★ Imprescindible
El Estatuto de Autonomía para Andalucía fue aprobado por las Cortes Generales el 20 de diciembre de 2006, refrendado por el pueblo andaluz el 18 de febrero de 2007 y promulgado como Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo.
El territorio comprende los municipios de estas provincias:
La bandera andaluza tiene tres franjas horizontales de igual anchura, verdes las exteriores y blanca la central, según la aprobación de la Asamblea de Ronda de 1918.
El Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero y sus símbolos reciben la misma protección que los demás símbolos del Estado.
Sevilla es la capital de Andalucía y sede del Parlamento, la Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno; estas instituciones pueden celebrar sesiones en otros lugares conforme a sus normas reguladoras.
Todas las personas en Andalucía gozan como mínimo de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos europeos e internacionales ratificados por España, y la Comunidad Autónoma garantiza el respeto pleno a las minorías residentes en su territorio.
Complementos
El Estatuto de Autonomía para Andalucía consta de 250 artículos, un preámbulo, diez títulos, cinco disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales.
El escudo andaluz fue aprobado por la Ley del Parlamento de Andalucía 3/1982, de 21 de diciembre, e incluye la leyenda «Andalucía por sí, para España y la Humanidad».
El himno andaluz fue aprobado por la Ley 3/1982, de 21 de diciembre, de acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933.
Granada es la sede del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aunque algunas salas pueden ubicarse en otras ciudades de la Comunidad Autónoma.
Las leyes y normas de las instituciones de autogobierno andaluzas tienen eficacia en Andalucía y pueden tenerla fuera de su territorio cuando se deduzca de su naturaleza y lo permita el ordenamiento constitucional.
Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que tuvieron su última vecindad administrativa en Andalucía y lo acrediten ante el Consulado de España gozan de los derechos políticos estatutarios; también pueden gozarlos sus descendientes inscritos como españoles si lo solicitan en la forma determinada por la ley estatal.
Las personas andaluzas en el exterior y las comunidades andaluzas fuera de Andalucía pueden participar en la vida del pueblo andaluz y solicitar el reconocimiento de su identidad andaluza en los términos que establezcan las leyes.
Andalucía puede formalizar acuerdos con instituciones públicas y privadas de los territorios donde residen andaluces en el exterior, o instar al Estado a suscribir tratados internacionales para fortalecer sus vínculos, prestarles asistencia y proteger sus derechos e intereses.
★ Imprescindible
Entre los objetivos básicos de Andalucía figuran el pleno empleo estable y de calidad, la salvaguarda de la seguridad y salud laboral, la conciliación familiar y laboral y la garantía especial de empleo para las mujeres y las jóvenes generaciones.
Los titulares de los derechos y deberes del Título I y los destinatarios de sus políticas públicas son todas las personas con vecindad administrativa en Andalucía, sin perjuicio de las reglas específicas del derecho de participación política.
La Comunidad Autónoma promueve la libertad y la igualdad reales y efectivas, elimina los obstáculos que las impiden o dificultan, fomenta la calidad democrática y facilita la participación ciudadana mediante las medidas de acción positiva necesarias.
Andalucía propicia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres mediante la democracia paritaria, la incorporación plena de las mujeres a la vida social y la superación de la discriminación laboral, cultural, económica, política y social.
Los derechos y principios del Título I no alteran la distribución de competencias ni crean o modifican títulos competenciales, y no pueden interpretarse ni aplicarse de forma que limiten derechos reconocidos por la Constitución o por tratados ratificados por España.
Se prohíbe discriminar en el ejercicio de derechos, el cumplimiento de deberes y la prestación de servicios por sexo, origen étnico o social, lengua, cultura, religión, ideología, características genéticas, nacimiento, patrimonio, discapacidad, edad, orientación sexual u otra circunstancia personal o social.
Complementos
Andalucía establece como objetivos el acceso a una educación permanente y de calidad, el afianzamiento de la identidad y cultura andaluzas, y la defensa, promoción, estudio y prestigio de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
Entre los objetivos económicos y territoriales de Andalucía están el aprovechamiento sostenible de sus recursos, el impulso del conocimiento y del capital humano, la inversión pública y privada, la redistribución justa de la riqueza y la renta, y la cohesión y convergencia entre sus territorios.
Andalucía fija como objetivos la mejora de la calidad de vida y la protección ambiental, la gestión adecuada y solidaria del agua, el desarrollo de equipamientos e infraestructuras, y la atención especial a las personas dependientes, con discapacidad, inmigrantes y colectivos desfavorecidos.
Los poderes públicos andaluces deben adoptar medidas para alcanzar los objetivos estatutarios, especialmente mediante la legislación pertinente, una financiación suficiente y actuaciones administrativas eficaces y eficientes.
📌 La prohibición de discriminación no impide adoptar acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas.
★ Imprescindible
El Estatuto garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, y reconoce a toda persona el derecho al respeto de su orientación sexual y su identidad de género.
Las mujeres tienen derecho a protección integral contra la violencia de género, que comprende medidas preventivas, asistenciales y ayudas públicas.
Toda persona puede declarar su voluntad vital anticipada, que debe respetarse conforme a la ley, y tiene derecho a tratamiento adecuado del dolor, cuidados paliativos integrales y plena dignidad durante el proceso de la muerte.
El Estatuto garantiza mediante un sistema educativo público el derecho a una educación permanente y de carácter compensatorio.
Complementos
El sistema educativo andaluz incorpora los valores de igualdad entre hombres y mujeres y diversidad cultural, fomenta la iniciativa emprendedora, el multilingüismo y las nuevas tecnologías, y se complementa con enseñanzas específicas propias de Andalucía.
El Estatuto garantiza la protección social, jurídica y económica de la familia; la ley regula las ayudas públicas para las distintas modalidades familiares y las parejas no casadas pueden inscribir sus opciones de convivencia en un registro público.
En el ámbito competencial de Andalucía, las parejas no casadas inscritas en un registro público gozan de los mismos derechos que las parejas casadas.
Los menores tienen derecho a la protección y atención integral necesarias para desarrollar su personalidad y bienestar familiar, escolar y social, así como a las prestaciones sociales previstas por las leyes; su beneficio debe primar al interpretar y aplicar la legislación dirigida a ellos.
Las personas mayores tienen derecho a protección y atención integral para promover su autonomía y envejecimiento activo, a una vida digna e independiente, a atención gerontológica adecuada y a prestaciones legales.
Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban formación religiosa y moral acorde con sus convicciones; la enseñanza pública es laica, sin perjuicio de que los poderes públicos tengan en cuenta las creencias religiosas presentes en la sociedad andaluza.
Todas las personas tienen derecho a acceder en igualdad a centros educativos sostenidos con fondos públicos y a las ayudas y becas del sistema público en los niveles no gratuitos; la enseñanza es gratuita en los niveles obligatorios y, conforme a la ley, en educación infantil.
Se garantiza la gratuidad de los libros de texto en la enseñanza obligatoria de centros sostenidos con fondos públicos, y la ley puede extenderla a otros niveles educativos.
Las personas con necesidades educativas especiales tienen derecho a integrarse efectivamente en el sistema educativo general conforme a las leyes.
★ Imprescindible
📌 El Estatuto garantiza el derecho constitucional a la protección de la salud mediante un sistema sanitario público de carácter universal.
📌 Todas las personas tienen derecho a acceder en igualdad a las prestaciones de un sistema público de servicios sociales y a recibir, en caso de necesidad y conforme a la ley, una renta básica que garantice condiciones de vida dignas.
Complementos
Los pacientes tienen derecho a ser informados adecuadamente sobre su enfermedad antes de consentir un tratamiento, al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad, y al consejo genético y la medicina predictiva.
Entre los derechos de los pacientes se incluyen: garantía de un tiempo máximo para acceder a los servicios y tratamientos, segunda opinión facultativa, acceso a cuidados paliativos, asistencia geriátrica especializada
Los pacientes tienen derecho a la confidencialidad de los datos relativos a su salud y características genéticas, así como a acceder a su historial clínico.
Las personas con enfermedad mental, enfermedades crónicas e invalidantes o pertenecientes a grupos reconocidos sanitariamente como de riesgo tienen derecho a actuaciones y programas sanitarios especiales y preferentes.
El ejercicio de los derechos sanitarios previstos en el Estatuto se concreta conforme a los términos, condiciones y requisitos establecidos por la ley.
Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social, conforme a la ley.
Para favorecer el derecho a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos deben promover vivienda pública y la ley regula su acceso en igualdad y las ayudas que lo faciliten.
★ Imprescindible
Se garantizan estos derechos laborales: acceso gratuito a los servicios públicos de empleo, acceso al empleo público en igualdad y según mérito y capacidad, acceso a la formación profesional, derecho al descanso y al ocio
Los andaluces y andaluzas pueden participar en igualdad en los asuntos públicos de Andalucía directamente o mediante representantes, conforme a la Constitución, el Estatuto y las leyes.
El derecho de participación política comprende: elegir a los miembros de los órganos representativos y concurrir como candidato, promover y presentar iniciativas legislativas y participar en la elaboración de las leyes, promover consultas populares por la Junta de Andalucía o los Ayuntamientos, ejercer el derecho de petición individual o colectiva, por escrito, participar activamente en la vida pública mediante mecanismos de información, comunicación y recepción de propuestas
📌 Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, disfrutar en igualdad de los recursos naturales, el entorno y el paisaje, y utilizarlos responsablemente para evitar su deterioro y conservarlos para las generaciones futuras.
Complementos
La protección comprende:
Se garantizan a los sindicatos y organizaciones empresariales las condiciones necesarias para desempeñar sus funciones constitucionales, y la ley regula la participación institucional de las organizaciones más representativas de Andalucía en la Junta.
Los consumidores y usuarios tienen derecho a asociarse y a recibir información, formación y protección conforme a la ley; esta regula también su catálogo de derechos y los mecanismos de participación.
Todas las personas tienen derecho a acceder a la información medioambiental de que disponen los poderes públicos, conforme a la ley.
En el ámbito de sus competencias, Andalucía garantiza la calidad de los servicios de la Administración de Justicia, la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita.
La Junta de Andalucía establecerá mecanismos para extender a ciudadanos de la Unión Europea y extranjeros residentes en Andalucía los derechos de participación política, dentro del marco constitucional y sin perjuicio de los derechos que les reconoce el ordenamiento de la Unión Europea.
★ Imprescindible
El artículo 31 reconoce el derecho a una buena administración, que comprende actuación proporcionada, participación en decisiones, información veraz, tratamiento objetivo e imparcial, resolución en plazo razonable y acceso a archivos y registros con las excepciones legales.
El artículo 32 garantiza el acceso, la corrección y la cancelación de los datos personales que obren en poder de las Administraciones públicas andaluzas.
El artículo 36 establece como deberes contribuir al gasto público según los ingresos, conservar el medio ambiente, colaborar en emergencias, cumplir obligaciones electorales, usar responsablemente los servicios públicos y colaborar en su funcionamiento, cuidar el patrimonio público y contribuir a la educación de los hijos, especialmente durante la enseñanza obligatoria.
Complementos
El artículo 33 reconoce el acceso igualitario a la cultura, el disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos andaluces, el desarrollo de capacidades creativas y el deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz.
El artículo 34 reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación mediante los medios y recursos que establezca la ley.
El artículo 35 reconoce el derecho de toda persona al respeto de su orientación sexual y su identidad de género, y encomienda a los poderes públicos promover políticas que garanticen su ejercicio.
📌 Las empresas que desarrollen su actividad en Andalucía deben respetar los principios de conservación y respeto del medio ambiente, y la Administración andaluza establecerá mecanismos de inspección y sanción.
Derechos garantizados para las personas; deberes que obligan a personas y empresas
★ Imprescindible
El artículo 37 orienta las políticas públicas andaluzas a garantizar los derechos del capítulo anterior y alcanzar los objetivos básicos del artículo 10 mediante la aplicación de principios rectores.
Los principios rectores del artículo 37 abarcan servicios públicos de calidad; lucha contra sexismo, xenofobia, homofobia y belicismo; protección y autonomía de personas mayores, dependientes y con discapacidad; lengua de signos e igualdad de las personas sordas; atención a personas marginadas, pobres, excluidas o discriminadas; integración de jóvenes e inmigrantes; empleo de calidad, prevención laboral, igualdad laboral y conciliación; concertación social; emprendimiento, investigación e innovación; turismo y sector agroalimentario; sociedad del conocimiento; sociedad civil y asociacionismo;
El artículo 42 distingue cuatro tipos de competencias:
Los principios rectores deben orientarse a superar desigualdades y discriminaciones; su desarrollo facilitará el acceso a servicios y prestaciones y establecerá supuestos de gratuidad para las situaciones económicamente más desfavorables.
Según el artículo 38, la prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos del capítulo II vinculan a los poderes públicos andaluces y, según la naturaleza de cada derecho, a los particulares; deben interpretarse para favorecer su plena efectividad y desarrollarse mediante leyes que respeten su contenido estatutario.
Según el artículo 39, los actos de los poderes públicos de la Comunidad que vulneren esos derechos pueden recurrirse ante la jurisdicción correspondiente conforme a los procedimientos establecidos por las leyes procesales del Estado.
Según el artículo 40, los principios rectores informan las normas andaluzas, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, y pueden alegarse ante los tribunales conforme a las leyes que los desarrollen.
Las competencias exclusivas comprenden potestad legislativa, reglamentaria y función ejecutiva, sin perjuicio de las competencias estatales constitucionales; en ellas, el derecho andaluz se aplica preferentemente en Andalucía y el derecho estatal tiene carácter supletorio.
Las competencias compartidas comprenden potestad legislativa, reglamentaria y función ejecutiva dentro de las bases estatales establecidas por normas con rango de ley, y permiten a la Comunidad Autónoma establecer políticas propias.
Complementos
Los principios rectores del artículo 37 incluyen también consumo responsable, solidario, sostenible y de calidad; protección ambiental, del paisaje, de los recursos naturales, del agua y del aire; energías renovables y eficiencia energética; uso racional del suelo y acceso a vivienda protegida; convivencia y respeto a la diversidad cultural, religiosa y de creencias; atención a víctimas de delitos, especialmente terrorismo; y protección civil ante emergencias, catástrofes o calamidades.
El artículo 40 encomienda a los poderes públicos andaluces adoptar medidas para cumplir efectivamente los principios rectores, mediante legislación pertinente, financiación suficiente y actuaciones administrativas eficaces y eficientes.
Según el artículo 41, corresponde al Defensor o Defensora del Pueblo Andaluz velar por la defensa de los derechos del título, en los términos del artículo 128.
Las competencias ejecutivas comprenden la función ejecutiva, la organización de la propia Administración y, cuando proceda, la aprobación de disposiciones reglamentarias para ejecutar normativa estatal.
En relación con el derecho de la Unión Europea, Andalucía puede desarrollar y ejecutar su normativa cuando afecte a competencias de la Comunidad Autónoma.
★ Imprescindible
La Sentencia del Tribunal Constitucional 30/2011, de 16 de marzo de 2011, declaró inconstitucional y nulo el artículo 51 del Estatuto sobre competencias exclusivas andaluzas en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir.
En enseñanza no universitaria, Andalucía ejerce competencias exclusivas sobre programación y creación de centros públicos, organización e inspección, becas propias, evaluación y calidad, formación educativa, cultura andaluza y enseñanzas no presenciales; comparte competencias sobre planes de estudio, becas estatales, admisión, requisitos de centros y personal docente, y ejecuta la expedición y homologación de títulos estatales.
En salud, sanidad y farmacia, Andalucía ejerce competencias exclusivas sobre la organización e inspección de centros sanitarios, la ordenación farmacéutica en el marco constitucional y la investigación terapéutica; comparte la sanidad interior y la ordenación de servicios y prestaciones, salud pública, personal e investigación sanitaria; y ejecuta competencias sobre productos farmacéuticos.
Complementos
El Estatuto atribuye competencias exclusivas sobre instituciones de autogobierno; amplias competencias exclusivas sobre agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, salvo materias pesqueras compartidas; competencias compartidas en energía y minas; y competencias sobre aguas andaluzas, incluida participación en la planificación de aprovechamientos intercomunitarios.
En enseñanza universitaria, Andalucía tiene competencias exclusivas sobre programación y coordinación del sistema, creación de universidades públicas y autorización de privadas, estatutos, acceso, títulos propios y financiación y becas propias; comparte las demás materias enumeradas, incluida la regulación y evaluación universitaria, y ejecuta la expedición de títulos universitarios.
En investigación científica y técnica, Andalucía tiene competencia exclusiva sobre centros, estructuras y proyectos financiados por la Junta, incluidas líneas de investigación, ayudas, formación investigadora y transferencia de resultados; comparte la coordinación de centros y estructuras andaluces.
En vivienda, urbanismo y ordenación territorial, Andalucía tiene competencias exclusivas sobre vivienda, urbanismo, ordenación del territorio y del litoral, así como planificación, construcción y financiación de obras públicas no declaradas de interés general estatal; comparte el derecho de reversión en expropiaciones urbanísticas.
En medio ambiente, espacios protegidos y sostenibilidad, Andalucía tiene competencias exclusivas sobre montes, vías pecuarias, fauna y flora silvestres, prevención ambiental, caza y pesca fluvial y lacustre, y comparte competencias sobre instrumentos de planificación y medidas de sostenibilidad e investigación ambiental.
El artículo 58 atribuye a Andalucía competencias exclusivas sobre la ordenación administrativa del comercio interior —incluidos ferias, mercados, horarios, modalidades de venta, equipamientos, calidad y disciplina de mercado— y sobre el régimen de las nuevas tecnologías vinculadas a la sociedad de la información y del conocimiento, dentro del marco de la legislación estatal.
★ Imprescindible
La competencia exclusiva andaluza sobre cooperativas y entidades de economía social comprende el fomento, la ordenación y la organización de estas entidades, así como la regulación del asociacionismo cooperativo, la enseñanza y formación cooperativas y las ayudas públicas al sector.
Dentro de las bases y la ordenación de la actuación económica general, Andalucía tiene competencias exclusivas sobre el fomento y planificación de su actividad económica, su sector público económico, la industria —salvo las competencias estatales por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la Defensa—, la defensa de los consumidores y los mercados de valores y centros de contratación ubicados en Andalucía.
Andalucía tiene competencia exclusiva sobre la organización territorial, incluida la determinación, creación, modificación y supresión de las entidades territoriales, y la creación, supresión o alteración de términos de entes locales y comarcas, así como su denominación y símbolos, respetando la garantía institucional constitucional.
En régimen local, Andalucía ejerce competencias exclusivas sobre las relaciones y la cooperación entre instituciones autonómicas y entes locales, las competencias y potestades locales, los bienes y servicios públicos locales y la organización y funcionamiento de sus órganos, respetando la autonomía local y el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Las competencias exclusivas andaluzas en servicios sociales, voluntariado, menores y familias comprenden la regulación, ordenación y gestión de servicios y prestaciones asistenciales, los planes para personas necesitadas, la protección y tutela de personas vulnerables, el voluntariado, la protección de menores y la promoción y protección social de las familias y la infancia.
Las competencias ejecutivas andaluzas en empleo y relaciones laborales incluyen políticas activas de empleo y subvenciones, intermediación y fomento del empleo, cualificaciones profesionales, regulación de ocupación y traslados colectivos, prevención de riesgos laborales, servicios mínimos de huelga, conciliación, mediación y arbitraje, sanciones sociales, registro de convenios colectivos y calendario de festivos.
El desarrollo y la gestión andaluces de la planificación económica general incluyen desarrollar los planes estatales, participar en la planificación conforme al artículo 222 del Estatuto y gestionar los planes, fondos y recursos estatales destinados al fomento económico según los convenios acordados con el Estado.
Complementos
Andalucía ejerce competencias exclusivas sobre el fomento, la regulación y el desarrollo de las actividades y empresas de artesanía.
Andalucía promueve la competencia en los mercados de actividades económicas desarrolladas principalmente en su territorio y puede establecer y regular un órgano independiente de defensa de la competencia.
Las competencias ejecutivas comprenden: la reserva al sector público de recursos o servicios esenciales y la intervención de empresas por interés general, las ferias internacionales celebradas en Andalucía, la propiedad intelectual e industrial, el control, la metrología y el contraste de metales, la defensa de la competencia en actividades cuyo ámbito no supere Andalucía
En las materias de régimen local no especificadas como exclusivas, Andalucía tiene competencias compartidas y, dentro de la regulación general y las bases estatales, competencias sobre haciendas locales y tutela financiera, sin perjuicio de la autonomía local.
Andalucía desarrolla políticas de integración y participación social, económica y cultural de inmigrantes y ejerce competencias ejecutivas sobre autorizaciones de trabajo de extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Andalucía, coordinándose con el Estado en entrada y residencia.
📌 La función pública inspectora en las materias de empleo y relaciones laborales corresponde ejecutivamente a la Junta de Andalucía; sus funcionarios dependen orgánica y funcionalmente de ella y la inspección se coordina con el Estado mediante mecanismos de cooperación y planes de actuación.
📌 En Seguridad Social, Andalucía ejerce las competencias ejecutivas que determine la legislación estatal, incluida la gestión de su régimen económico, con pleno respeto al principio de unidad de caja.
★ Imprescindible
La competencia exclusiva andaluza en transporte comprende las vías cuyo itinerario discurre íntegramente por Andalucía, el transporte marítimo y fluvial interior, los transportes terrestres interiores con independencia de quién sea titular de la infraestructura, los centros locales de transporte y logística y las infraestructuras que no sean de interés general del Estado.
Andalucía puede crear, organizar y mandar un Cuerpo de Policía Andaluza, establecer políticas de seguridad pública y coordinar supramunicipalmente las policías locales, mientras estas dependen de sus autoridades municipales; la Junta de Seguridad, de representación paritaria estatal y autonómica, coordina las políticas y actuaciones policiales.
Andalucía tiene competencia exclusiva en protección civil, incluida la regulación, planificación y ejecución de medidas de emergencia y seguridad civil y la dirección y coordinación de los servicios de protección civil, prevención y extinción de incendios, respetando las competencias estatales de seguridad pública.
Andalucía tiene competencia exclusiva en cultura y en el fomento y difusión de la creación y producción teatrales, musicales, cinematográficas y audiovisuales, literarias, de danza y de artes combinadas, así como en la promoción del patrimonio cultural y la proyección internacional de la cultura andaluza.
Complementos
Andalucía ejerce competencias ejecutivas sobre puertos y aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa y sobre la ordenación del transporte de mercancías y personas con origen y destino dentro de la Comunidad Autónoma.
En infraestructuras estatales de transporte situadas en Andalucía, la Comunidad Autónoma participa en la planificación y gestión ferroviarias, en organismos supraautonómicos y en la planificación y programación de puertos y aeropuertos de interés general, conforme a la legislación estatal.
Andalucía ejerce competencia ejecutiva sobre comunicaciones electrónicas en los términos de la legislación estatal y participa en el establecimiento de servicios ferroviarios que aseguren la comunicación con otras comunidades autónomas o el tránsito internacional conforme al Título IX del Estatuto.
Andalucía ejerce competencias ejecutivas en salvamento marítimo en su litoral y participa en la ejecución de la seguridad nuclear en los términos establecidos por las leyes y los convenios correspondientes.
En seguridad ciudadana y orden público, seguridad privada y materia penitenciaria, Andalucía ejerce competencias ejecutivas en los términos que establezca la legislación estatal.
La competencia exclusiva andaluza en cultura incluye el conocimiento, conservación, investigación, formación, promoción y difusión del flamenco como elemento singular del patrimonio cultural andaluz.
Andalucía ejerce competencias ejecutivas sobre museos, bibliotecas, archivos y colecciones análogas estatales situados en su territorio cuando el Estado no se reserve su gestión, incluida la regulación de su funcionamiento, organización y personal.
Andalucía ejerce competencia exclusiva sobre la protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, y sobre archivos, museos, bibliotecas y colecciones análogas no estatales, además de conservatorios y centros artísticos de interés autonómico.
En medios de comunicación, Andalucía tiene competencias exclusivas para organizar los servicios públicos audiovisuales autonómicos y locales y crear y mantener los medios necesarios para sus fines, competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre medios sociales y competencias compartidas sobre servicios audiovisuales dirigidos al público andaluz.
📌 La integración de líneas o servicios de transporte íntegramente andaluces en otros de ámbito superior requiere informe previo de la Junta de Andalucía.
★ Imprescindible
En políticas de género, Andalucía ejerce competencias exclusivas para promover la igualdad, planificar y ejecutar normas y planes, establecer acciones positivas contra la discriminación por sexo y promover el asociacionismo de mujeres, y competencias compartidas contra la violencia de género y para planificar actuaciones y evaluar y proponer medidas ante la Administración central.
Andalucía tiene competencia exclusiva para establecer el régimen jurídico, las modalidades, el procedimiento, la realización y la convocatoria de consultas populares autonómicas o locales dentro de sus competencias, con excepción del referéndum.
Complementos
Andalucía tiene competencia exclusiva sobre la publicidad en general y la publicidad institucional, sin perjuicio de la legislación estatal.
La competencia turística exclusiva andaluza comprende la ordenación y planificación del sector, la regulación y clasificación de empresas y establecimientos, la gestión de establecimientos turísticos de titularidad autonómica, la promoción, los derechos y deberes de usuarios y prestadores, y la formación turística.
Andalucía tiene competencias exclusivas en deportes y actividades de tiempo libre, incluida su planificación, coordinación y fomento, y en espectáculos y actividades recreativas, incluida la ordenación, intervención administrativa y control en espacios y locales públicos.
La competencia exclusiva andaluza en juventud incluye promover el desarrollo personal y social de los jóvenes y facilitar su acceso al empleo, la vivienda y la formación profesional, además de diseñar, aplicar y evaluar políticas juveniles y fomentar asociacionismo, participación, movilidad internacional y turismo juvenil.
En materia de cajas de ahorro domiciliadas en Andalucía, cajas rurales y entidades cooperativas de crédito, Andalucía tiene competencia exclusiva sobre su organización, incluidos sus órganos rectores, régimen jurídico, creación, fusión, liquidación y registro, y competencias compartidas sobre su actividad financiera, disciplina, inspección y sanción conforme a las bases estatales.
Andalucía ejerce competencias sobre función pública y estadística conforme al artículo 149.1.18.ª de la Constitución y tiene competencias exclusivas sobre planificación, organización, formación y acción social de su función pública y sobre la adaptación y formación de su personal laboral, así como competencia compartida sobre el régimen estatutario del personal de las Administraciones andaluzas.
Andalucía ejerce competencias ejecutivas sobre el nombramiento de notarios y registradores, las demarcaciones notariales y registrales, el Registro Civil y los archivos de protocolos notariales y libros registrales de la propiedad, mercantiles y civiles.
Andalucía tiene competencias exclusivas sobre el régimen jurídico de asociaciones, academias y fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en su territorio, y sobre cámaras, cofradías, consejos reguladores y colegios profesionales en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.
Las competencias compartidas andaluzas en Administración de Justicia, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial, incluyen recursos materiales, organización de medios humanos, demarcaciones territoriales, concursos y oposiciones de personal no judicial y las competencias ejecutivas atribuidas por el Estatuto y la legislación estatal.
Andalucía tiene competencia exclusiva sobre juegos, apuestas y casinos, incluidas sus modalidades informáticas y telemáticas, cuando la actividad se desarrolle exclusivamente en su territorio.
★ Imprescindible
Complementos
★ Imprescindible
El Parlamento de Andalucía representa al pueblo andaluz y es inviolable.
El Parlamento de Andalucía está compuesto por un mínimo de 109 diputados y diputadas, elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
El Parlamento es elegido por cuatro años; el mandato de los diputados termina cuatro años después de su elección o cuando se disuelve la Cámara, y el mandato de los integrantes de la Diputación Permanente se prorroga hasta la constitución de la nueva Cámara.
El Parlamento elige de entre sus miembros a su Presidente o Presidenta, a la Mesa y a la Diputación Permanente, y funciona en Pleno y Comisiones.
La provincia es la circunscripción electoral, ninguna provincia puede tener más del doble de diputados que otra y la elección se realiza con criterios de representación proporcional.
Corresponde al Parlamento ejercer la potestad legislativa autonómica, orientar e impulsar la acción del Consejo de Gobierno, controlar al Gobierno y a la Administración bajo su autoridad, y examinar, enmendar y aprobar los presupuestos.
Entre las funciones del Parlamento figuran: establecer y exigir tributos, autorizar deuda pública y crédito en los términos legales, elegir al Presidente de la Junta, exigir responsabilidad política al Consejo de Gobierno, apreciar, en su caso, la incapacidad del Presidente
📌 El Parlamento tiene autonomía reglamentaria, presupuestaria, administrativa y disciplinaria, y la aprobación o reforma de su Reglamento requiere mayoría absoluta de los diputados.
📌 El Pleno puede delegar en las comisiones legislativas la aprobación de proyectos y proposiciones de ley, pero puede recuperar en cualquier momento su debate y votación; conserva en todo caso la aprobación de leyes presupuestarias, tributarias y de mayoría cualificada.
📌 Los decretos-leyes del Consejo de Gobierno no pueden afectar a los derechos estatutarios, al régimen electoral ni a las instituciones de la Junta, y no pueden aprobar los presupuestos de Andalucía; además, deben ser convalidados por el Parlamento en treinta días.
Complementos
Fuera de Andalucía, la responsabilidad penal de los diputados del Parlamento andaluz se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, competente también para las causas contra diputados del Congreso y senadores.
El Reglamento del Parlamento establece el Estatuto del Diputado, y el vigente fue aprobado el 28 de septiembre de 2005.
Los miembros del Parlamento representan a toda Andalucía y no están sujetos a mandato imperativo.
Los diputados conservan, incluso después de cesar, la inviolabilidad por opiniones manifestadas en actos parlamentarios y votos emitidos en el ejercicio de su cargo.
Durante su mandato, los diputados no pueden ser detenidos por delitos cometidos en Andalucía salvo en caso de flagrante delito, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decide sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio.
★ Imprescindible
El Presidente de la Junta dirige y coordina el Consejo de Gobierno, coordina la Administración autonómica, designa y separa a los consejeros y ostenta la suprema representación de Andalucía y la representación ordinaria del Estado en su territorio.
El Presidente del Parlamento consulta a los portavoces y propone un candidato a la Presidencia de la Junta; el candidato presenta su programa y necesita mayoría absoluta en primera votación o mayoría simple en las siguientes, celebradas con cuarenta y ocho horas de intervalo.
📌 Si ningún candidato obtiene mayoría simple en los dos meses siguientes a la primera votación, el Parlamento queda disuelto automáticamente y el Presidente en funciones convoca nuevas elecciones.
Complementos
Elegido por el Parlamento, el Presidente de la Junta es nombrado por el Rey y designa a los miembros del Consejo de Gobierno, distribuyendo entre ellos las funciones ejecutivas.
La responsabilidad penal del Presidente de la Junta se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y su responsabilidad civil derivada del ejercicio del cargo, ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
📌 El Presidente puede delegar temporalmente funciones ejecutivas propias en uno de los vicepresidentes o consejeros y es políticamente responsable ante el Parlamento.
📌 El Presidente puede proponer consultas populares sobre asuntos de interés general autonómico o local, por iniciativa propia o a solicitud ciudadana, conforme al Estatuto y a la legislación estatal.
Propuesta, programa, votación y nombramiento: así se encadena la elección presidencial.
★ Imprescindible
📌 La Comunidad Autónoma indemniza las lesiones sufridas por particulares en sus bienes o derechos cuando sean consecuencia del funcionamiento de sus servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor.
Complementos
En las competencias autonómicas, el Consejo de Gobierno y cada uno de sus miembros ejercen la potestad reglamentaria.
El Consejo de Gobierno puede interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, personarse en procesos constitucionales y plantear conflictos de jurisdicción ante jueces y tribunales conforme a la ley.
El Consejo de Gobierno cesa por: la celebración de elecciones al Parlamento, la pérdida de una cuestión de confianza, la aprobación de una moción de censura, la dimisión del Presidente, la incapacidad del Presidente, una condena penal firme que inhabilite para cargo público, el fallecimiento del Presidente
Una ley del Parlamento regula el régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno, el estatuto de sus miembros y sus incompatibilidades; el Presidente y los consejeros no pueden ejercer actividad laboral, profesional ni empresarial.
La responsabilidad penal de los consejeros se exige ante el Tribunal Supremo, salvo por delitos cometidos dentro del territorio de su jurisdicción, que corresponden al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía; ante este último se exige su responsabilidad civil derivada del cargo.
El Consejo de Gobierno puede ejercer la potestad expropiatoria conforme a la legislación estatal y autonómica vigente.
★ Imprescindible
El Consejo de Gobierno responde políticamente de forma solidaria ante el Parlamento, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión.
El Presidente, previa deliberación del Consejo de Gobierno, puede plantear una cuestión de confianza sobre su programa o una declaración de política general, que se entiende otorgada si obtiene mayoría simple.
La moción de censura requiere mayoría absoluta, debe ser propuesta por al menos una cuarta parte de los parlamentarios e incluir un candidato a la Presidencia; no puede votarse hasta cinco días después de su presentación.
Complementos
Si el Parlamento niega la confianza, el Presidente dimite y el Presidente del Parlamento convoca en un máximo de quince días una sesión plenaria para elegir a un nuevo Presidente conforme al procedimiento de investidura.
Si se rechaza una moción de censura, sus firmantes no pueden presentar otra durante el mismo período de sesiones; si se aprueba, el Presidente dimite, el candidato incluido queda investido y el Rey lo nombra Presidente de la Junta.
El Presidente de la Junta puede disolver el Parlamento, bajo su exclusiva responsabilidad y previa deliberación del Consejo de Gobierno, mediante decreto que fija la fecha de las elecciones.
El Parlamento no puede disolverse mientras esté en trámite una moción de censura ni, salvo la excepción prevista para la investidura fallida, antes de que transcurra un año desde la disolución anterior.
La confianza la plantea el Presidente; la censura la impulsa el Parlamento con candidato alternativo.
El Consejo Consultivo ejerce sus funciones con autonomía orgánica y funcional, vela por la observancia del ordenamiento jurídico y tiene su sede en Granada.
La Cámara de Cuentas fiscaliza externamente la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos andaluces, incluidos los de la Junta, sus organismos, instituciones y empresas, las corporaciones locales y sus entes dependientes, las universidades públicas y las entidades incluidas por ley.
El Consejo Audiovisual de Andalucía protege especialmente a la juventud y la infancia frente a los contenidos de la programación de medios de comunicación públicos y privados.
📌 El Defensor del Pueblo Andaluz es elegido por mayoría cualificada, y una ley regula su organización, funciones y duración del mandato; colabora con el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales.
★ Imprescindible
Complementos
La Administración de la Junta gestiona sus actividades ordinarias mediante servicios centrales y periféricos, y todos los órganos que prestan servicios o gestionan competencias autonómicas dependen de la Comunidad Autónoma y se integran en su Administración.
La ley regula la participación ciudadana, directamente o mediante asociaciones y organizaciones, en procedimientos administrativos y en la elaboración de disposiciones que puedan afectar a la ciudadanía, así como su acceso a la Administración, incluidos archivos y registros, con las garantías constitucionales y estatutarias.
La ley debe regular la presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos de titulares de órganos directivos y de órganos colegiados o consultivos de la Administración andaluza.
La ley regula el estatuto del personal funcionario de la Administración de la Junta, el acceso al empleo público conforme a mérito y capacidad y un órgano administrativo que resuelva los recursos en esta materia.
La Administración de la Junta debe hacer pública la oferta y las características de sus servicios, así como las cartas de derechos de la ciudadanía ante ella.
La Comunidad Autónoma es Administración Pública a efectos de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y está exenta de prestar cauciones o depósitos para ejercitar acciones o interponer recursos.
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1. ¿Qué provincias forman parte del territorio de Andalucía según la delimitación estatutaria?
2. Al diseñar una bandera conforme a la descripción estatutaria, ¿qué disposición de franjas debe utilizarse?
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¿En qué fecha fue aprobado el Estatuto de Autonomía para Andalucía por las Cortes Generales?
El 20 de diciembre de 2006.
¿Qué promueve Andalucía para hacer efectivas la libertad y la igualdad?
Elimina obstáculos, fomenta la calidad democrática y facilita la participación ciudadana mediante acciones positivas.
¿Cómo propicia Andalucía la igualdad efectiva entre hombres y mujeres?
Mediante la democracia paritaria y la plena incorporación social de las mujeres, superando la discriminación.
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