Cámaras, referéndum, sanción y publicación: 31 de octubre, 6, 27 y 29 de diciembre de 1978.
★ Imprescindible
El artículo 1 define España como Estado social y democrático de Derecho, proclama como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, atribuye la soberanía nacional al pueblo español y establece la Monarquía parlamentaria.
Las manifestaciones del Estado de Derecho incluyen: el imperio de la ley, la división de poderes, la legalidad de la actuación administrativa, el reconocimiento formal de derechos y libertades
El Estado social se manifiesta en el principio de igualdad de los artículos 9.2 y 14, en los derechos económicos y sociales del Capítulo III del Título I y en la Constitución económica del Título VII.
El Estado democrático se expresa en la soberanía popular, el pluralismo político y social y la participación ciudadana en los asuntos públicos.
El artículo 9 establece los principios de: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos
El artículo 2 fundamenta la Constitución en la unidad indisoluble de la Nación española y reconoce y garantiza la autonomía de las nacionalidades y regiones y la solidaridad entre ellas.
Complementos
Montesquieu formuló la división de poderes en 1748 en su obra «De l’Esprit des Lois». - CHARLES LOUIS DE SECONDAT, BARÓN DE LA BREDE ET DE MONTESQUIEU
Según Peces-Barba, los valores superiores son la meta del Estado y del Derecho y constituyen el marco, el límite y el objetivo del ordenamiento jurídico.
El castellano es la lengua oficial del Estado; los españoles tienen el deber de conocerlo y el derecho a usarlo, y las demás lenguas españolas pueden ser oficiales en sus respectivas comunidades autónomas.
La bandera de España tiene tres franjas horizontales roja, amarilla y roja, y las banderas autonómicas se utilizan junto a ella en edificios públicos y actos oficiales.
Madrid es la capital del Estado, y los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a formar y manifestar la voluntad popular y son instrumento fundamental de participación política.
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales defienden y promueven sus respectivos intereses económicos y sociales, y su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos.
Las Fuerzas Armadas tienen la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
LJIP: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
★ Imprescindible
El Título I comprende los artículos 10 a 55: el Capítulo I regula españoles y extranjeros; el II, derechos y libertades; el III, principios rectores de la política social y económica; el IV, garantías; y el V, suspensión de derechos y libertades.
El artículo 10 establece que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos ajenos fundamentan el orden político y la paz social.
📌 Los derechos fundamentales y las libertades reconocidos por la Constitución se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados y acuerdos internacionales sobre esas materias ratificados por España.
La Sección 1.ª del Capítulo II del Título I comprende los derechos fundamentales y las libertades públicas de los artículos 15 a 29, mientras que la Sección 2.ª recoge los derechos y deberes de los ciudadanos en los artículos 30 a 38.
El artículo 15 reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes y abole la pena de muerte, salvo lo que dispongan las leyes penales militares para tiempos de guerra.
📌 La detención preventiva no puede superar el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, el detenido debe quedar libre o a disposición judicial en un máximo de 72 horas.
📌 El artículo 25 prohíbe condenar o sancionar por acciones u omisiones que no constituyeran delito o infracción cuando se cometieron, orienta las penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social y prohíbe que la Administración civil imponga sanciones que impliquen privación de libertad.
Los artículos 27 a 29 reconocen: el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, la libertad sindical, el derecho de huelga con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales, el derecho de petición
Los artículos 30 a 38 regulan: el deber de defender España, el matrimonio en igualdad jurídica, la propiedad y la herencia, la fundación, el trabajo y la libre elección de profesión, los colegios profesionales, la negociación colectiva y las medidas de conflicto colectivo, la libertad de empresa
Complementos
El artículo 14 prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
El artículo 16 reconoce las libertades ideológica, religiosa y de culto, limita sus manifestaciones por el orden público protegido por la ley, impide obligar a declarar sobre ideología, religión o creencias y establece la aconfesionalidad del Estado.
El artículo 18 protege:
La Sección 1.ª reúne derechos fundamentales y libertades públicas; la Sección 2.ª, derechos y deberes ciudadanos.
★ Imprescindible
📌 El art. 39 CE impone a los padres el deber de prestar asistencia de todo orden a sus hijos, dentro y fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos legalmente procedentes.
El art. 40 CE recoge el derecho a una distribución más equitativa de la renta y a una política orientada al pleno empleo, así como los derechos a la formación y readaptación profesionales, a la seguridad e higiene en el trabajo y al descanso necesario.
El art. 41 CE reconoce para todos los ciudadanos el derecho a la Seguridad Social, que debe garantizar asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo.
El art. 43 CE reconoce el derecho a la protección de la salud mediante medidas preventivas y prestaciones y servicios necesarios, y encomienda a los poderes públicos fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, además de facilitar el uso adecuado del ocio.
El art. 45 CE reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y encomienda a los poderes públicos el uso racional de los recursos naturales para proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, con la solidaridad colectiva como apoyo indispensable.
El art. 47 CE reconoce a todos los españoles el derecho a una vivienda digna y adecuada, y encomienda regular el uso del suelo conforme al interés general para impedir la especulación y permitir que la comunidad participe en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos.
El art. 49 CE establece que las personas con discapacidad ejercen los derechos del Título I en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas, y que la ley regulará la protección especial necesaria para ello.
El art. 51 CE obliga a los poderes públicos a defender a consumidores y usuarios mediante procedimientos eficaces que protejan su seguridad, salud e intereses económicos legítimos, y a promover su información, educación y organizaciones, que serán oídas en los asuntos que les afecten.
Complementos
El Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, regula la organización y el funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos.
La Ley 42/2003, de 21 de noviembre, modificó el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos.
La Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, modificó el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El art. 42 CE obliga al Estado a salvaguardar los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y a orientar su política hacia el retorno.
Las normas citadas son:
El art. 44 CE reconoce a todos el acceso a la cultura y encomienda a los poderes públicos promover la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
★ Imprescindible
El art. 30 CE establece el deber y derecho de defender España, contempla la objeción de conciencia y la posible prestación social sustitutoria, permite establecer un servicio civil para fines de interés general y remite a la ley la regulación de los deberes ciudadanos ante grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
El art. 31.1 CE obliga a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según la capacidad económica, mediante un sistema tributario justo inspirado en la igualdad y la progresividad y que no tenga alcance confiscatorio.
El art. 35 CE establece el deber y el derecho al trabajo sin discriminación por razón de sexo.
Los derechos y libertades de los arts. 14 a 38 CE vinculan a todos los poderes públicos, solo pueden regularse por ley respetando su contenido esencial y se tutelan mediante el recurso de inconstitucionalidad previsto en el art. 161.1.a) CE.
Cualquier ciudadano puede reclamar ante los tribunales ordinarios, mediante un procedimiento preferente y sumario, la tutela de los derechos del art. 14 y de los arts. 15 a 29 CE, y, en su caso, solicitar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; el amparo también se aplica a la objeción de conciencia del art. 30.
Los principios de los arts. 39 a 52 CE informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria conforme a las leyes que los desarrollen.
El art. 55 CE permite suspender durante los estados de excepción o sitio los derechos de los arts. 17, 18.2 y 18.3, 19, 20.1.a) y d) y 20.5, 21, 28.2 y 37.2; el art. 17.3 queda exceptuado de esta suspensión durante el estado de excepción.
Una ley orgánica puede regular la suspensión individual de los derechos de los arts. 17.2, 18.2 y 18.3 para personas determinadas, con intervención judicial y control parlamentario, en investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas.
Complementos
La Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, regula los estados de alarma, excepción y sitio, y la Ley 17/2015, de 9 de julio, regula el Sistema Nacional de Protección Civil.
El art. 31.2 CE exige que el gasto público asigne equitativamente los recursos y que su programación y ejecución respondan a criterios de eficiencia y economía.
El art. 31.3 CE dispone que solo pueden establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
El art. 45 CE establece el deber de conservar el medio ambiente.
El art. 46 CE establece el deber de conservar el patrimonio histórico, cultural y artístico.
La institución del Defensor del Pueblo se regula por la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, y la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, regula las relaciones entre esta institución y las figuras similares de las comunidades autónomas.
Agotadas las instancias internas, pueden presentarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos demandas por vulneraciones de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de Roma, de 4 de noviembre de 1950, o en sus protocolos adicionales.
★ Imprescindible
📌 Los actos del Rey deben ser refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 CE son refrendados por el Presidente del Congreso, y responden de los actos quienes los refrendan.
📌 La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y sus actos carecen de validez sin refrendo, salvo que nombre o releve libremente a los miembros civiles y militares de su Casa.
Las elecciones al Congreso tienen lugar entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato, y el Congreso electo debe ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a las elecciones.
En cada provincia se eligen cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
Cada Comunidad Autónoma designa un senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio; la designación corresponde a su Asamblea Legislativa o, en su defecto, a su órgano colegiado superior, y los Estatutos deben asegurar una representación proporcional adecuada.
Complementos
📌 La Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Tribunal Supremo el conocimiento de las acciones civiles y penales contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o el Príncipe de Asturias y su consorte, y el Rey o Reina que haya abdicado y su consorte.
En las circunscripciones insulares, los senadores asignados son:
Ceuta y Melilla eligen cada una dos senadores.
Los senadores son elegidos por cuatro años y su mandato termina cuatro años después de la elección o el día de la disolución de la Cámara.
★ Imprescindible
📌 Nadie puede ser miembro simultáneamente de las dos Cámaras ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de diputado al Congreso.
📌 Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y, durante su mandato, solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito; para inculparlos o procesarlos se requiere autorización previa de su Cámara.
Las Cortes Generales representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno.
El Congreso de los Diputados convalida o deroga los decretos leyes, otorga la confianza al candidato a la Presidencia del Gobierno, se pronuncia sobre la cuestión de confianza y puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante una moción de censura.
Complementos
📌 Los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es competente en las causas contra diputados y senadores.
Los diputados y senadores perciben una asignación fijada por sus respectivas Cámaras.
Las causas comprenden en todo caso a:
Las Cortes Generales establecen sus propios Reglamentos, aprueban sus Presupuestos, eligen a sus Presidentes y a los demás miembros de sus Mesas, y regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales.
Las Cortes Generales ejercen competencias relativas a la Corona, aprueban, modifican o derogan leyes orgánicas, y pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas.
El Congreso de los Diputados declara el estado de sitio y autoriza la declaración del estado de excepción y la prórroga del estado de alarma declarada por el Gobierno.
★ Imprescindible
📌 Las Cámaras funcionan en Pleno y por Comisiones, y pueden delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, aunque el Pleno puede recabar su debate y votación en cualquier momento.
📌 Para que las Cámaras adopten acuerdos deben reunirse reglamentariamente con asistencia de la mayoría de sus miembros, y los acuerdos se aprueban por mayoría de los presentes salvo mayorías especiales; el voto de diputados y senadores es personal e indelegable.
Complementos
📌 Las sesiones extraordinarias pueden solicitarse por el Gobierno, la Diputación Permanente o la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras; deben convocarse con un orden del día determinado y se clausuran al agotarlo.
Las sesiones conjuntas de las Cámaras ejercen competencias no legislativas que el Título II de la Constitución atribuye expresamente a las Cortes y las preside el Presidente del Congreso.
Quedan excluidos de la delegación:
Las Comisiones de Investigación pueden ser nombradas por el Congreso, el Senado o ambas Cámaras conjuntamente para investigar cualquier asunto de interés público; sus conclusiones no vinculan a los Tribunales ni afectan a resoluciones judiciales, aunque pueden comunicarse al Ministerio Fiscal.
Es obligatorio comparecer cuando lo requieran las Cámaras, y la ley regula las sanciones por incumplir esa obligación.
Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas únicamente por escrito, no pueden recibirlas directamente mediante manifestaciones ciudadanas y pueden remitirlas al Gobierno, que debe explicar su contenido si las Cámaras lo exigen.
Cada Cámara cuenta con una Diputación Permanente de al menos veintiún miembros, proporcionalmente representativa de los grupos parlamentarios y presidida por el Presidente de la Cámara correspondiente.
📌 La Diputación Permanente asume funciones de la Cámara si esta ha sido disuelta o ha expirado su mandato, vela por sus poderes cuando no está reunida e informa a la Cámara de sus asuntos y decisiones cuando vuelve a reunirse.
📌 Las sesiones plenarias de las Cámaras son públicas, salvo acuerdo contrario de cada Cámara adoptado por mayoría absoluta o conforme a su Reglamento.
★ Imprescindible
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria conforme a la Constitución y las leyes.
El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes en su caso y de los Ministros, y sus miembros se reúnen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno.
El Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus miembros, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de cada uno en su gestión.
📌 El Congreso otorga inicialmente la confianza al candidato por mayoría absoluta; si no la alcanza, se celebra una segunda votación cuarenta y ocho horas después y basta la mayoría simple.
📌 El Gobierno cesa tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria en los casos constitucionales, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente, y continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Complementos
El Gobierno, junto con la Administración, constituye el Poder Ejecutivo; el Gobierno se identifica con el Consejo de Ministros y su Presidente y ocupa la cúspide de la organización jerárquica ejecutiva.
El funcionamiento del Gobierno se configura por la dirección presidencial, la colegialidad con responsabilidad solidaria de sus miembros y el principio departamental, que reconoce autonomía y responsabilidad a cada titular en su gestión.
📌 El Gobierno está sujeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico; sus actos y omisiones están sometidos al control político de las Cortes, sus actos, inactividad y vías de hecho pueden impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa y su actuación puede impugnarse ante el Tribunal Constitucional conforme a su ley reguladora.
📌 Para ser miembro del Gobierno se requiere ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, no estar inhabilitado para empleo o cargo público por sentencia firme y reunir los requisitos de idoneidad previstos legalmente.
📌 Los vicepresidentes son potestativos y ejercen las funciones que les encomiende el Presidente; quien además sea titular de un Departamento Ministerial tiene también condición de ministro.
Si el Presidente del Gobierno está vacante, ausente o enfermo, sus funciones las asumen los vicepresidentes según su orden de prelación y, en su defecto, los ministros según el orden de precedencia de sus Departamentos.
Los ministros dirigen la acción gubernamental de su Departamento conforme a los acuerdos del Consejo de Ministros o a las directrices del Presidente, ejercen la potestad reglamentaria en las materias departamentales y refrendan, en su caso, los actos del Rey de su competencia.
La investidura presidencial comienza con la propuesta de un candidato por el Rey, previa consulta con los representantes de los grupos parlamentarios y a través del Presidente del Congreso; el candidato expone su programa y solicita la confianza de la Cámara.
📌 Si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso dentro de los dos meses siguientes a la primera votación de investidura, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
★ Imprescindible
El Secretariado del Gobierno apoya al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno y a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
Como órgano de apoyo del Consejo de Ministros y de las comisiones, el Secretariado del Gobierno asiste al Ministro-Secretario, remite convocatorias, colabora con las Secretarías Técnicas, archiva y custodia convocatorias, órdenes del día y actas, vela por los principios de buena regulación y la calidad técnica normativa, y asegura la correcta publicación de las disposiciones del Gobierno en el BOE.
📌 Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial, pero no pueden adoptar actos o resoluciones atribuidos legalmente a órganos administrativos, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados decisorios; los directores de gabinete sí pueden dictar actos administrativos propios de la jefatura de su unidad.
Complementos
📌 La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios puede celebrar sesiones, deliberar y aprobar actas a distancia si sus miembros están en territorio español, se acredita su identidad, existe comunicación en tiempo real y se garantiza el carácter secreto o reservado de las deliberaciones.
📌 El Secretariado del Gobierno se integra en el Ministerio de la Presidencia y su Director ejerce la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
📌 El Secretariado del Gobierno propone al Ministro de la Presidencia instrucciones para tramitar asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno; estas deben regular cómo documentar propuestas y acuerdos electrónicos garantizando la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.
📌 El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regula por Real Decreto del Presidente, mientras que los demás Gabinetes se rigen por la Ley del Gobierno.
📌 El Consejo de Ministros determina las retribuciones de los miembros de los Gabinetes dentro de las consignaciones presupuestarias y de acuerdo con las retribuciones de la Administración General del Estado.
★ Imprescindible
📌 El Gobierno en funciones facilita la formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes, y limita su gestión al despacho ordinario, salvo medidas justificadas por urgencia debidamente acreditada o por interés general expresamente acreditado.
Complementos
No puede: proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, plantear la cuestión de confianza, proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo
El Gobierno en funciones no puede aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado.
Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedan suspendidas durante todo el tiempo que el Gobierno permanece en funciones como consecuencia de elecciones generales.
Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2005, el despacho ordinario comprende asuntos cuya resolución no establezca nuevas orientaciones políticas ni condicione, comprometa o impida las que deba fijar el nuevo Gobierno, valoración que debe hacerse caso por caso.
En situaciones excepcionales y cuando la naturaleza de la crisis lo exija, el Presidente del Gobierno puede decidir motivadamente que los órganos colegiados del Gobierno celebren sesiones, adopten acuerdos y aprueben actas por medios electrónicos, si sus miembros están en España, su identidad queda acreditada, hay comunicación en tiempo real y se garantiza el secreto o reserva de las deliberaciones.
Gobierno en funciones: gestión ordinaria; nuevo Gobierno: orientaciones políticas.
★ Imprescindible
El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
El Presidente del Gobierno puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general, previa deliberación del Consejo de Ministros, y se entiende otorgada por mayoría simple de los Diputados.
El Congreso puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante una moción de censura aprobada por mayoría absoluta, propuesta al menos por una décima parte de los Diputados e incluyendo un candidato a la Presidencia del Gobierno.
El Presidente del Gobierno puede proponer, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que decreta el Rey y cuyo decreto fija la fecha de las elecciones.
El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, y no puede prorrogarse sin autorización de este; el decreto determina el ámbito territorial.
Las alteraciones graves que pueden motivarlo son: catástrofes, calamidades o desgracias públicas, crisis sanitarias o situaciones de contaminación graves, paralización de servicios públicos esenciales en las condiciones legales, desabastecimiento de productos de primera necesidad
📌 El estado de excepción lo declara el Gobierno por decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso; su autorización y declaración fijan efectos, territorio y duración, con un máximo de treinta días prorrogables por otro plazo igual y los mismos requisitos.
📌 El estado de sitio lo declara la mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno, y el Congreso determina su ámbito territorial, duración y condiciones.
Complementos
Las Cámaras y sus Comisiones pueden recabar información y ayuda del Gobierno, sus departamentos y autoridades estatales y autonómicas, reclamar la presencia de miembros del Gobierno, y estos pueden asistir, ser oídos y solicitar que informen funcionarios de sus departamentos.
El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a interpelaciones y preguntas parlamentarias, para cuyos debates los reglamentos deben establecer un tiempo mínimo semanal; toda interpelación puede dar lugar a una moción.
Si el Congreso niega la confianza, el Gobierno presenta su dimisión al Rey y se designa al Presidente del Gobierno conforme al procedimiento constitucional.
La moción de censura no puede votarse hasta cinco días después de su presentación, pueden presentarse mociones alternativas durante los dos primeros días y, si es rechazada, sus signatarios no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones.
Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno dimite ante el Rey y el candidato incluido se entiende investido de la confianza de la Cámara, por lo que el Rey lo nombra Presidente del Gobierno.
No puede proponerse la disolución mientras esté en trámite una moción de censura ni una nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo el supuesto constitucional del artículo 99.5.
Durante el estado de alarma pueden imponerse servicios extraordinarios, requisas temporales y prestaciones personales obligatorias, intervenir u ocupar transitoriamente establecimientos no domiciliarios, y limitar o racionar servicios o productos de primera necesidad.
📌 El estado de excepción puede declararse cuando graves alteraciones del ejercicio de derechos y libertades, del funcionamiento institucional, de los servicios públicos esenciales u otros aspectos del orden público no puedan restablecerse mediante potestades ordinarias; durante su vigencia pueden suspenderse los derechos indicados en el artículo 55.1 de la Constitución.
★ Imprescindible
📌 La potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes y los tratados internacionales, conforme a las normas de competencia y procedimiento.
Complementos
Los jueces y magistrados solo pueden ser separados, suspendidos, trasladados o jubilados por causas y con garantías previstas en la ley.
Los juzgados y tribunales solo ejercen las funciones jurisdiccionales, las de Registro Civil y las que la ley les atribuya expresamente para garantizar derechos.
La unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas constitucionalmente a otros órganos; se prohíben los tribunales de excepción.
La jurisdicción militar se limita al ámbito estrictamente castrense respecto de delitos militares y a los supuestos de estado de sitio, además de las materias legalmente establecidas en garantía de derechos dentro de ese ámbito.
Todas las personas y entidades públicas y privadas deben colaborar con los juzgados y tribunales durante el proceso y la ejecución, y respetar y cumplir las resoluciones judiciales firmes o ejecutables conforme a la ley.
La justicia es gratuita cuando así lo dispone la ley y, en todo caso, para quienes acreditan insuficiencia de recursos para litigar.
Las actuaciones judiciales son públicas salvo las excepciones legales, el procedimiento es predominantemente oral sobre todo en materia criminal y las sentencias siempre son motivadas y se pronuncian en audiencia pública.
Los daños causados por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia dan derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley.
El Tribunal Supremo ocupa la cúspide de la jurisdicción.
El Ministerio Fiscal promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y el interés público, de oficio o a petición de interesados; vela por la independencia judicial y procura ante los tribunales la satisfacción del interés social.
La ciudadanía participa en la Administración de Justicia mediante la acción popular y el jurado en los procesos penales que determine la ley; el Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia son tribunales consuetudinarios y tradicionales reconocidos.
La Policía Judicial auxilia a juzgados, tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de delitos y el descubrimiento y aseguramiento de delincuentes; esta función corresponde, cuando sean requeridos, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dentro de sus competencias.
📌 Los jueces y magistrados tienen incompatibilidades y no pueden afiliarse a sindicatos ni partidos políticos para salvaguardar su independencia.
★ Imprescindible
A efectos judiciales, el Estado se organiza en municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas.
Los órganos jurisdiccionales ordinarios son:
El Consejo General del Poder Judicial está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y veinte vocales, de los cuales doce son jueces o magistrados en servicio activo y ocho son juristas de reconocida competencia.
📌 Las Cortes Generales designan los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, atendiendo a la presencia paritaria entre hombres y mujeres; cada Cámara elige diez por mayoría de tres quintos, incluidos cuatro juristas con más de quince años de ejercicio y seis del turno judicial.
Complementos
El municipio y la provincia corresponden a sus respectivas demarcaciones administrativas, y la comunidad autónoma constituye el ámbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia.
La jurisdicción militar divide España en cinco territorios, con Tribunales Militares Territoriales en Madrid, Sevilla, Barcelona, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife.
Sus órganos son:
El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es la primera autoridad judicial de la Nación y representa al Poder Judicial y al propio Consejo.
📌 Los presidentes y demás órganos de gobierno de juzgados y tribunales están subordinados al Consejo General del Poder Judicial cuando ejercen funciones gubernativas.
📌 Pueden ser elegidos por el turno de juristas los jueces o magistrados que no estén en servicio activo y tengan más de quince años de experiencia profesional, computando tanto la antigüedad judicial como los años en otras profesiones jurídicas.
★ Imprescindible
Los Vocales del CGPJ no pueden ser designados entre los Vocales del Consejo saliente.
En los procedimientos de designación de Vocales del CGPJ y de elección del Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, así como de su Vicepresidente, los plazos por días se computan en días hábiles desde el día siguiente y los fijados en meses o años, de fecha a fecha; si falta el día equivalente en el mes de vencimiento, el plazo expira el último día de ese mes.
El CGPJ se renueva en su totalidad cada cinco años desde la fecha de su constitución, y los Presidentes del Congreso y del Senado deben adoptar medidas para que la renovación se produzca en plazo.
Cuatro meses antes de expirar el mandato, el Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ remite a los Presidentes del Congreso y del Senado los datos del escalafón y del Registro de Asociaciones judiciales y abre el plazo de candidaturas del turno judicial; después informa de ello al Pleno en su primera sesión ordinaria.
📌 Si ninguna de las Cámaras designa en plazo a sus Vocales, el Consejo saliente continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo y, hasta entonces, no se elige nuevo Presidente del CGPJ.
Complementos
📌 Quien aspire a ser Vocal del CGPJ y ocupe un cargo incompatible debe comprometerse a renunciar a él si resulta elegido.
📌 Los Vocales del CGPJ son nombrados por el Rey mediante Real Decreto, juran o prometen el cargo ante el Rey y celebran a continuación la sesión constitutiva dentro de los cinco días posteriores a la expiración del Consejo anterior.
★ Imprescindible
📌 En los casos legalmente previstos de cese anticipado del Presidente, el Vicepresidente ejerce en funciones la Presidencia del Tribunal Supremo y del CGPJ hasta el nombramiento de un nuevo Presidente.
El CGPJ propone nombramientos, participa en la selección judicial, decide sobre la carrera y disciplina de jueces y magistrados, inspecciona y coordina tribunales, imparte instrucciones a sus órganos de gobierno y resuelve recursos de alzada contra sus acuerdos.
El CGPJ ejerce potestad reglamentaria, dentro del desarrollo de la LOPJ, sobre su organización y personal, los órganos de gobierno judicial, la publicidad y reutilización de resoluciones, las audiencias y habilitación de días, la organización de órganos judiciales, la especialización, el reparto, las guardias, la cooperación jurisdiccional y aspectos accesorios del estatuto judicial y de las asociaciones judiciales.
El CGPJ debe informar sobre proyectos normativos relativos a la LOPJ, demarcaciones judiciales, plantillas y estatutos de jueces y personal de Justicia, normas procesales y de tutela de derechos fundamentales, organización judicial, leyes penales y penitenciarias, y otras cuestiones que le sometan el Gobierno o las cámaras legislativas.
📌 El CGPJ emite sus informes sobre proyectos normativos en treinta días improrrogables, o en quince días si se declara la urgencia; excepcionalmente puede concederse una prórroga de quince días, o de diez días si el informe es urgente, y el trámite se considera cumplido si no se informa dentro del plazo.
📌 El CGPJ elabora su presupuesto con autonomía, conforme a la legislación presupuestaria general; su control interno corresponde a un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y el externo al Tribunal de Cuentas.
Complementos
📌 El Vicepresidente del Tribunal Supremo no ejerce en el CGPJ funciones distintas de las expresamente previstas por la LOPJ.
El Vicepresidente colabora con el Presidente y lo sustituye por vacante, ausencia, enfermedad u otro motivo legítimo; además, puede asumir por delegación justificada la dirección superior del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y otras funciones expresamente delegadas.
Entre las atribuciones del CGPJ figuran regular y nombrar responsables de la Escuela Judicial, el Centro de Documentación Judicial y órganos del Consejo, así como convocar el concurso-oposición del Cuerpo de Letrados del CGPJ.
Los proyectos de reglamentos del CGPJ se someten a consulta de las asociaciones y corporaciones afectadas, a intervención de las administraciones competentes y a dictamen de legalidad, e incluyen un informe previo de impacto de género; el Ministerio Fiscal es oído cuando la materia le afecta.
Las medidas del CGPJ que incrementen el gasto requieren informe favorable de la Administración que deba soportarlo.
El Gobierno remite a las Cortes Generales el informe del CGPJ cuando se trate de anteproyectos de ley.
Las actividades internacionales del CGPJ se coordinan con el Ministerio de Asuntos Exteriores y siguen las directrices de política exterior fijadas por este, sin perjuicio de las competencias del Consejo en cooperación jurisdiccional internacional.
La memoria anual incluye información sobre:
★ Imprescindible
Complementos
El Tribunal Supremo se compone de un Presidente, Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la ley para cada Sala y, en su caso, sus Secciones; el Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ.
La Sala Quinta, de lo Militar, se rige por su legislación específica y, supletoriamente, por la LOPJ y el ordenamiento común a las demás Salas del Tribunal Supremo.
La Sala especial del artículo 61 LOPJ resuelve, entre otros asuntos, revisiones de sentencias de determinadas Salas, casaciones para unificación de doctrina por contradicción entre secciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y pretensiones de error judicial atribuido a una Sala del Tribunal Supremo, así como procesos de ilegalidad y disolución de partidos políticos.
La Sala especial del artículo 61 LOPJ está formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y el más moderno de cada Sala.
El Gabinete Técnico del Tribunal Supremo asiste a la Presidencia y a las Salas en la admisión de asuntos, elabora estudios e informes solicitados y apoya a las Salas especiales.
El Gabinete Técnico está integrado por un Director y por miembros de la carrera judicial y otros juristas denominados Letrados del Gabinete Técnico; cuenta con áreas correspondientes a los órdenes jurisdiccionales y puede organizarlas en secciones de admisión y de estudios e informes.
★ Imprescindible
📌 La organización interna del Ministerio Fiscal se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, mientras que el ejercicio de sus funciones se sujeta a los principios de legalidad e imparcialidad.
📌 Al estar reconocido en el capítulo de principios rectores de la política social y económica, el derecho a la protección de la salud informa la legislación ordinaria, pero solo puede alegarse ante los tribunales conforme a las leyes que lo desarrollen.
📌 La Constitución distingue la sanidad, regulada en el artículo 149.1.16 CE, de la Seguridad Social, regulada en el artículo 149.1.17 CE.
Complementos
📌 Los Fiscales forman un cuerpo único organizado jerárquicamente y con categorías equiparables a las judiciales, pero su dependencia orgánica permite su traslado y remoción, a diferencia de la inamovilidad propia de los jueces y magistrados.
📌 Los Fiscales pueden asociarse profesionalmente sin connotaciones políticas, pero tienen prohibida la militancia en partidos políticos y sindicatos.
Las funciones del Ministerio Fiscal comprenden promover la justicia en defensa de la legalidad, defender los derechos de los ciudadanos y el interés público tutelado por la ley, velar por la independencia de los tribunales y procurar la satisfacción del interés social.
El fundamento del derecho a la protección de la salud se vincula al Estado social de Derecho proclamado por la Constitución Española.
El artículo 9.2 CE encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan su plenitud y facilitar la participación ciudadana en la vida política, económica, cultural y social.
El artículo 43.3 CE encomienda a los poderes públicos fomentar la educación sanitaria, la educación física y el deporte, y facilitar la adecuada utilización del ocio.
La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud busca garantizar equidad, calidad y participación social en el sistema, en ámbitos como prestaciones, farmacia, investigación, profesionales y calidad sanitaria.
Las Comunidades Autónomas históricas y asimiladas asumieron separadamente competencias de desarrollo de la legislación básica estatal y de ejecución en sanidad interior y Seguridad Social, salvo las normas sobre el régimen económico de la Seguridad Social.
La sanidad se regula en el artículo 149.1.16 CE; la Seguridad Social, en el artículo 149.1.17 CE.
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1. ¿En qué fecha se aprobó la Constitución española en referéndum?
2. ¿Qué ocurrió el 27 de diciembre de 1978 en el proceso de aprobación constitucional?
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¿Qué fecha aprobaron el Congreso y el Senado el texto constitucional?
El 31 de octubre de 1978.
¿En qué fecha se aprobó la Constitución en referéndum?
El 6 de diciembre de 1978.
¿Cuándo sancionó y promulgó el Rey la Constitución?
El 27 de diciembre de 1978.
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