

Los actos sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dictan, salvo que dispongan otra cosa o concurra una causa de demora. La publicación y la aprobación superior solo condicionan la eficacia cuando así corresponde; la ejecución material no fija por sí misma el inicio de los efectos.

49. Un órgano dicta una resolución el 3 de abril que afecta a los intereses de una persona. ¿Cuál es el plazo previsto para cursarle la notificación?

Dentro de los diez días siguientes a la fecha del acto
Cuando la persona solicite conocer la resolución
Dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación
Antes de que concluya el plazo máximo del procedimiento

Dentro de los diez días siguientes a la fecha del acto

Explicación

El órgano que dicta el acto debe notificarlo a los interesados afectados dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se dicta. Contar desde la publicación altera el punto de partida, y el plazo máximo del procedimiento es una regla distinta.

50. Una notificación incluye el texto íntegro de una resolución, pero omite otro requisito. Antes de recibir una notificación corregida, la persona interpone un recurso procedente contra esa resolución. ¿Cuándo surte efecto la notificación?

Desde la fecha en que se dictó la resolución
Desde la fecha en que un órgano superior aprueba la resolución
Desde la fecha en que se envió la notificación incompleta
Desde la fecha en que interpone el recurso procedente

Desde la fecha en que interpone el recurso procedente

Explicación

Si la notificación contiene el texto íntegro, la omisión de otros requisitos queda subsanada a efectos de eficacia cuando el interesado demuestra conocer el acto o interpone un recurso procedente. La fecha de envío no basta por sí sola, y la aprobación superior es una cuestión distinta.

51. Una persona no está obligada a recibir notificaciones electrónicas y no ha elegido ese medio. ¿Qué criterio general debe aplicar la Administración al notificarle?

Exigir la vía electrónica por el solo hecho de ser una notificación administrativa
Preferir los medios electrónicos, sin que ello imponga esa vía a la persona
Esperar a que la persona elija un medio antes de poder notificar
Usar el papel como medio preferente para toda persona no obligada

Preferir los medios electrónicos, sin que ello imponga esa vía a la persona

Explicación

La regla general establece la preferencia de los medios electrónicos, pero la obligación de recibir por esa vía se aplica cuando el interesado está obligado a ello. Convertir la preferencia en obligación general confunde ambas reglas; el papel no es el medio preferente general y la falta de elección no impide notificar.

52. En un expediente, una notificación acredita el envío, la recepción, las fechas y horas, el contenido íntegro y la identidad del remitente, pero no permite identificar al destinatario. ¿Qué requisito de validez falta?

La identidad fidedigna del destinatario
La identidad fidedigna del remitente
La acreditación de las fechas y horas
La incorporación de la acreditación al expediente

La identidad fidedigna del destinatario

Explicación

Para que la notificación sea válida debe poder acreditarse, entre otros elementos, la identidad fidedigna tanto del remitente como del destinatario. Identificar solo al remitente no satisface ambos requisitos, y la constancia del envío o la incorporación al expediente no reemplazan la identificación del destinatario.

53. En un procedimiento iniciado a solicitud de una persona no obligada a relacionarse electrónicamente, el medio que señaló no permite practicar la notificación. ¿Cómo debe proceder la Administración?

Cambiar a la vía electrónica aunque no exista obligación de usarla
Insistir en el medio señalado hasta que la persona lo pueda recibir
Usar un lugar y medio adecuados que acrediten recepción, fecha, identidad y contenido
Enviar la notificación por cualquier medio, aunque no quede constancia de la recepción

Usar un lugar y medio adecuados que acrediten recepción, fecha, identidad y contenido

Explicación

En estos procedimientos se usa inicialmente el medio señalado, pero si no es posible notificar por él, cabe recurrir a cualquier lugar y medio adecuados que permitan acreditar la recepción, la fecha, la identidad y el contenido. Insistir en un medio impracticable o prescindir de la acreditación no cumple esa regla.

54. Una persona interesada rechaza una notificación y la Administración deja constancia en el expediente de las circunstancias y del medio empleado. ¿Qué debe ocurrir con el trámite y el procedimiento?

El trámite se da por efectuado y el procedimiento continúa
La notificación se tiene por inválida y se elimina del expediente
El trámite queda pendiente hasta que la persona acepte la notificación
El procedimiento se suspende hasta realizar una nueva notificación

El trámite se da por efectuado y el procedimiento continúa

Explicación

Cuando el interesado o su representante rechaza la notificación, se deja constancia de las circunstancias y del medio empleado, se da por efectuado el trámite y continúa el procedimiento. Repetirla como requisito o suspender el procedimiento confunde el rechazo con una notificación no practicada.

55. En una notificación en papel, el primer intento en el domicilio fracasa a las 14:00 y nadie la recibe. ¿Cómo debe programarse el segundo intento?

Después de los tres días siguientes, después de las 15:00 y con al menos tres horas de diferencia
Dentro de los tres días siguientes, después de las 15:00 y con al menos tres horas de diferencia
Dentro de los tres días siguientes, después de las 15:00 y con menos de tres horas de diferencia
Dentro de los tres días siguientes, antes de las 15:00 y con al menos tres horas de diferencia

Dentro de los tres días siguientes, después de las 15:00 y con al menos tres horas de diferencia

Explicación

El segundo intento debe hacerse una sola vez, dentro de los tres días siguientes, en una hora distinta; si el primero fue antes de las 15:00, el segundo debe ser después de esa hora y mediar al menos tres horas. Mantener la franja horaria, reducir la diferencia o exceder el plazo incumple una de esas condiciones.

56. Una Administración practica notificaciones por comparecencia electrónica. ¿Qué constituye esa comparecencia?

La entrada en el portal electrónico sin abrir el contenido de la notificación
El acceso identificado del interesado o de su representante al contenido de la notificación
La recepción de un aviso electrónico que informa de que existe una notificación
La descarga del contenido por cualquier persona, aunque no se identifique

El acceso identificado del interesado o de su representante al contenido de la notificación

Explicación

La comparecencia consiste en que el interesado o su representante, debidamente identificado, acceda al contenido. Recibir un aviso o entrar al portal sin acceder al contenido no constituye esa comparecencia; tampoco basta una descarga sin identificación.

57. Una notificación electrónica obligatoria queda disponible el 1 de abril y la persona interesada no accede a su contenido durante los diez días naturales siguientes. ¿Qué efecto se produce?

Se considera inválida porque no se accedió a su contenido
Se entiende practicada desde el momento de su puesta a disposición
Se entiende rechazada al transcurrir diez días hábiles sin acceso
Se entiende rechazada al transcurrir diez días naturales sin acceso

Se entiende rechazada al transcurrir diez días naturales sin acceso

Explicación

Si la notificación electrónica es obligatoria, la falta de acceso durante diez días naturales desde su puesta a disposición implica que se entiende rechazada. La puesta a disposición no equivale por sí misma al acceso, el plazo no se expresa en días hábiles y la falta de acceso no la invalida.

58. Una Administración desconoce el domicilio de una persona interesada y no puede practicar la notificación. ¿Qué medio debe utilizar para notificar?

Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado
Un anuncio publicado en cualquier tablón de la Administración actuante
La publicación del acto en el boletín oficial de la comunidad autónoma
Un aviso electrónico enviado a la dirección de contacto disponible

Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado

Explicación

Cuando se desconoce a los interesados, se ignora el lugar de notificación o esta no puede practicarse tras intentarla, se notifica mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Un tablón, otro boletín o un aviso de contacto no sustituyen ese medio previsto.

59. Un acto administrativo se dirige a un grupo de destinatarios que no puede determinarse individualmente. ¿Qué función cumple su publicación?

Surte los efectos de la notificación para el acto dirigido a una pluralidad indeterminada
Aporta información general, pero no surte los efectos de la notificación
Surte efectos de notificación solo en procedimientos selectivos o competitivos
Se añade a una notificación individual ya practicada a cada destinatario

Surte los efectos de la notificación para el acto dirigido a una pluralidad indeterminada

Explicación

La publicación surte efectos de notificación cuando el acto tiene como destinataria una pluralidad indeterminada de personas. La publicación informativa no tiene ese efecto; la adición a una notificación individual corresponde a otro supuesto, y los procedimientos selectivos y competitivos son también un caso previsto, pero no el único.

60. Antes de iniciar un procedimiento, el órgano competente abre actuaciones previas para conocer el caso y valorar si conviene iniciarlo. ¿Cuál es su finalidad?

Adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de una resolución
Conocer las circunstancias del caso y valorar la conveniencia de iniciar el procedimiento
Desarrollar trámites de instrucción propios de un procedimiento ya iniciado
Resolver el fondo del asunto antes de iniciar formalmente el procedimiento

Conocer las circunstancias del caso y valorar la conveniencia de iniciar el procedimiento

Explicación

Las actuaciones previas permiten conocer las circunstancias del caso concreto y valorar si conviene iniciar el procedimiento. Adoptar medidas provisionales, resolver el fondo o instruir un procedimiento ya iniciado son funciones distintas.

61. Ante una urgencia inaplazable, antes de iniciar un procedimiento se adoptan medidas provisionales motivadas y proporcionadas. El procedimiento se inicia, pero el acuerdo de inicio no menciona esas medidas. ¿Qué ocurre con ellas?

Quedan sin efecto solo si transcurren quince días sin iniciar el procedimiento
Quedan sin efecto porque el acuerdo de inicio no se pronunció expresamente sobre ellas
Se mantienen hasta que el órgano competente para resolver las revise
Se mantienen porque el procedimiento se inició dentro del plazo previsto

Quedan sin efecto porque el acuerdo de inicio no se pronunció expresamente sobre ellas

Explicación

Las medidas previas por urgencia deben ser confirmadas, modificadas o levantadas expresamente en el acuerdo de inicio, que debe dictarse dentro de los quince días siguientes. Aunque se inicie el procedimiento, si el acuerdo no se pronuncia sobre ellas, quedan sin efecto; el plazo también provoca esa consecuencia si no se inicia el procedimiento.

62. Un órgano competente conoce por iniciativa propia unos hechos que podrían requerir una actuación administrativa. ¿Cómo puede iniciar el procedimiento?

Mediante acuerdo de cualquier órgano administrativo
Mediante acuerdo del órgano competente por propia iniciativa
Mediante denuncia de una persona interesada
Mediante petición razonada de otro órgano

Mediante acuerdo del órgano competente por propia iniciativa

Explicación

El inicio de oficio se acuerda por el órgano competente y puede derivar de su propia iniciativa, entre otras vías. La petición razonada corresponde a otro órgano, la denuncia es una vía distinta y el acuerdo debe proceder del órgano competente.

63. Una persona comunica a la Administración un hecho que podría justificar la apertura de un procedimiento de oficio, aunque ninguna norma la obligue a comunicarlo. ¿Qué constituye esa comunicación?

Una solicitud de inicio
Una orden superior
Una denuncia
Una comunicación obligatoria

Una denuncia

Explicación

La denuncia consiste en poner en conocimiento de un órgano administrativo un hecho que podría justificar el inicio de oficio, exista o no obligación legal de hacerlo. Una solicitud pide el inicio a instancia del interesado; una orden superior y una comunicación obligatoria son conceptos distintos.

64. Al tramitar un procedimiento sancionador por una infracción continuada, la Administración aún no ha dictado una primera resolución sancionadora ejecutiva. ¿Qué actuación respeta las reglas de inicio?

Imponer una sanción sin tramitar el procedimiento correspondiente
Iniciar otro procedimiento y encomendar ambas fases al mismo órgano
Dejar que el interesado inicie el procedimiento sancionador
No iniciar otro procedimiento por esa infracción continuada todavía

No iniciar otro procedimiento por esa infracción continuada todavía

Explicación

Por una infracción continuada no se puede iniciar otro procedimiento sancionador mientras no exista una primera resolución sancionadora ejecutiva; además, la instrucción y la sanción corresponden a órganos distintos. Reunir ambas fases en un órgano ignora esa separación, sancionar sin procedimiento es inválido y el inicio sancionador es de oficio.

65. Una persona sufre una lesión física cuyo efecto se manifiesta antes de que termine su tratamiento. ¿Desde qué momento se cuenta el plazo anual para reclamar responsabilidad patrimonial?

Desde la fecha en que se presenta la reclamación
Desde el hecho que originó la lesión
Desde la curación o la determinación de las secuelas
Desde la primera manifestación del efecto lesivo

Desde la curación o la determinación de las secuelas

Explicación

En daños físicos o psíquicos, el plazo de un año comienza con la curación o con la determinación de las secuelas. Contarlo desde el hecho o desde la primera manifestación aplica la regla general sin atender a la excepción para estos daños; presentar la reclamación no inicia el plazo.

66. Una persona firma un documento para ejercer un derecho y declara que cumple los requisitos, que dispone de los justificantes, que los aportará si se los requieren y que mantendrá el cumplimiento. ¿Qué documento ha presentado?

Una declaración responsable
Una denuncia
Una comunicación
Una solicitud de inicio

Una declaración responsable

Explicación

La declaración responsable es el documento en que el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos, dispone de la documentación, la aportará si se requiere y mantendrá el cumplimiento. La comunicación pone datos en conocimiento de la Administración, mientras que la solicitud y la denuncia tienen finalidades diferentes.

67. Una empresa remite a la Administración competente sus datos identificativos y otros datos relevantes para comenzar una actividad. ¿Qué documento describe este acto?

Una declaración responsable
Una solicitud de inicio
Una denuncia
Una comunicación

Una comunicación

Explicación

La comunicación es el documento por el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración sus datos identificativos u otros datos relevantes para iniciar una actividad o ejercer un derecho. La declaración responsable manifiesta el cumplimiento de requisitos; una solicitud pide una actuación y una denuncia informa sobre hechos potencialmente relevantes.

68. Una persona presenta correctamente una declaración responsable para iniciar una actividad. ¿Desde cuándo puede iniciarla, sin perjuicio de las facultades administrativas de control?

Desde la aportación espontánea de todos los justificantes
Desde el día de la presentación
Desde la concesión de una autorización expresa
Desde la conclusión de una inspección administrativa

Desde el día de la presentación

Explicación

La declaración responsable permite iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección. Exigir autorización o esperar a una inspección confunde el efecto de la presentación con un control previo; los justificantes se aportan cuando son requeridos.

69. La Administración constata que una declaración responsable contiene una falsedad esencial. ¿Qué consecuencia puede producir desde que conoce el hecho?

Permitir que continúe la actividad hasta la renovación del documento
Mantener el derecho mientras se determina si hubo intención de engañar
Suspender la comprobación hasta que el interesado aporte justificantes
Impedir que continúe el ejercicio del derecho o la actividad afectada

Impedir que continúe el ejercicio del derecho o la actividad afectada

Explicación

La falsedad esencial puede impedir que se continúe ejerciendo el derecho o la actividad afectada desde que la Administración tiene constancia, sin excluir posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas. Exigir solo una subsanación, esperar una resolución judicial o mantener la actividad hasta renovar el documento no refleja esa consecuencia.

70. ¿Qué se entiende por expediente administrativo?

El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que fundamentan la resolución y de diligencias dirigidas a ejecutarla
El conjunto de actuaciones iniciales del procedimiento y de diligencias dirigidas a admitirlo
La resolución administrativa y sus anexos, junto con las diligencias dirigidas a comunicarla
El conjunto de normas y criterios que regulan la tramitación y de diligencias dirigidas a aplicarlos

El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que fundamentan la resolución y de diligencias dirigidas a ejecutarla

Explicación

El expediente reúne ordenadamente los documentos y actuaciones que anteceden y fundamentan la resolución, además de las diligencias encaminadas a ejecutarla. «Normas aplicables» confunde el expediente con el marco regulador; «resolución y anexos» lo reduce a su resultado; «actuaciones iniciales» lo limita a una fase.

71. Al preparar la remisión de un expediente electrónico, ¿qué elementos deben constar en su composición ordinaria?

Documentos ordenados, índice numerado al remitirlo y propuesta de resolución en lugar de la resolución adoptada
Documentos y actuaciones ordenados, índice numerado al remitirlo y copia electrónica certificada de la resolución
Documentos ordenados, lista de actuaciones pendientes al remitirlo y copia electrónica certificada de la resolución
Documentos y actuaciones ordenados, resumen de los trámites al remitirlo y copia simple de la resolución

Documentos y actuaciones ordenados, índice numerado al remitirlo y copia electrónica certificada de la resolución

Explicación

El expediente electrónico integra ordenadamente los documentos y diligencias que lo componen, incluye un índice numerado cuando se remite y contiene una copia electrónica certificada de la resolución. «Resumen» no sustituye al índice, «propuesta» no sustituye a la resolución adoptada y la lista de pendientes no reemplaza la documentación del expediente.

72. En la tramitación de un expediente, el órgano responsable detecta que no se ha impulsado ningún trámite y que se espera a que la persona interesada pida avanzar. ¿Qué pauta debe seguir?

Impulsar los trámites a petición de la persona interesada, con celeridad, transparencia y publicidad
Impulsar de oficio los trámites por medios presenciales, con celeridad, transparencia y publicidad
Impulsar de oficio todos los trámites por medios electrónicos, con celeridad y sin publicidad
Impulsar de oficio todos los trámites por medios electrónicos, con celeridad, transparencia y publicidad

Impulsar de oficio todos los trámites por medios electrónicos, con celeridad, transparencia y publicidad

Explicación

El procedimiento se impulsa de oficio y por medios electrónicos en todos sus trámites, bajo el principio de celeridad y respetando transparencia y publicidad. La petición de la persona interesada invierte quién impulsa; prescindir de publicidad altera los principios aplicables; reservar los medios electrónicos contradice la regla de tramitación.

73. En un procedimiento, dos trámites pueden avanzar a la vez y ninguno depende de que el otro se complete. ¿Cómo debe organizarse su impulso?

Suprimir uno de los trámites para reducir la duración del procedimiento
Acordarlos en un solo acto para impulsarlos simultáneamente
Iniciarlos por separado cuando cada interesado solicite su actuación
Acordarlos en actos sucesivos para conservar el orden de realización

Acordarlos en un solo acto para impulsarlos simultáneamente

Explicación

Por simplificación administrativa, los trámites que admiten impulso simultáneo y no deben cumplirse sucesivamente han de acordarse en un solo acto. La tramitación sucesiva aplica una dependencia inexistente; esperar a solicitudes individuales no es la regla; suprimir un trámite confunde simplificación con eliminación.

74. Al instruir un expediente, el órgano necesita comprobar unos hechos; la persona interesada propone además una actuación que requiere su intervención. ¿Cómo debe procederse?

El órgano realiza de oficio los actos necesarios y descarta la actuación propuesta por la persona interesada
La persona interesada realiza los actos necesarios y el órgano interviene al redactar la resolución
El órgano espera la aportación de documentos y después decide si comprueba los hechos
El órgano realiza de oficio y electrónicamente los actos necesarios, sin perjuicio de la actuación propuesta por la persona interesada

El órgano realiza de oficio y electrónicamente los actos necesarios, sin perjuicio de la actuación propuesta por la persona interesada

Explicación

Los actos de instrucción necesarios para determinar y comprobar los hechos se realizan de oficio, por medios electrónicos y por el órgano tramitador, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer actuaciones que requieran su intervención. «Toda la instrucción» traslada indebidamente la función al interesado; descartar la propuesta desconoce ese derecho; esperar documentos sustituye el deber de instrucción.

75. Antes del trámite de audiencia, una persona interesada presenta alegaciones y documentos para que se consideren al preparar la propuesta de resolución. ¿Qué corresponde hacer al órgano competente?

Esperar al trámite de audiencia para recibir las alegaciones y los documentos
Tener en cuenta las alegaciones y los documentos al redactar la propuesta de resolución
Valorar las alegaciones, pero excluir los documentos aportados antes de la audiencia
Admitir las alegaciones, pero valorar los documentos después de redactar la propuesta

Tener en cuenta las alegaciones y los documentos al redactar la propuesta de resolución

Explicación

Antes del trámite de audiencia, los interesados pueden alegar y aportar documentos u otros elementos de juicio, y el órgano competente debe tenerlos en cuenta al redactar la propuesta de resolución. Esperar a la audiencia confunde el momento permitido; posponer la valoración o excluir los documentos incumple su consideración en la propuesta.

76. En un procedimiento administrativo, ¿qué criterio debe aplicar el instructor para valorar una prueba admisible en Derecho que acredita un hecho relevante?

Los criterios de la Ley del Procedimiento Administrativo
La exigencia de que la prueba sea documental
La apreciación personal del instructor
Los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Explicación

Los hechos relevantes pueden acreditarse por cualquier medio de prueba admisible y su valoración sigue los criterios de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La apreciación personal sustituye indebidamente esos criterios; la Ley del Procedimiento Administrativo no es la referencia indicada, y la prueba no tiene que ser necesariamente documental.

77. El instructor no considera ciertos los hechos alegados y debe abrir un período ordinario de prueba; ¿qué duración puede fijar?

Entre treinta y diez días, con máximo de diez
Entre diez y treinta días
Hasta quince días
Hasta diez días

Entre diez y treinta días

Explicación

Cuando los hechos no se consideran ciertos, el período ordinario de prueba debe durar entre diez y treinta días. El límite de hasta diez días corresponde al período extraordinario; invertir los límites altera el margen legal, y quince días es un plazo propio de otro trámite.

78. Un procedimiento no contiene ninguna norma especial sobre los informes que se solicitan; ¿qué carácter tienen por regla general?

Facultativos y vinculantes
Preceptivos y no vinculantes
Facultativos y no vinculantes
Preceptivos y vinculantes

Facultativos y no vinculantes

Explicación

Salvo disposición expresa en contrario, los informes son facultativos y no vinculantes. «Preceptivos» confunde su carácter ordinario con una obligación legal específica; «vinculantes» confunde la emisión del informe con el efecto de su contenido.

79. En un expediente de responsabilidad patrimonial, se atribuye una lesión indemnizable al funcionamiento de un servicio; ¿qué informe debe solicitarse y en qué plazo máximo debe emitirse?

El informe del servicio, en un máximo de treinta días
El informe jurídico, en un máximo de dos meses
El informe del servicio, en un máximo de diez días
El dictamen consultivo, en un máximo de diez días

El informe del servicio, en un máximo de diez días

Explicación

En responsabilidad patrimonial es preceptivo pedir informe al servicio cuyo funcionamiento habría causado la lesión, y su emisión no puede superar diez días. El dictamen consultivo es un trámite distinto; treinta días corresponde al máximo ordinario de prueba, y dos meses no es el plazo establecido para este informe.

80. Una vez instruido un procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, ¿cuándo debe ponerse el expediente de manifiesto a los interesados o sus representantes?

Antes de iniciar la instrucción del procedimiento
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución
Al publicar el anuncio de información pública
Inmediatamente después de redactar la propuesta de resolución

Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución

Explicación

La audiencia se realiza una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, con las limitaciones legales aplicables. Hacerla después invierte la secuencia; situarla antes de la instrucción la adelanta indebidamente, y la información pública es un trámite distinto.

81. En el trámite de audiencia, la Administración concede a una interesada doce días para presentar alegaciones y documentos; ¿se encuentra el plazo dentro del margen previsto?

No, porque el plazo debe ser de diez días
Sí, porque está entre diez y quince días
No, porque el plazo no puede superar diez días
No, porque el plazo debe ser de al menos veinte días

Sí, porque está entre diez y quince días

Explicación

El plazo de audiencia puede ser de diez a quince días, por lo que doce días está dentro del margen. Diez días es el límite inferior, veinte días corresponde al mínimo de información pública y el máximo de diez días puede confundirse con el período extraordinario de prueba.

82. En un anuncio de información pública, ¿qué plazo mínimo de alegaciones debe fijarse y cómo debe facilitarse el examen electrónico del expediente?

Al menos veinte días y acceso electrónico para quien lo solicite
Al menos veinte días y acceso electrónico solo en el lugar de exhibición
Entre diez y quince días y acceso electrónico para quien lo solicite
Al menos diez días y acceso electrónico para quien lo solicite

Al menos veinte días y acceso electrónico para quien lo solicite

Explicación

El anuncio debe fijar un plazo de alegaciones no inferior a veinte días e indicar que el expediente también estará disponible electrónicamente para quienes lo soliciten. Diez a quince días es el plazo de audiencia; limitar el acceso electrónico al lugar físico confunde dos modalidades de acceso, y diez días no alcanza el mínimo de información pública.

83. Una persona interesada no comparece durante la información pública y, en otro expediente, una persona comparece pero no tenía previamente esa condición; ¿qué efecto se deriva de esas situaciones?

La primera pierde el derecho a recurrir y la segunda conserva su condición previa
La primera conserva el derecho a recurrir y la segunda adquiere la condición de interesada
La primera aún puede recurrir y la segunda no adquiere por ello la condición de interesada
La primera pierde el derecho a recurrir y la segunda adquiere la condición de interesada

La primera aún puede recurrir y la segunda no adquiere por ello la condición de interesada

Explicación

La incomparecencia no impide que los interesados recurran la resolución definitiva, y comparecer no confiere por sí mismo la condición de interesado. Perder el derecho a recurrir atribuye a la ausencia un efecto que no tiene; considerar que la comparecencia concede esa condición confunde participación con legitimación.

84. ¿Qué conjunto reúne formas que ponen fin a un procedimiento administrativo?

La resolución, la suspensión, la renuncia permitida y la caducidad
La notificación, el desistimiento, la renuncia permitida y la caducidad
La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y una audiencia
La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la caducidad

La resolución, el desistimiento, la renuncia permitida y la caducidad

Explicación

La terminación puede producirse por resolución, desistimiento, renuncia al derecho cuando no esté prohibida y declaración de caducidad. La suspensión no termina el procedimiento, la notificación es un trámite y la audiencia no sustituye a la caducidad.

85. En un procedimiento sancionador, una persona infractora reconoce su responsabilidad antes de que se dicte resolución. ¿Qué puede hacer la Administración?

Resolver el procedimiento imponiendo la sanción procedente
Suspender el procedimiento hasta que se pague la sanción
Archivar el procedimiento tras exigir la renuncia a recursos
Terminar el procedimiento sin imponer sanción alguna

Resolver el procedimiento imponiendo la sanción procedente

Explicación

El reconocimiento de responsabilidad permite resolver el procedimiento sancionador imponiendo la sanción procedente. El pago voluntario es una vía distinta, y el reconocimiento no implica por sí mismo archivo ni exige renunciar a recursos.

86. A una persona se le propone una sanción exclusivamente pecuniaria y se le notifican reducciones acumulables de al menos el 20 %. ¿Qué condición debe cumplir para que sean efectivas?

Reconocer la responsabilidad y renunciar a cualquier acción judicial
Pagar la sanción antes de la notificación de inicio del procedimiento
Desistir o renunciar a acciones o recursos administrativos contra la sanción
Solicitar que la sanción se sustituya por una medida no pecuniaria

Desistir o renunciar a acciones o recursos administrativos contra la sanción

Explicación

La efectividad de las reducciones requiere desistir o renunciar a acciones o recursos en vía administrativa contra la sanción, y deben constar en la notificación de inicio. Reconocer los hechos o pagar no sustituye esa condición.

87. Antes de resolver, un órgano acuerda motivadamente actuaciones complementarias indispensables. ¿Qué plazo debe conceder para alegaciones una vez concluidas y cuál es el máximo para practicarlas?

Diez días para alegar y quince días como máximo para practicarlas
Quince días para alegar y siete días como máximo para practicarlas
Siete días para alegar y treinta días como máximo para practicarlas
Siete días para alegar y quince días como máximo para practicarlas

Siete días para alegar y quince días como máximo para practicarlas

Explicación

Concluidas las actuaciones complementarias, se conceden siete días para alegaciones y estas actuaciones deben practicarse en un máximo de quince días; el plazo para resolver queda suspendido mientras se realizan. Intercambiar los plazos o ampliarlos altera la regla aplicable.

88. Al resolver un procedimiento, el órgano detecta una cuestión conexa que las personas interesadas no plantearon. ¿Qué debe hacer antes de pronunciarse sobre ella?

Incluirla en la resolución y permitir alegaciones después de dictarla
Notificarla por siete días y resolver sin admitir pruebas
Ponerla de manifiesto por un máximo de quince días para alegaciones y pruebas
Iniciar necesariamente un procedimiento separado antes de considerarla

Ponerla de manifiesto por un máximo de quince días para alegaciones y pruebas

Explicación

Para resolver una cuestión conexa no planteada, debe ponerse previamente de manifiesto a los interesados por un plazo máximo de quince días para que formulen alegaciones y aporten pruebas. El plazo de siete días corresponde a otro trámite, y no basta con comunicarla después de resolver.

89. Una persona solicita una autorización y la resolución concede menos de lo pedido. ¿Qué límite debe respetar la Administración al resolver esa solicitud?

Ser congruente con lo pedido y no agravar la situación inicial
Ser congruente con lo pedido, aunque agrave la situación inicial
Aplazar la decisión hasta que la persona retire la solicitud
Conceder íntegramente lo pedido y cerrar toda actuación posterior

Ser congruente con lo pedido y no agravar la situación inicial

Explicación

En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la resolución debe ser congruente con sus peticiones y no puede agravar su situación inicial. Esto no obliga a conceder todo lo solicitado ni impide iniciar otro procedimiento de oficio cuando proceda.

90. En un procedimiento sancionador, el órgano resolutor aprecia que los hechos acreditados revelan una gravedad mayor que la indicada en la propuesta. ¿Qué debe hacer antes de imponer una sanción basada en esa mayor gravedad?

Permitir al inculpado alegar durante siete días
Cambiar los hechos del procedimiento y resolver de inmediato
Imponer la sanción propuesta y reservar la mayor gravedad para otro procedimiento
Permitir al inculpado alegar durante quince días

Permitir al inculpado alegar durante quince días

Explicación

Si el órgano aprecia una mayor gravedad que la recogida en la propuesta, debe dar al inculpado quince días para alegar. El trámite no permite aceptar hechos distintos de los determinados durante el procedimiento, y el plazo de siete días corresponde a actuaciones complementarias.

91. En un procedimiento iniciado a solicitud de una persona, esta causa la paralización y no realiza lo necesario para reanudarlo durante los tres meses siguientes a la advertencia administrativa. ¿Qué consecuencia procede?

Declarar la caducidad, archivar el expediente y notificarlo
Desestimar la solicitud y permitir que el expediente continúe
Suspender el procedimiento y conceder otros tres meses
Declarar la caducidad sin archivar ni notificar el expediente

Declarar la caducidad, archivar el expediente y notificarlo

Explicación

Si transcurren tres meses desde la advertencia sin que se reanude la tramitación, se produce la caducidad, se archiva el expediente y se notifica. El plazo de cinco días corresponde a otra regla; la caducidad no resuelve el fondo, y el archivo y la notificación forman parte de sus efectos.

92. Un procedimiento presenta escasa complejidad y el órgano aún no ha dictado resolución. ¿Qué actuación es posible respecto de su tramitación?

Acordar la vía simplificada solo si todos los interesados lo solicitan
Acordar la vía simplificada y, antes de resolver, volver a la ordinaria
Acordar la vía ordinaria y, después de resolver, pasar a la simplificada
Mantener la vía simplificada hasta la resolución, sin posibilidad de cambio

Acordar la vía simplificada y, antes de resolver, volver a la ordinaria

Explicación

La falta de complejidad puede justificar la tramitación simplificada, que puede acordarse de oficio o a solicitud del interesado; antes de resolver, el órgano puede continuar por la vía ordinaria. Limitar el inicio a una solicitud confunde quién puede promoverla; atribuir el cambio a los interesados o impedirlo contradice la facultad del órgano.

93. La Administración acuerda de oficio la tramitación simplificada y una de las personas interesadas manifiesta expresamente su oposición. ¿Cómo debe continuar el procedimiento?

Por la tramitación ordinaria
Por la tramitación simplificada hasta que se dicte resolución
Por la vía que elija la mayoría de los interesados
Por la tramitación simplificada, con constancia de la oposición

Por la tramitación ordinaria

Explicación

La oposición expresa de cualquiera de los interesados a la tramitación simplificada acordada de oficio obliga a seguir la tramitación ordinaria. No hace falta que se opongan todos; la oposición no es un desistimiento, y la sencillez del caso no permite ignorarla.

94. La Administración detecta una causa de nulidad en un acto que puso fin a la vía administrativa y pretende revisarlo de oficio. ¿Qué requisito debe cumplir para declarar su nulidad?

Obtener previamente un dictamen consultivo favorable
Iniciar la revisión dentro del plazo para recurrir el acto
Obtener previamente el consentimiento de la persona afectada
Presentar la revisión ante un órgano judicial

Obtener previamente un dictamen consultivo favorable

Explicación

La Administración puede declarar de oficio la nulidad de actos que ponen fin a la vía administrativa si concurre una causa legal, pero requiere dictamen consultivo favorable. El consentimiento no sustituye ese requisito; la declaración corresponde a la Administración, y puede hacerse en cualquier momento.

95. Un órgano quiere retirar materialmente un bien de una persona para ejecutar una resolución que restringe sus derechos. ¿Qué debe haber ocurrido antes de iniciar esa actuación?

Adoptarse previamente una resolución que fundamente la ejecución y notificarse la que la autoriza
Solicitarse previamente autorización judicial para cualquier actuación material
Iniciarse primero la actuación material y notificarse después su fundamento
Bastará una advertencia previa, aunque no exista resolución de fundamento

Adoptarse previamente una resolución que fundamente la ejecución y notificarse la que la autoriza

Explicación

La Administración no puede iniciar actuaciones materiales que limiten derechos sin una resolución previa que las fundamente, y debe notificar la resolución que autoriza la ejecución. Una mera intención o advertencia no reemplaza la resolución; la notificación no puede posponerse hasta después de ejecutar, y la autorización judicial no se exige para toda actuación.

96. La Administración pretende ejecutar forzosamente una obligación, pero la ejecución del acto está suspendida. ¿Puede proceder a la ejecución forzosa?

No, salvo que la obligación sea de carácter económico
No, porque la ejecución está suspendida
Sí, porque los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos
Sí, si antes realiza el apercibimiento correspondiente

No, porque la ejecución está suspendida

Explicación

La ejecución forzosa requiere apercibimiento previo y no procede mientras la ejecución esté suspendida. La ejecutividad general no elimina esa excepción; el apercibimiento tampoco levanta la suspensión, y el carácter económico de la obligación no cambia esta regla.

97. Una resolución ordena retirar un elemento instalado por una persona; la obligación no es personalísima y otra persona puede realizar el trabajo. ¿Qué medio de ejecución corresponde si el coste se carga al obligado?

El apremio sobre el patrimonio
La multa coercitiva
La ejecución subsidiaria
La compulsión directa sobre la persona

La ejecución subsidiaria

Explicación

La ejecución subsidiaria permite que otra persona realice, a costa del obligado, un acto no personalísimo que pueda ejecutar un tercero. El apremio sirve para cobrar cantidades; la compulsión directa se reserva a obligaciones personalísimas de no hacer o soportar cuando la ley la autoriza; la multa coercitiva es un medio distinto.

98. Al preparar un recurso administrativo, ¿qué conjunto de datos debe incluir el escrito de interposición?

Identificación del recurrente, razón de impugnación y datos de presentación, junto con la acreditación de que el acto es recurrible
Identificación del recurrente y del acto, razón de impugnación, datos de presentación y notificación, órgano destinatario y particularidades exigidas
Identificación del acto y razón de impugnación, datos de presentación y notificación, sin indicar el órgano destinatario ni su código
Identificación del recurrente y del acto, datos de presentación y notificación, sin necesidad de expresar la razón de impugnación

Identificación del recurrente y del acto, razón de impugnación, datos de presentación y notificación, órgano destinatario y particularidades exigidas

Explicación

El escrito debe identificar al recurrente y al acto, expresar la razón de impugnación e incluir los datos de presentación, notificación y destinatario, además de las particularidades aplicables. Omitir la razón o los datos de notificación, sustituir requisitos formales por la recurribilidad del acto u omitir el órgano destinatario deja incompleto el escrito.

99. Una persona presenta fuera de plazo un recurso contra un acto recurrible y está legitimada. ¿Qué causa puede justificar la inadmisión?

La incompetencia del órgano perteneciente a otra Administración
La presentación fuera del plazo establecido
La imposibilidad de recurrir el acto impugnado
La falta de legitimación de quien recurre

La presentación fuera del plazo establecido

Explicación

La presentación fuera de plazo es una causa de inadmisión, aunque la persona esté legitimada y el acto sea recurrible. La falta de legitimación y la irrecurribilidad son causas distintas; la incompetencia descrita exige remitir el recurso al órgano competente de otra Administración.

100. Al resolver un recurso, el órgano aprecia que ejecutar el acto podría causar daños de difícil reparación y que la impugnación invoca una causa de nulidad de pleno derecho. ¿Qué actuación puede adoptar?

Suspender la ejecución sin ponderar perjuicios, porque la invocación de nulidad determina la suspensión
Mantener la ejecución, pues la suspensión solo procede si una disposición la establece expresamente
Suspender la ejecución de oficio o a petición, tras ponderar razonadamente los perjuicios concurrentes
Suspender la ejecución únicamente si el recurrente lo solicita y acredita perjuicios al interés público

Suspender la ejecución de oficio o a petición, tras ponderar razonadamente los perjuicios concurrentes

Explicación

El órgano competente puede suspender de oficio o a solicitud del recurrente si concurre alguno de esos motivos, previa ponderación razonada de los perjuicios al interés público o a terceros frente a los del recurrente. La interposición no produce suspensión automática, la solicitud no es imprescindible y la suspensión no elimina la ponderación.

101. Durante la tramitación de un recurso se incorporan hechos o documentos nuevos que no estaban en el expediente. ¿Qué oportunidad debe ofrecerse a los interesados?

Incorporarlos al expediente y resolver sin ofrecer un plazo para presentar alegaciones
Ponerlos de manifiesto para alegar y aportar documentos y justificantes en un plazo máximo de tres meses
Ponerlos de manifiesto para alegar y aportar documentos y justificantes en un plazo de diez a quince días
Remitirlos al órgano superior para que este abra un trámite de audiencia de un mes

Ponerlos de manifiesto para alegar y aportar documentos y justificantes en un plazo de diez a quince días

Explicación

Si deben considerarse hechos o documentos nuevos ajenos al expediente, se ponen de manifiesto a los interesados para que aleguen y aporten documentos y justificantes durante diez a quince días. Los tres meses corresponden al plazo máximo de resolución de alzada, no a este trámite.

102. Un acto administrativo recurrible no pone fin a la vía administrativa. ¿Ante qué órgano debe plantearse el recurso de alzada?

Ante el mismo órgano que dictó el acto
Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto
Ante la jurisdicción contencioso-administrativa
Ante el órgano inferior jerárquico del que dictó el acto

Ante el órgano superior jerárquico del que dictó el acto

Explicación

Los actos recurribles que no ponen fin a la vía administrativa se impugnan en alzada ante el órgano superior jerárquico. Presentarla ante el mismo órgano corresponde a la reposición; un órgano inferior o la jurisdicción no son el destinatario de la alzada.

103. Se notifica un acto expreso susceptible de recurso de alzada. ¿Cuál es el plazo para interponerlo y qué sucede si transcurre sin recurso?

Desde el día siguiente al silencio; vencido ese periodo, la resolución queda firme
Un mes; vencido sin interponerlo, la resolución se entiende desestimada
Tres meses; vencido sin interponerlo, la resolución queda firme
Un mes; vencido sin interponerlo, la resolución queda firme

Un mes; vencido sin interponerlo, la resolución queda firme

Explicación

Contra un acto expreso, el plazo de alzada es de un mes; si no se interpone dentro de ese plazo, la resolución queda firme. Los tres meses son el plazo máximo para resolver la alzada, la desestimación presunta se refiere a la falta de resolución y la regla desde el día siguiente corresponde a actos no expresos.

104. Un acto pone fin a la vía administrativa y la persona afectada desea elegir entre una vía administrativa potestativa y una vía judicial directa. ¿Qué alternativas tiene?

Interponer reposición ante el superior jerárquico o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa
Interponer reposición ante el órgano autor del acto o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa
Interponer alzada ante el superior jerárquico o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa
Interponer reposición ante el órgano autor del acto y acudir después a la jurisdicción contencioso-administrativa

Interponer reposición ante el órgano autor del acto o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa

Explicación

Los actos que ponen fin a la vía administrativa pueden recurrirse potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los dictó o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La alzada corresponde a actos que no ponen fin a la vía, y la reposición se dirige al órgano autor del acto.

105. Un acto ya es firme en vía administrativa y aparecen documentos esenciales que evidencian un error en su resolución. ¿Qué recurso puede proceder y ante quién se interpone?

Recurso extraordinario de revisión ante el órgano que dictó el acto
Recurso potestativo de reposición ante el órgano que dictó el acto
Recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico
Recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico

Recurso extraordinario de revisión ante el órgano que dictó el acto

Explicación

El recurso extraordinario de revisión procede contra actos firmes cuando aparecen documentos esenciales que evidencian el error, y se interpone ante el órgano que dictó el acto, que también lo resuelve. La alzada se refiere a actos que no ponen fin a la vía administrativa; la reposición es potestativa para actos que sí la ponen fin, y el órgano superior no es el destinatario indicado.

106. El Gobierno de la Nación prepara una nueva ley. ¿Qué actuación constituye el ejercicio de su iniciativa legislativa?

Aprobar un reglamento y remitirlo después a las Cortes Generales
Aprobar directamente la ley y comunicarla después a las Cortes Generales
Remitir un anteproyecto y encargar a las Cortes Generales la elaboración del proyecto
Elaborar y aprobar un anteproyecto y remitir después el proyecto a las Cortes Generales

Elaborar y aprobar un anteproyecto y remitir después el proyecto a las Cortes Generales

Explicación

La iniciativa del Gobierno estatal consiste en elaborar y aprobar el anteproyecto y, posteriormente, remitir el proyecto a las Cortes Generales. Aprobar un reglamento confunde las funciones normativas, mientras que invertir los pasos o atribuir al Gobierno la aprobación final de la ley altera el procedimiento descrito.

107. ¿A quién corresponde la potestad reglamentaria en el ámbito estatal, autonómico y local?

A los órganos judiciales estatales, autonómicos y locales conforme a sus respectivos marcos normativos
Al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno autonómicos y a los órganos de gobierno locales conforme a sus marcos normativos
Al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales, con exclusión de los órganos autonómicos y locales
A las asambleas legislativas autonómicas y a las entidades locales, con exclusión del Gobierno de la Nación

Al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno autonómicos y a los órganos de gobierno locales conforme a sus marcos normativos

Explicación

La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas conforme a sus estatutos y a los órganos de gobierno locales según el marco aplicable. Las Cortes y las asambleas legislativas se confunden aquí con órganos ejecutivos, y excluir a los gobiernos locales omite uno de los ámbitos expresamente reconocidos.

108. Un ayuntamiento propone un reglamento que crea una infracción y establece una sanción. ¿Qué conclusión se ajusta a los límites de la potestad reglamentaria?

Puede establecer sanciones si la materia pertenece a la competencia local
No puede tipificar infracciones ni establecer sanciones mediante un reglamento
Puede tipificar infracciones, pero debe fijar las sanciones en una ley municipal
Puede tipificar infracciones y sanciones si el reglamento desarrolla una ley

No puede tipificar infracciones ni establecer sanciones mediante un reglamento

Explicación

Los reglamentos no pueden tipificar infracciones ni establecer sanciones, aunque puedan desarrollar o colaborar con la ley. La competencia local o la existencia de una ley de referencia no elimina esa prohibición; tampoco basta separar la infracción de la sanción para habilitar su creación reglamentaria.

109. Al preparar un proyecto de reglamento, una Administración debe justificar en el preámbulo su adecuación a los principios que rigen la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. ¿Qué conjunto debe considerar?

Legalidad, jerarquía, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y coordinación
Necesidad, eficacia, proporcionalidad, estabilidad presupuestaria, publicidad y competencia
Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia
Necesidad, eficacia, igualdad, seguridad jurídica, publicidad y eficiencia

Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia

Explicación

La actuación normativa debe ajustarse a necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, y justificar esa adecuación en el preámbulo del proyecto de reglamento. Añadir principios distintos no sustituye elementos del conjunto, como seguridad jurídica o transparencia.

110. Una Administración revisa una norma vigente para comprobar sus resultados y si sus costes y cargas estaban justificados y cuantificados. ¿Qué debe hacer con el resultado de esa evaluación?

Recogerlo en un informe público
Presentarlo como consulta pública antes de redactar otra norma
Publicarlo como parte obligatoria del diario oficial para que la norma entre en vigor
Incluirlo en el Plan Normativo del año siguiente

Recogerlo en un informe público

Explicación

La revisión periódica evalúa la consecución de objetivos y la justificación y cuantificación de costes y cargas; sus resultados se recogen en un informe público. La consulta previa y el Plan Normativo son instrumentos distintos, y la publicación oficial corresponde a la entrada en vigor y eficacia jurídica de las normas.

111. Una Administración aprueba un reglamento y quiere que entre en vigor y produzca efectos jurídicos. ¿Qué requisito de publicidad debe cumplir?

Comunicarlo internamente a los órganos que deban aplicarlo
Publicarlo únicamente en el Portal de la Transparencia
Publicarlo en el diario oficial correspondiente
Incluirlo en el informe público de evaluación normativa

Publicarlo en el diario oficial correspondiente

Explicación

Los reglamentos, al igual que las normas con rango de ley y las disposiciones administrativas, deben publicarse en el diario oficial correspondiente para entrar en vigor y producir efectos jurídicos. Los medios complementarios pueden añadirse, pero no sustituyen esa publicación; la aprobación interna tampoco la reemplaza.

112. Una Administración organiza su planificación normativa anual. ¿Qué debe incluir y dónde debe publicar el plan una vez aprobado?

Las normas ya aprobadas durante el año, en el diario oficial correspondiente
Las consultas ciudadanas pendientes, en el portal web usado para cada consulta
Las iniciativas legales o reglamentarias previstas para aprobación el año siguiente, en el Portal de la Transparencia correspondiente
Los informes de costes de las normas vigentes, en el Portal de la Transparencia correspondiente

Las iniciativas legales o reglamentarias previstas para aprobación el año siguiente, en el Portal de la Transparencia correspondiente

Explicación

El Plan Normativo anual comprende las iniciativas legales o reglamentarias previstas para aprobación durante el año siguiente y, una vez aprobado, se publica en el Portal de la Transparencia correspondiente. Las normas aprobadas se publican en el diario oficial; las consultas previas y los informes de evaluación son instrumentos diferentes.

113. Antes de redactar un anteproyecto de ley, una Administración abre una consulta pública previa en su portal web. ¿Qué debe plantear para recabar la opinión de la ciudadanía?

Los problemas que se buscan resolver, la necesidad y oportunidad, los objetivos y las posibles soluciones regulatorias y no regulatorias
Los resultados de la norma, sus costes finalmente comprobados y el informe de evaluación
Las infracciones aplicables, las sanciones previstas y los recursos contra la futura norma
La exposición de motivos definitiva y el calendario de aprobación parlamentaria

Los problemas que se buscan resolver, la necesidad y oportunidad, los objetivos y las posibles soluciones regulatorias y no regulatorias

Explicación

La consulta pública debe realizarse antes de elaborar el proyecto o anteproyecto y abordar los problemas, la necesidad y oportunidad de la norma, sus objetivos y posibles soluciones regulatorias y no regulatorias. La evaluación de resultados es posterior, y el texto definitivo o el régimen sancionador no sustituyen esos aspectos de la consulta.

114. Durante el segundo año posterior a la entrada en vigor de la Ley, ¿qué organización máxima de registros y archivos electrónicos puede tener un ministerio y un organismo público de la Administración General del Estado?

Un registro y un archivo por ministerio y por organismo público
Un registro y un archivo por ministerio, y un registro por organismo público
Un registro por ministerio, y un registro y un archivo por organismo público
Los registros y archivos existentes, sin un máximo por ministerio u organismo

Un registro y un archivo por ministerio, y un registro por organismo público

Explicación

Durante el segundo año se permite como máximo un registro electrónico y un archivo electrónico por ministerio, además de un registro electrónico por organismo público. Mantener sin límite los existentes corresponde al primer año; atribuir un archivo a cada organismo o eliminar el archivo ministerial altera la regla.

115. Tras la entrada en vigor de la Ley, una Administración inicia un procedimiento de revisión de oficio. ¿Qué normativa debe aplicar para tramitarlo?

La normativa vigente cuando se dictó el acto revisado
La nueva Ley
La normativa vigente antes de la nueva Ley
La normativa que regía al iniciarse cualquier procedimiento anterior

La nueva Ley

Explicación

Los procedimientos de revisión de oficio iniciados después de la entrada en vigor se tramitan conforme a la nueva Ley. La normativa anterior rige los procedimientos ya iniciados antes, y la regla sobre ejecución se refiere a actos pendientes de ejecución.

116. Una resolución fue dictada antes de la entrada en vigor de la nueva Ley y queda pendiente de ejecución cuando esta entra en vigor. ¿Qué régimen se aplica a su ejecución?

La normativa vigente cuando se dictó la resolución
La nueva Ley vigente al comenzar la ejecución
La nueva Ley en materia de recursos
La normativa vigente cuando se inició el procedimiento

La normativa vigente cuando se dictó la resolución

Explicación

Los actos y resoluciones pendientes de ejecución se ejecutan conforme a la normativa vigente cuando fueron dictados. La aplicación de la nueva Ley a los recursos afecta a actos posteriores a su entrada en vigor, no a la ejecución de esta resolución.

117. Una persona impugna un acto administrativo en materia laboral que considera lesivo de un derecho fundamental. ¿Qué debe hacer, en general, antes de presentar la demanda social?

Puede presentar la demanda de tutela sin agotar la vía administrativa
Debe agotar la vía administrativa como en las demás demandas
Debe presentar primero una demanda laboral ordinaria
Puede omitir la vía administrativa en cualquier impugnación administrativa

Puede presentar la demanda de tutela sin agotar la vía administrativa

Explicación

La demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos administrativos laborales o sindicales está exceptuada del agotamiento de la vía administrativa. La excepción no se extiende a las demandas ordinarias ni a toda impugnación administrativa.

118. En un juicio social no se alcanza avenencia. ¿Qué secuencia procesal corresponde a continuación?

Resolver cuestiones previas, contestar, fijar hechos y permitir que el demandante cambie sustancialmente la demanda
Ratificar o ampliar la demanda, fijar hechos controvertidos, resolver cuestiones previas y contestar
Resolver cuestiones previas, ratificar o ampliar la demanda sin cambio sustancial, contestar y fijar hechos conformes y controvertidos
Contestar la demanda, resolver cuestiones previas, fijar los hechos y permitir una modificación sustancial

Resolver cuestiones previas, ratificar o ampliar la demanda sin cambio sustancial, contestar y fijar hechos conformes y controvertidos

Explicación

Si no hay avenencia, se resuelven las cuestiones previas; después, el demandante ratifica o amplía sin variación sustancial, el demandado contesta y las partes fijan los hechos conformes y controvertidos. Alterar el orden o permitir una modificación sustancial contradice esa secuencia.

119. Un trabajador recibe la comunicación de despido y quiere impugnarla. ¿Qué plazo tiene para reclamar y cómo se computa?

Veinte días naturales, excluidos los sábados y domingos, pero no los festivos; es un plazo de prescripción
Veinte días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos de la sede judicial; es un plazo de caducidad
Veinte días naturales, incluidos sábados, domingos y festivos; es un plazo de caducidad
Veinte días hábiles, sin contar festivos, pero contando sábados y domingos; es un plazo de prescripción

Veinte días hábiles, sin contar sábados, domingos ni festivos de la sede judicial; es un plazo de caducidad

Explicación

La reclamación contra el despido debe formularse dentro de veinte días hábiles; no se cuentan sábados, domingos ni festivos en la sede judicial, y el plazo es de caducidad. Contar días naturales o calificarlo como prescripción confunde tanto el cómputo como la naturaleza del plazo.

120. Si una ley dispone que entra en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ¿cuándo comienza a regir?

Al cumplirse un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado
Al cumplirse un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado
El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
Al cumplirse un año desde su aprobación

Al cumplirse un año desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado

Explicación

La entrada en vigor se produce al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado. La aprobación no inicia ese plazo, y la regla no establece vigencia inmediata ni al cabo de un mes.

121. ¿En qué fecha producen efectos las previsiones sobre los registros electrónicos, el punto de acceso general electrónico y el archivo único electrónico?

En la fecha de publicación de la Ley
El 2 de abril de 2021
El 2 de abril de 2020
Un año después de la publicación de la Ley

El 2 de abril de 2021

Explicación

Las previsiones indicadas producen efectos el 2 de abril de 2021. Esa fecha específica no debe confundirse con el plazo general de entrada en vigor ni con la publicación de la Ley.

Repasa con flashcards

Memoriza las respuestas con 96 flashcards de Procedimiento administrativo común.

¿En qué fecha se promulgó la Ley 39/2015?

El 1 de octubre de 2015.

¿Cuáles son los dos ejes de la reforma del ordenamiento jurídico público?

Las relaciones ad extra con ciudadanos y empresas, y las relaciones ad intra entre Administraciones e instituciones del Estado.

¿Qué ley fue un hito del Derecho administrativo constitucional?

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

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