Test: Procedimiento administrativo (67 preguntas)

Explicación

La entrada en vigor general fue el 2 de octubre de 2016, mientras que las previsiones electrónicas señaladas produjeron efectos desde el 2 de abril de 2021. La fecha de publicación no es la de entrada en vigor general, y tampoco coinciden ambos momentos.

Explicación

La Ley regula la validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento común —incluidos el sancionador y el de reclamación de responsabilidad— y los principios de iniciativa legislativa y potestad reglamentaria. La organización y el personal no sustituyen ese objeto, y la reclamación de responsabilidad no equivale a revisión judicial.

Explicación

El sector público comprende expresamente las entidades que integran la Administración Local, además de las administraciones estatal y autonómicas y el sector público institucional. La Administración Local es una categoría propia y no queda excluida por no depender del Estado.

Explicación

Puede ser interesado quien se persona antes de la resolución definitiva y tiene un interés legítimo potencialmente afectado, aunque no iniciara el procedimiento. Ser promotor no es necesario, y la regla también contempla intereses legítimos, no solo derechos subjetivos.

Explicación

La identificación electrónica permite verificar la identidad, mientras que la firma acredita la autenticidad de la voluntad y el consentimiento, además de la integridad e inalterabilidad del documento. Atribuir a la identificación la voluntad o la integridad confunde ambas funciones.

Explicación

Aunque por regla general basta acreditar la identidad, la Administración exige firma para interponer recursos. La identificación por sí sola no sustituye esa exigencia, y el certificado de sello es un sistema posible, no la regla específica para este trámite.

Explicación

Las personas físicas pueden elegir y cambiar en cualquier momento si se relacionan electrónicamente, salvo que estén obligadas. La obligación sí alcanza a determinadas categorías, como las personas jurídicas, pero no a toda persona física.

Explicación

El Registro Electrónico General registra documentos presentados o recibidos por los órganos y puede anotar la salida de documentos oficiales; además, sirve de portal de acceso a registros de organismos, que pueden ser interoperables e interconectados. No es un archivo de expedientes cerrados ni se limita a documentos de entrada.

Explicación

Los asientos respetan el orden temporal de recepción o salida e indican la fecha del día en que se producen; una vez concluido el registro, los documentos se cursan sin dilación. Ordenar por destinatario o naturaleza confunde el criterio temporal, y demorar la remisión contradice la regla de envío.

Explicación

El asiento debe dejar constancia de su número y naturaleza, la fecha y hora, la identidad del interesado, el remitente cuando proceda, el destinatario y, en su caso, una referencia al contenido. El plazo de resolución, el coste y el plazo de subsanación no forman parte de los datos enumerados.

Explicación

El recibo automático incluye una copia autenticada del documento, la fecha y hora y el número de entrada; si hay documentos acompañantes, se emite además un recibo que garantiza su integridad y no repudio. Una mera confirmación o una lista no acredita esos elementos, y omitir el número de entrada deja incompleto el recibo.

Explicación

Los documentos dirigidos a órganos administrativos pueden presentarse en representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, además de otros lugares admitidos. Limitar la presentación al registro destinatario o a Correos descarta indebidamente otros canales previstos.

Explicación

Cada Administración debe mantener un archivo electrónico único para los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos finalizados. Los archivos separados, la inclusión de expedientes en curso y la sustitución por un archivo físico no se ajustan a esa regla.

Explicación

Los formatos deben preservar autenticidad, integridad, conservación y consulta con independencia del tiempo, además de permitir trasladar los datos a otros formatos y soportes; eliminar documentos requiere autorización conforme a la normativa. Mantener un formato intransferible o permitir una eliminación basada solo en decisión técnica omite requisitos esenciales.

Explicación

El deber de colaboración se rige por la ley aplicable y, a falta de previsión expresa, comprende facilitar informes y actos de investigación, con excepción, entre otros casos, de datos confidenciales de terceros conocidos al prestar servicios profesionales de asesoramiento. La obligación no prevalece sin matices sobre esa excepción, que tampoco cubre cualquier información laboral ni se limita a datos propios.

Explicación

El cómputo de plazos del registro se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, cuya integridad debe estar protegida y cuya información ha de ser accesible y visible. La hora del dispositivo, de una oficina cercana o de otro órgano no sustituye esa referencia.

Explicación

La ampliación ordinaria no puede superar la mitad del plazo: la mitad de 20 días son 10, y el acuerdo debe notificarse. Conceder 20 días duplica el límite; reducir a 5 días confunde la regla con otra proporción; omitir la notificación desconoce un requisito del acuerdo.

Explicación

Tanto la solicitud como la decisión de ampliación deben producirse antes del vencimiento, y un plazo vencido no puede ampliarse. Que la petición siga pendiente no subsana su presentación tardía; la irrecurribilidad de los acuerdos no permite ampliar un plazo vencido.

Explicación

La tramitación urgente reduce a la mitad los plazos ordinarios, pero exceptúa los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, por lo que el plazo de recurso permanece en 20 días. Reducirlo a 10 días ignora la excepción; 40 días trata la urgencia como ampliación y 5 días aplica una reducción no prevista.

Explicación

Los actos deben proceder del órgano competente y ajustarse a los requisitos y al procedimiento; además, su contenido ha de respetar el ordenamiento, ser determinado y adecuarse a sus fines. La actuación de oficio es válida como forma de iniciación, pero no corrige un contenido ilegal.

Explicación

Los acuerdos de ampliación de plazos deben motivarse mediante una referencia sucinta a los hechos y fundamentos de derecho. Indicar solo la fecha omite la motivación, y esta exigencia no depende de que después se interponga un recurso.

Explicación

Una resolución particular no puede vulnerar una disposición general, incluso si procede de un órgano de igual o superior jerarquía; las resoluciones que infringen una disposición reglamentaria son nulas. La mayor jerarquía no habilita a ignorar el reglamento ni convierte la resolución en una modificación válida de este.

Explicación

Aunque los actos se presumen válidos y normalmente producen efectos desde que se dictan, la eficacia se demora cuando depende de una notificación, publicación o aprobación superior. En este caso el requisito pendiente es la notificación, no la publicación ni una aprobación superior innecesaria.

Explicación

La notificación debe incluir el texto íntegro, indicar si el acto pone fin a la vía administrativa y señalar los recursos procedentes, el órgano ante el que se presentan y el plazo. La explicación de antecedentes no sustituye esos datos; tampoco basta con omitir el efecto sobre la vía administrativa o identificar solo a las autoridades.

Explicación

Si la notificación electrónica es obligatoria y transcurren diez días naturales desde su puesta a disposición sin acceso, se entiende rechazada. El acceso efectivo es lo que determina que se tenga por practicada; el plazo no se cuenta en días hábiles ni queda pendiente indefinidamente.

Explicación

Los actos dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio son nulos de pleno derecho. Un defecto formal o una incompetencia jerárquica no determinante de nulidad corresponden a supuestos distintos.

Explicación

Actuar fuera de plazo causa anulabilidad solo cuando así lo impone la naturaleza del término o plazo. El mero vencimiento no basta, y el retraso no convierte por sí solo el acto en nulo ni implica desviación de poder.

Explicación

La Administración puede convalidar un acto anulable subsanando sus vicios; si falta una autorización, puede otorgarla el órgano competente. La convalidación produce efectos desde su fecha, salvo la retroactividad permitida, y no se presume por el transcurso del tiempo.

Explicación

La orden superior procede de un órgano administrativo jerárquicamente superior al competente para iniciar el procedimiento. La iniciativa propia, la petición razonada de otro órgano y la denuncia son otras formas distintas de promover el inicio de oficio.

Explicación

El procedimiento sancionador se inicia de oficio y separa la fase instructora de la sancionadora, atribuyéndolas a órganos distintos. La solicitud del interesado confunde este procedimiento con el de responsabilidad patrimonial, y un mismo órgano para ambas fases contradice la separación exigida.

Explicación

La imposición de una sanción requiere que se haya tramitado el procedimiento correspondiente. Los indicios, la mera apertura o la notificación no sustituyen esa tramitación.

Explicación

El acuerdo debe identificar a los presuntos responsables, los hechos, su posible calificación y las sanciones posibles, además del instructor y su régimen de recusación, el órgano resolutor y la norma que le atribuye la competencia. Omitir las sanciones, al instructor o la norma competencial deja fuera un contenido mínimo requerido.

Explicación

La solicitud debe consignar la identidad, los datos para notificaciones, los hechos, razones y petición, el lugar y la fecha, la firma o acreditación de voluntad y el órgano destinatario con su código. La firma no queda dispensada; el correo electrónico no reemplaza al destinatario, y también deben expresarse las razones.

Explicación

La declaración responsable es el documento firmado en el que el interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos, dispone de la documentación acreditativa, la aportará si se le requiere y mantendrá el cumplimiento. La comunicación pone datos en conocimiento de la Administración; una autorización previa no define el documento descrito.

Explicación

La declaración responsable permite ejercer el derecho desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades administrativas de comprobación, control e inspección. La autorización expresa o la conclusión de una comprobación no son condiciones previas indicadas para ese efecto.

Explicación

Si la persona interesada no subsana o aporta los documentos requeridos en el plazo de diez días, se la tiene por desistida mediante resolución. El desistimiento no equivale a resolver el fondo, y debe formalizarse mediante resolución, no producirse sin ella.

Explicación

El expediente reúne ordenadamente los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución, además de las diligencias dirigidas a ejecutarla. «Normas aplicables» confunde el expediente con el marco jurídico; «resolución y notificaciones» lo reduce a actuaciones concretas; «alegaciones y pruebas» omite el resto de documentos y actuaciones.

Explicación

El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y por medios electrónicos, con respeto a la celeridad, la transparencia y la publicidad. «Esperar a los interesados» invierte el impulso de oficio; «trámites en papel» contradice el medio previsto; «reserva» reemplaza los principios de transparencia y publicidad.

Explicación

Los actos necesarios para determinar, conocer y comprobar los hechos se realizan de oficio y por medios electrónicos, sin perjuicio de las actuaciones que los interesados puedan proponer. «Dejar la comprobación a la interesada» traslada indebidamente la instrucción; «actuaciones presenciales» omite el medio electrónico; «esperar un acuerdo» no corresponde al impulso de oficio.

Explicación

La audiencia tiene lugar una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta, y su plazo para alegar y aportar documentos es de diez a quince días. «Antes de instruir» altera el momento del trámite; «diez a treinta días» confunde la audiencia con el período de prueba; «después de la propuesta» invierte la secuencia.

Explicación

En la información pública, el órgano que debe resolver publica un anuncio en el diario oficial correspondiente para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente o parte de él. «Notificar individualmente» confunde la publicidad general con la comunicación a interesados; «solo las partes» restringe quién puede examinarlo; «diario de circulación general» no es el diario oficial correspondiente.

Explicación

El plazo para formular alegaciones en la información pública no puede ser inferior a veinte días. «Quince días» y «diez días» quedan por debajo del mínimo; «treinta días como plazo máximo» convierte incorrectamente un mínimo en un máximo.

Explicación

El informe preceptivo es obligatorio solicitarlo y puede suspender el plazo máximo para resolver; si un informe facultativo no se emite en plazo, las actuaciones pueden continuar. «Facultativo obligatorio» confunde la obligación de pedirlo; «suspensión automática» y «paralización» atribuyen al informe facultativo consecuencias que corresponden al informe preceptivo o que no se derivan de su falta.

Explicación

Cuando la indemnización alcanza o supera los 50.000 €, es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico, que debe emitirse en dos meses. «Diez días» confunde este plazo con el del informe del servicio causante; «informe del servicio» confunde dos trámites distintos; «dos días» no es el plazo establecido.

Explicación

La audiencia tiene lugar una vez instruido el procedimiento y antes de dictar resolución, con un plazo de entre 10 y 15 días. El momento posterior a la resolución invierte el orden del trámite; los 7 días corresponden a alegaciones tras actuaciones complementarias, y el intervalo de 5 a 10 días no es el previsto.

Explicación

La imposibilidad material sobrevenida de continuar es una causa de terminación del procedimiento. Las alegaciones no lo terminan; la renuncia solo produce ese efecto cuando no está prohibida, y una dificultad temporal no equivale a imposibilidad material.

Explicación

La Administración puede celebrar acuerdos con personas públicas o privadas para satisfacer el interés público, siempre que no sean contrarios al ordenamiento ni recaigan sobre materias no susceptibles de transacción. Afirmar que las materias no transigibles sí pueden pactarse invierte la condición; excluir a las personas privadas o sustituir el interés público por uno privado también contradice la regla.

Explicación

Las actuaciones complementarias deben practicarse en un máximo de 15 días y, hasta que terminen, queda suspendido el plazo para resolver. Los 7 días son para formular alegaciones después de las actuaciones; mantener en marcha el plazo para resolver desconoce la suspensión prevista.

Explicación

Antes de resolver una cuestión conexa no planteada, debe ponerse de manifiesto a los interesados y darles un plazo máximo de 15 días para alegaciones y pruebas. Decidirla sin trámite previo invierte la garantía; 7 días corresponde a otro trámite, y el plazo de 10 a 15 días se asocia a la audiencia ordinaria.

Explicación

En procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la resolución debe ser congruente con sus peticiones y no puede agravar su situación inicial. La Administración puede incoar de oficio otro procedimiento si procede, por lo que la posibilidad de ese procedimiento no altera el límite aplicable a la resolución solicitada.

Explicación

Aunque la Administración no puede abstenerse de resolver por silencio, oscuridad o insuficiencia normativa, sí puede inadmitir solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos legalmente o manifiestamente infundadas. Dejar el expediente sin resolver o ampararse en la oscuridad incumple el deber de resolver; negar toda inadmisión desconoce la excepción.

Explicación

Recibido el dictamen preceptivo, el órgano competente debe resolver o someter una propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y el órgano administrativo competente. La reclamación nueva, la remisión judicial y el archivo no son las actuaciones previstas para esta fase.

Explicación

La resolución debe pronunciarse sobre la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión; cuando proceda, también debe abordar la valoración del daño, la cuantía y el modo de indemnización. Limitarse al daño, omitir la causalidad o sustituirla por la identidad del órgano deja fuera elementos exigidos.

Explicación

Si pasan seis meses sin resolución expresa notificada ni acuerdo formalizado, puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. La falta de respuesta no equivale a estimar la reclamación ni a formalizar un acuerdo.

Explicación

El interesado puede renunciar a sus derechos si el ordenamiento jurídico no prohíbe la renuncia. Retirar una solicitud es desistir, y la aceptación administrativa o el carácter económico del derecho no sustituyen esa condición.

Explicación

Los actos de trámite que causan indefensión son recurribles mediante alzada o reposición. La impugnación diferida corresponde a los actos de trámite ordinarios, mientras que no es preciso que el acto cualificado resuelva directamente el fondo.

Explicación

Aunque las disposiciones administrativas generales no son recurribles en vía administrativa, un recurso contra un acto fundado únicamente en la nulidad de una disposición general puede interponerse directamente ante el órgano que dictó esta última. La impugnación del acto no se convierte por ello en un recurso judicial ni se dirige automáticamente al superior jerárquico.

Explicación

La interposición del recurso no suspende por sí misma la ejecución, pero el órgano resolutor puede acordar la suspensión si aprecia perjuicios de difícil o imposible reparación, previa ponderación razonada de los intereses afectados. La suspensión automática y la ausencia de ponderación no se ajustan a la regla.

Explicación

Cuando un vicio formal impide resolver el fondo, la resolución del recurso ordena retrotraer el procedimiento al momento en que se produjo, sin perjuicio de una posible convalidación. Desestimar el fondo, inadmitir por cualquier irregularidad o excluir toda convalidación confunde los efectos previstos para ese vicio.

Explicación

La alzada se interpone ante el superior jerárquico cuando se recurre un acto que no pone fin a la vía administrativa; presentarla ante el mismo órgano confunde alzada con reposición, acudir al órgano jurisdiccional corresponde a la vía judicial y dirigirse al órgano que dictaría una resolución firme no es el criterio aplicable.

Explicación

La alzada contra un acto expreso debe interponerse en el plazo de un mes; los tres meses corresponden al plazo máximo para resolver, la regla de cualquier momento se aplica a actos presuntos y dos meses no es el plazo establecido.

Explicación

Si pasan tres meses sin resolución, la alzada se entiende desestimada, salvo el supuesto legal excepcional; considerar que se estima invierte el sentido del silencio, reiniciar el plazo confunde interposición y resolución, y dejarlo sin efecto presunto ignora la consecuencia establecida.

Explicación

La reposición es potestativa, se interpone ante el mismo órgano autor del acto que pone fin a la vía administrativa y permite optar por acudir directamente a la jurisdicción; la alzada corresponde a actos que no ponen fin a esa vía, la revisión extraordinaria exige un acto firme y causas tasadas, y la vía judicial directa no es obligatoria.

Explicación

La responsabilidad patrimonial puede derivarse tanto del funcionamiento normal como del anormal de los servicios, salvo fuerza mayor o deber jurídico de soportar el daño; negar responsabilidad por el funcionamiento normal desconoce ese alcance, afirmar fuerza mayor contradice el caso y el deber de soportar sí excluye la indemnización.

Explicación

La anulación de un acto no presupone por sí misma indemnización, y el daño indemnizable debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado; hacer automática la indemnización confunde anulación con daño, omitir la evaluación ignora un requisito y prescindir de la efectividad también incumple la regla.

Explicación

Cuando el daño deriva de una fórmula conjunta de actuación, las Administraciones intervinientes responden solidariamente frente al particular; el reparto por competencias y por intensidad corresponde a otros supuestos de concurrencia, y la responsabilidad subsidiaria no es la regla indicada.

Explicación

El particular reclama directamente a la Administración y, una vez indemnizado, esta exige de oficio la responsabilidad del agente si hubo dolo o culpa o negligencia graves, ponderando el daño, la culpabilidad, la responsabilidad profesional y su relación con el resultado; reclamar al agente altera el destinatario, negar la acción posterior ignora la regla y omitir la ponderación prescinde de sus criterios.