Test: Proceso contencioso-administrativo (60 preguntas)

Explicación

Esta jurisdicción controla la legalidad de la actividad administrativa y ofrece protección frente a los excesos de la Administración. La revisión de la oportunidad política no define su función, pues el control descrito se centra en la legalidad.

Explicación

La Constitución de 1978 garantizó la tutela judicial efectiva, el sometimiento de la Administración a la ley y al derecho, y el control judicial de su potestad reglamentaria y legalidad. La autonomía de la Administración frente a la ley contradice ese sometimiento.

Explicación

La reforma pretende equilibrar la tutela judicial plena, la defensa y la calidad de las decisiones con la celeridad y la efectividad de lo juzgado. Reducir las garantías de defensa no forma parte de ese equilibrio.

Explicación

El control comprende la potestad reglamentaria y la actuación administrativa sujeta al Derecho Administrativo, incluidas acciones materiales y omisiones. Limitarlo a actos expresos dejaría fuera las omisiones que también están comprendidas.

Explicación

La jurisdicción contencioso-administrativa conoce de la responsabilidad patrimonial administrativa, salvo cuando deriva de una infracción penal. Considerar que toda reclamación vinculada a la Administración pertenece a esta jurisdicción pasa por alto esa excepción.

Explicación

Incluso ante una decisión ampliamente discrecional, el control judicial alcanza los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de indemnizaciones. La revisión de la conveniencia política no sustituye ese control de aspectos jurídicamente sometidos a revisión.

Explicación

Las competencias de estos juzgados se definen mediante una lista tasada que comprende asuntos relativamente uniformes y de menor trascendencia económica y social. Una competencia general sobre los asuntos de mayor impacto no refleja ese criterio delimitador.

Explicación

El interés legítimo es más amplio que el derecho subjetivo y puede fundamentar el acceso a la justicia para personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, con capacidad jurídica suficiente. No es necesario que se reduzca a un derecho subjetivo, pero sí se requiere capacidad jurídica suficiente.

Explicación

En los órganos unipersonales, el abogado es obligatorio y el procurador es potestativo; en los colegiados, ambos son obligatorios. Exigir procurador en el órgano unipersonal confunde las reglas aplicables a los dos tipos de órgano.

Explicación

Las modalidades se distinguen por impugnar actos administrativos, disposiciones generales, inactividad o actuaciones materiales constitutivas de vía de hecho. Los contratos y la responsabilidad patrimonial corresponden al ámbito de la jurisdicción, pero no forman parte de esta clasificación de recursos por objeto.

Explicación

El recurso puede procurar una sentencia de condena que obligue a cumplir una prestación material debida o a dictar un acto expreso sujeto a plazo. No habilita al juez para decidir por la Administración cuestiones discrecionales cuyo contenido no esté predeterminado por el derecho.

Explicación

La vía de hecho consiste en una actuación material administrativa carente de la cobertura jurídica necesaria y lesiva de derechos o intereses legítimos. La demora en dictar un acto puede dar lugar a un recurso por inactividad, pero no define por sí misma la vía de hecho.

Explicación

El procedimiento ordinario conserva su esquema anterior, aunque incorpora numerosas modificaciones y normas especiales para distintos recursos. La agilidad y la eficacia se procuran junto con la defensa, no mediante la sustitución general del procedimiento por uno exclusivamente oral.

Explicación

El control judicial alcanza los elementos reglados y los límites jurídicos de la discrecionalidad, pero no permite que el órgano judicial determine el contenido discrecional del acto anulado. Revisar los elementos reglados no equivale a sustituir a la Administración en esa elección.

Explicación

La ley refuerza la ejecución mediante compensación por retrasos injustificados, nulidad de actos contrarios al fallo, ejecución forzosa y potestades sancionadoras judiciales, entre otras medidas. La extensión de efectos se permite para ciertos supuestos de personal y tributarios, no para cualquier sentencia y persona.

Explicación

El ámbito incluye pretensiones sobre actuaciones administrativas sujetas al Derecho Administrativo, disposiciones generales inferiores a la ley y decretos legislativos que excedan los límites de la delegación. Las actuaciones sometidas al Derecho privado no quedan comprendidas en esa definición general por el mero hecho de ser administrativas.

Explicación

El orden contencioso-administrativo conoce de los actos de preparación y adjudicación de otros contratos sujetos a la legislación de contratación pública, además de los contratos administrativos. Su competencia no se limita a las controversias sobre responsabilidad patrimonial vinculadas al contrato.

Explicación

Los recursos contra las Normas Forales fiscales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya están excluidos del orden contencioso-administrativo y reservados al Tribunal Constitucional. En cambio, los actos de corporaciones de Derecho público en funciones públicas y la responsabilidad patrimonial pública están entre las materias que puede conocer ese orden.

Explicación

El orden comprende esos dos tipos de juzgados y las salas de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Las Audiencias Provinciales y el Tribunal Constitucional no forman parte de esta enumeración.

Explicación

Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocen de resoluciones de extranjería, entre otras materias. Los Juzgados Centrales tienen competencias específicas sobre determinados actos estatales, pero no es esa la atribución indicada para estas resoluciones.

Explicación

Las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia resuelven apelaciones contra resoluciones de los Juzgados y cuestiones de competencia entre estos, además de otros asuntos. Las apelaciones de resoluciones de los Juzgados Centrales corresponden a la Audiencia Nacional.

Explicación

El Tribunal Supremo conoce de recursos de casación y de revisión en los casos previstos. La Audiencia Nacional, en cambio, conoce de determinados recursos contra actos de ministros y secretarios de Estado y de apelaciones contra resoluciones de los Juzgados Centrales.

Explicación

En responsabilidad patrimonial, el demandante puede elegir también el órgano de la circunscripción de su domicilio, sujeto a los límites territoriales previstos. La regla general atiende a la sede del órgano autor del acto originario, no al lugar donde se produjo cualquier perjuicio.

Explicación

Un menor puede tener capacidad procesal para defender los derechos e intereses cuya actuación le permite el ordenamiento, sin esa asistencia. La posibilidad no se extiende automáticamente a cualquier litigio por tener autorización judicial o reclamar un daño personal.

Explicación

La legitimación puede corresponder a personas físicas o jurídicas con derecho o interés legítimo, entidades habilitadas para defender intereses colectivos y Administraciones en los supuestos legalmente previstos. No se exige en todos los casos un derecho reconocido por sentencia firme.

Explicación

Los menores pueden tener capacidad procesal si el ordenamiento les permite actuar en defensa de los derechos e intereses legítimos correspondientes sin esa asistencia. La autorización de un representante no sustituye ese criterio jurídico ni les habilita por sí sola para cualquier procedimiento.

Explicación

La legitimación colectiva puede corresponder a corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y entidades habilitados o afectados en la defensa de esos intereses. No depende de representar a la mayoría ni de que cada integrante tenga un derecho reconocido por sentencia.

Explicación

La Administración autora puede impugnar su propio acto después de declararlo lesivo para el interés público. La afectación al ámbito de autonomía es relevante para que una Administración impugne actos de otra, no para este supuesto de revisión del propio acto.

Explicación

Ante órganos colegiados se requieren procurador y abogado, excepto cuando funcionarios comparecen por sí mismos en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados inamovibles. La posibilidad de elegir libremente si se cuenta con procurador corresponde a la regla indicada para órganos unipersonales.

Explicación

Son impugnables las disposiciones generales, los actos que ponen fin a la vía administrativa y los actos de trámite que deciden el fondo, impiden continuar o causan indefensión o perjuicio irreparable; también lo son la inactividad y la vía de hecho. En cambio, un acto de trámite que permite seguir el procedimiento y no produce esos efectos no encaja en esas categorías.

Explicación

Al recurrir un acto de aplicación puede alegarse que la disposición general aplicada no es conforme a Derecho, incluso si no se impugnó directamente. La exigencia de recurrir primero el reglamento de forma directa no se aplica a esta impugnación indirecta.

Explicación

Cuando se trata de una prestación concreta debida a personas determinadas, estas pueden reclamar su cumplimiento y recurrir la inactividad si en tres meses no se cumple ni se alcanza un acuerdo. La solicitud de ejecución y el plazo de un mes corresponden al supuesto distinto de que no se ejecute un acto firme.

Explicación

Frente a una vía de hecho, el demandante puede pedir que se declare ilegal y que cese. El reconocimiento de una situación individualizada y las medidas para restablecerla corresponden a otras pretensiones, no sustituyen esa respuesta propia frente a la vía de hecho.

Explicación

La acumulación puede comprender varios actos o actuaciones si existe reproducción, confirmación, ejecución o conexión directa entre ellos. La mera proximidad temporal o pertenencia al mismo sector no establece por sí sola esa relación.

Explicación

La cuantía viene determinada por el valor económico de la pretensión, y en caso de acumulación o ampliación se suman los valores correspondientes. Elegir únicamente la pretensión de mayor valor no refleja la regla de suma aplicable a la acumulación.

Explicación

El escrito inicial identifica la disposición, el acto, la inactividad o la vía de hecho impugnados y solicita que se tenga por interpuesto el recurso; además, se acompaña la documentación acreditativa requerida. La exposición de fundamentos y pruebas no sustituye la identificación del objeto ni los documentos exigidos en esta fase.

Explicación

El plazo general para impugnar un acto expreso es de dos meses desde el día siguiente a su notificación o publicación. Los seis meses corresponden a la impugnación de un acto presunto, no a la de uno expreso.

Explicación

Tras la admisión, el expediente debe remitirse en veinte días y cumplir los requisitos de integridad, formato electrónico, foliado y autenticación. Los nueve días se relacionan con el emplazamiento de los interesados identificables, no con la remisión del expediente.

Explicación

Una vez recibidos el expediente y los emplazamientos, el recurrente dispone de veinte días para presentar la demanda. Los nueve días son el plazo para que los interesados identificables se personen como demandados.

Explicación

El recurrente dispone de veinte días desde que recibe el expediente, y las partes demandadas comparecidas tienen otros veinte días para contestar una vez presentada la demanda. La opción que fija diez días para contestar confunde este plazo con otros plazos del procedimiento.

Explicación

Ambos escritos deben distinguir hechos, fundamentos de Derecho y pretensiones, y pueden incluir motivos que no se formularon durante la vía administrativa. La limitación a los motivos previamente planteados confunde la fase judicial con la administrativa.

Explicación

Cuando el recurso versa sobre una sanción, la existencia de discrepancia fáctica exige recibir el proceso a prueba, cuyo plazo ordinario de práctica es de treinta días. La opción que condiciona la prueba a una discrepancia jurídica invierte el criterio, que se refiere a hechos.

Explicación

La sentencia debe dictarse dentro de los diez días siguientes a que el pleito quede concluso y ha de resolver todas las cuestiones controvertidas. La opción que limita su contenido a la cuestión principal omite que también debe abordar las restantes cuestiones discutidas.

Explicación

La sentencia puede inadmitir el recurso, estimarlo o desestimarlo, y debe incluir un pronunciamiento sobre las costas. Confundir la inadmisión con la desestimación pasa por alto que la primera resuelve un obstáculo procesal, mientras que la segunda declara ajustada a Derecho la actuación impugnada.

Explicación

La presentación extemporánea y la impugnación de un objeto no recurrible son causas de inadmisión, al igual que determinados defectos procesales y la falta de jurisdicción. Que la actuación sea conforme a Derecho conduce a la desestimación tras examinar el fondo, no a la inadmisión.

Explicación

La anulación de una disposición o acto puede producir efectos para todas las personas afectadas, mientras que la inadmisión y la desestimación tienen efectos entre las partes. La opción que atribuye efectos generales a la desestimación confunde el alcance de esta con el de la anulación.

Explicación

El desistimiento de un recurrente no impide que el procedimiento continúe respecto de quienes mantienen el recurso, y no determina por sí mismo una condena en costas. La opción que la considera necesaria confunde una consecuencia posible con una obligatoria.

Explicación

El allanamiento conduce a una sentencia conforme a las pretensiones del demandante, salvo que ello infrinja manifiestamente el ordenamiento; en ese caso, el tribunal oye a las partes durante diez días comunes antes de resolver. La solución inmediata conforme a las pretensiones ignora esa excepción legal.

Explicación

El procedimiento abreviado comprende, entre otros asuntos, los relativos al personal al servicio de las Administraciones Públicas. La cuantía inferior a 30.000 euros puede ser relevante, pero no convierte por sí misma un litigio civil en un asunto contencioso-administrativo de este procedimiento.

Explicación

La Administración debe remitir el expediente electrónico con una antelación mínima de quince días respecto de la vista. No basta con presentarlo durante el acto, pues debe estar disponible previamente.

Explicación

Cuando subsiste una controversia fáctica, las partes proponen y practican las pruebas admitidas durante la vista. La persistencia del desacuerdo no supone por sí sola que el juez deba resolver sin prueba.

Explicación

La sentencia se dicta dentro de los diez días desde la vista, aunque puede pronunciarse oralmente al finalizarla si se cumplen los requisitos legales. El plazo de cinco días se refiere a otras actuaciones procesales, no a este plazo para sentenciar.

Explicación

La reposición no suspende por sí misma la ejecución, aunque el órgano jurisdiccional puede acordar lo contrario. La suspensión automática corresponde a una confusión con la regla general aplicable a la apelación contra sentencias.

Explicación

El recurso se interpone dentro de los cinco días siguientes a la notificación; las demás partes cuentan con un plazo común de cinco días para impugnarlo y el órgano resuelve por auto dentro del tercer día. El plazo de quince días corresponde a la interposición de la apelación contra sentencias.

Explicación

Las sentencias que inadmiten el recurso en el supuesto de cuantía son siempre apelables. En cambio, la regla general excluye la apelación de sentencias sobre asuntos de cuantía no superior a 30.000 euros, salvo las excepciones previstas.

Explicación

La apelación se interpone ante el juzgado que dictó la sentencia en los quince días siguientes a su notificación. La comparecencia ante la Sala competente tiene un plazo distinto y se produce después de admitirse la apelación.

Explicación

La casación ante el Tribunal Supremo se limita a cuestiones de derecho y excluye las cuestiones de hecho. Por ello, no permite reabrir la valoración fáctica como si ambas clases de cuestiones tuvieran el mismo alcance.

Explicación

La admisión puede producirse si se denuncia una infracción concreta del ordenamiento o de la jurisprudencia y el Tribunal Supremo aprecia interés casacional objetivo para formar jurisprudencia. El mero desacuerdo con los hechos no satisface ese fundamento de admisión.

Explicación

La casación se prepara ante la Sala de instancia dentro de los treinta días siguientes a la notificación. No se prepara inicialmente ante el Tribunal Supremo ni el plazo comienza necesariamente con la firmeza.

Explicación

La aparición de documentos decisivos que antes no pudieron obtenerse es una de las causas que permiten revisar una sentencia firme. La mera discrepancia con la valoración de la prueba disponible no constituye por sí misma una de esas causas.